La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento público en defensa de la “independencia judicial” y advirtió sobre el impacto de las críticas y ataques contra magistrados y el sistema de justicia en el país.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento público en defensa de la “independencia judicial” y advirtió sobre el impacto de las críticas y ataques contra magistrados y el sistema de justicia en el país.
En el documento, el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial sostuvo que la independencia de jueces y juezas es un elemento esencial para el funcionamiento democrático y exhortó a todas las instituciones del Estado a respetarla y protegerla.
El pronunciamiento se produce luego de que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa, conocida como Comisión de Venecia, emitiera en marzo un informe sobre la situación del sistema judicial peruano y las recientes reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el Poder Judicial.
“Frente a la grave situación revelada por la Comisión de Venecia, la Sala Plena de la Corte Suprema estima necesario reafirmar su compromiso indoblegable de defender la independencia judicial, y exhorta con firmeza a todas las instituciones del Estado a respetarla y protegerla”, resalta la Corte Suprema.
Pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema.
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“La democracia no solo consiste en elegir cada cinco años a autoridades gubernamentales y legislativas. Su finalidad principal es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible”, agrega.
La Comisión de Venecia advirtió sobre la proliferación de “críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora” contra el Poder Judicial y magistrados específicos, calificándola como una “señal de alarma preocupante”.
Además, señaló que estos ataques, especialmente cuando provienen de actores políticos o son amplificados mediante desinformación, pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
La Sala Plena también destacó que el organismo internacional remarcó que cualquier eventual responsabilidad disciplinaria o penal de jueces debe estar claramente establecida en la ley y no puede derivarse de decisiones jurisdiccionales, salvo casos de dolo o negligencia grave conforme a estándares internacionales.
