Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima serían citados al Congreso por el aumento del precio de los peajes

El martes pasado la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, envió un oficio al presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Salhuana, en el solicitó convocar a representantes de Rutas de Lima y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para que expliquen en el mencionado grupo de trabajo los motivos del incremento del precio de los peajes.

En diálogo con El Comercio, Salhuana indicó que actualmente se encuentra en Madre de Dios y que se tomará la decisión de citar o no a los involucrados “en estos días”. “Yo recién me he enterado hoy del oficio, me encuentro en mi región”, explicó.

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Por otro lado, explicó que Rutas de Lima actualmente tiene un acuerdo firmado con el Estado y que por ese motivo se deben respetar las cláusulas contractuales.

“Vamos a revisar el tema [de la citación], teniendo en cuenta que el tema de peajes responde a un contrato de concesión que ha sido suscrito hace tiempo, conocemos bajo qué circunstancia y [con] temas de corrupción. Sabemos que es un contrato vigente y mientras eso se mantenga, se tienen que mantener sus cláusulas”, aseguró.

“Si es que la próxima semana están la mayoría [de los miembros de la comisión] en Lima, inmediatamente vamos a convocar a la sesión para ver el caso de los peajes, porque es un tema de interés público”, agregó.

Como se recuerda, el lunes pasado Rutas de Lima envió una carta a la MML indicando que, según el contrato de concesión que firmó con el Estado, realizará el incremento del costo de sus peajes, que desde febrero del 2022 valían S/6,50. Para determinar dicho precio se usó como referencia la inflación acumulada del 2021.

En el documento, la empresa indicó que no se ejecutaron reajustes al precio en el 2023 a pesar de lo indicado en el contrato. Y así también, se consignó que para el alza de este año se toma en cuenta la inflación acumulada del 2022 (8,48%) y el 2023 (3,24%).

Se verán afectados con el incremento el peaje Chillón, en la Panamericana Norte, y el Centro de Recaudación Pucusana, en la Panamericana Sur.

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El contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima tiene a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. Según el documento, la concesionaria Rutas de Lima, hoy conformada por Brookfield Asset Management, OEC (exOdebrecht) y Sigma SAFI, está obligada a comunicar anualmente el reajuste tarifario a la MML a más tardar el 15 de enero de cada año.

“El concesionario se encuentra obligado a comunicar al concedente y al supervisor el peaje resultante de la aplicación de la fórmula de reajuste tarifario a más tardar el 15 de enero de cada año para que ésta sea informada a los usuario con, cuando menos, diez días calendario de anticipación a su aplicación”, indica el documento.

A través de un comunicado, la MML indicó que tras la actualización de taridas, Rutas de Lima “facturará cerca de US$140 millones por año”. Además, instaron al Tribunal Constitucional (TC) a “defender los derechos fundamentales de la población”.

El Comercio se comunicó con la MML y con Rutas de Lima para que den su versión sobre las citaciones, pero ambas indicaron que no se iban a pronunciar.

Carta al Tribunal Constitucional

Por otro lado, El Comercio pudo conocer que la parlamentaria de Podemos Perú, Digna Calle, envió un oficio al Tribunal Constitucional (TC) solicitando que se acelere el proceso de una demanda de amparo contra la concesión.

“El proceso seguido contra la empresa Rutas de Lima es de interés público y siendo que desde el 4 de diciembre del presente el proceso que resolverá retirar o no los peajes de Rutas de Lima, ubicados en la zona norte de Lima, se encuentra al voto, mediante el presente le solicito a su representada celeridad para resolver la materia en cuestión”, señaló la congresista.

Arbitraje

Como se recuerda, en enero del 2023 el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la resolución del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima. “El riesgo de la contraparte es lo primero. Antes de ver el flujo de caja, las garantías, lo primero es ver que la contraparte no sea un delincuente”, sustentó Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, en enero del año pasado.

Semanas después la concesionaria adujo que la decisión de la MML no se sustentaba en los términos acordados en el contrato para las resoluciones unilaterales del mismo, por lo que elevó la controversia a un arbitraje internacional.

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En junio el tribunal arbitral d hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ordenó a la MML suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima, hasta que se resuelva la controversia entre ambas partes.

Hasta el momento el CNUDMI todavía no emitió su laudo final con la decisión sobre si la decisión de la MML fue constitucional o no.