La situación financiera de la concesión de peajes en la capital abre un nuevo frente para la Municipalidad Metropolitana de Lima. La empresa Rutas de Lima, encargada de la operación de importantes vías concesionadas, fue declarada en ‘default’ tras incumplir obligaciones por alrededor de US$500 millones, según informó S&P Global Ratings.
La situación financiera de la concesión de peajes en la capital abre un nuevo frente para la Municipalidad Metropolitana de Lima. La empresa Rutas de Lima, encargada de la operación de importantes vías concesionadas, fue declarada en ‘default’ tras incumplir obligaciones por alrededor de US$500 millones, según informó S&P Global Ratings.
La calificadora rebajó la deuda de la concesionaria a “D”, categoría que refleja incumplimiento, luego de que la compañía solo lograra cubrir cerca del 6% de sus compromisos pendientes, equivalentes a unos S/1.800 millones.
El deterioro financiero ocurre en un escenario marcado por decisiones adoptadas durante la gestión municipal de Rafael López Aliaga.
El caso pone en tensión el esquema de asociaciones público-privadas en infraestructura urbana, particularmente en Lima, donde la estabilidad de los contratos y la previsibilidad de ingresos son claves para sostener financiamiento de largo plazo.
La Asociación Casa Huerta El Paraíso (Puente Piedra) interpuso la medida cautelar en contra de Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima y Brookfield Asset Management. Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN
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La deuda de Rutas de Lima fue emitida hace una década y, en su momento, se convirtió en una de las mayores colocaciones corporativas en moneda local. Hoy, sin flujo de caja operativo, el escenario de reestructuración se complica.
“No anticipamos una reestructuración de la deuda, dada la ausencia total de generación de flujo de caja en el proyecto”, indicó S&P.
El impacto alcanza también al sistema financiero local, ya que fondos de pensiones concentran una parte relevante de estos instrumentos, lo que añade presión sobre el manejo institucional del caso.
Desde la perspectiva de la empresa y su matriz, Brookfield Asset Management, la situación ha derivado en un arbitraje internacional contra el Estado peruano por aproximadamente US$2.700 millones, bajo el argumento de una presunta expropiación de la concesión.
Para la ciudad, el reto trasciende el conflicto puntual. La Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenta ahora el desafío de gestionar las consecuencias de una concesión en crisis, en un contexto donde la continuidad de los servicios, la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas se vuelven factores críticos.
