Tras el atentado contra un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres, uno de los choferes reveló que la ruta viene siendo extorsionada desde hace seis meses. El trabajador, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, señaló que los delincuentes exigen el pago de 300 mil soles para permitir que las unidades circulen sin ser atacadas.
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El conductor contó al programa Buenos Días Perú que aún no hay información clara sobre el estado de salud de su compañero herido. “No sabemos si está en su casa o en el hospital. Nadie nos avisa nada”, manifestó.
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A pesar de las amenazas y episodios de violencia, numerosos choferes continúan trabajando porque no tienen otra fuente de ingresos. “Yo debo mis carros, debo el SOAT, debo mantenimiento. Mi familia me dice que ya no vaya, pero si no trabajo, ¿cómo pago todo eso?”, lamentó.
El trabajador denunció además que los mensajes extorsivos provienen de delincuentes extranjeros. “No solo nos pasa a nosotros: también extorsionan a mototaxistas, bodegas y tiendas”, advirtió.
Ante la gravedad del caso, la empresa San Germán decidió suspender temporalmente sus operaciones mientras coordina medidas de seguridad con sus dirigentes. Los choferes permanecen resguardados hasta que exista una garantía real para retomar la ruta.
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Gremio anuncia posible paro
El gremio Transportes Unidos advirtió que podría convocar un paro general de 48 horas si ocurre un nuevo ataque contra unidades del transporte urbano. En un pronunciamiento, la organización remarcó que los datos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional muestran que la criminalidad no ha disminuido, y que los atentados contra buses son cada vez “más violentos y frecuentes”.
Pidieron medidas urgentes, entre ellas:
- Captura inmediata de los responsables del ataque a San Germán.
- Ampliación del estado de emergencia con acciones más estrictas contra mafias extorsivas.
- Operativos focalizados contra grupos criminales extranjeros que operan en Lima.
- Control territorial efectivo, presencia sostenida de FF. AA. y PNP, bases móviles en zonas críticas y operaciones de inteligencia con soporte tecnológico.
También solicitaron la instalación de una mesa técnica en la PCM y otra en el Ministerio del Interior para monitorear los casos de extorsión y asegurar la rendición de cuentas.
