El congresista Roberto Chiabra, quien votó en contra de la ampliación del Reinfo, afirmó que la decisión del Parlamento “es consecuencia” de que el gobierno de Dina Boluarte presentó “tarde” su proyecto para la nueva Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE). Agregó que esta propuesta estaba mal hecha.
En entrevista con El Comercio, Chiabra, además, dijo que el Estado de emergencia solo cumplió un objetivo secundario, porque no se ha visto la captura de cabecillas de organizaciones criminales.
— El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, calificó de “pragmática y realista” la decisión de ampliar el Reinfo. ¿Cómo interpreta usted esta medida?
En primer lugar, quiero decir que la vez anterior y esta he votado en contra, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, no es una solución tan fácil, la solución no pasa por ampliar o cerrar el Reinfo. Lo que debemos de ver, y esto hasta ahora no lo ha señalado ni el Ejecutivo, ni la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es que se necesita una estrategia para cada región. ¿La razón? Cada realidad es diferente. No es lo mismo enfrentar la minería informal en Pataz (La Libertad) que en Madre de Dios.
Lo que se ha aprobado en el Congreso es lo que presentó el exministro Mucho en su Ley MAPE, que establecía que se ampliaba el Reinfo hasta julio bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales y que, a partir de julio, lo asumía el Ministerio de Energía y Minas. Lo que se ha hecho es que desde este momento hasta junio lo asume el MINEM y en caso se requiera una ampliación, lo asume el Ejecutivo con un decreto supremo. Tanto el Ejecutivo como la Comisión de Energía y Minas deben sentarse a tiempo completo a establecer la solución.
— ¿Por qué usted marcó en contra? ¿Había otras alternativas?
Yo mantengo mi línea de que la ampliación del Reinfo no es la solución, pero tampoco cerrarlo lo era, [lo aprobado ha sido] para darle solución al conflicto social que había, pero no es la solución. Ni el Ejecutivo ni la Comisión de Energía y Minas han hecho su trabajo. Entonces, prefiero demostrar que estoy en contra a la forma cómo se está viendo el tema. Insisto en que no está viendo una estrategia para cada región y por eso he votado en contra.
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— La legislatura aún termina en dos semanas y podía ser ampliada. ¿Por qué el Congreso no intentó si quiera buscar una alternativa que le ponga punto final al Reinfo?
Es muy difícil, es un problema muy complejo que en dos semanas no se va a hacer, como te digo se trata de realidades diferentes, no se puede dar una sola solución a todo el problema de la minería informal. Se necesita instalar mesas de trabajo por cada región y en función a la realidad de cada región presentar una ley, eso no se hace en 15 días. Incluso, aquí se ha visto más el aspecto político que el técnico, porque había congresistas que propusieron una ampliación de hasta tres años.
— Desde la SNMPE [Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía] y ComexPerú criticaron que el Parlamento aprobara una prórroga más y no debatiera el problema de fondo. ¿La mayoría del Congreso está jugando a favor de la minería ilegal?
No, lo que se cuestiona es que el Ejecutivo haya presentado esta Ley MAPE faltando poco para que terminara la legislatura. ¿Por qué se ha demorado tanto? Si esto lo hubiera presentado en julio, lo que usted señala de debatir la ley y aprobar hubiera tenido otro resultado. Pero sí presentan una Ley MAPE faltando dos semanas para terminar la legislatura, ¿cómo el Congreso soluciona un problema tan complejo?
— ¿Y un sector del Congreso está favoreciendo a la minería ilegal?
No, yo creo que no, la mayoría del Congreso lo que ha decidido es cómo darle una solución sin generar un problema social.
— ¿Eso no quiere decir que el Parlamento ha cedido a las presiones de los mineros informales e ilegales?
La decisión que ha tomado el Congreso es consecuencia de que el Ejecutivo haya presentado una Ley MAPE tarde y mal.
— ¿No existe ninguna responsabilidad del Congreso?
La responsabilidad del Congreso es que la Comisión de Energía y Minas no asumió formular una Ley MAPE que dé solución integral a este tema. Esa es la gran responsabilidad del Congreso, la falta de iniciativa, la falta de priorizar algo que era tan urgente, por qué recién reaccionó la comisión, porque solo querían ampliar el Reinfo.
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— En noviembre de 2025, cuando se cumplan el nuevo plazo dado por el Congreso, el país estará en una etapa electoral. ¿Este Parlamento está en la capacidad de garantizar que no habrá una nueva extensión del Reinfo?
Fíjese, eso lo vamos a ver si desde ahora el nuevo ministro de Energía y Minas y la comisión del Congreso empiezan a trabajar a tiempo completo para darle una solución, cuya fórmula debe estar antes de junio, cuando venza el primer plazo. Ahí vamos a ver nosotros si el Ejecutivo y el Congreso tienen la dedicación para darle solución a este problema tan complejo.
— ¿Qué tipo de autocrítica debe realizar el Parlamento respecto al Reinfo?
Que la Comisión de Energía y Minas no ha asumido su responsabilidad, no la ha visto como algo prioritario, para eso son las comisiones en el Congreso, para determinar prioridades y esto [buscar alternativas al Reinfo] era una urgencia.
— ¿Está de acuerdo con la designación de Jorge Montero como nuevo ministro de Energía y Minas? ¿Cuáles deben ser sus prioridades?
La primera es asegurar que se realice el proyecto minero Tía María, de Arequipa. Y luego dedicarse a tiempo completo haciendo mesas por regiones con los congresistas de la Comisión de Energía y Minas para solucionar el problema del Reinfo, que la Ley MAPE sea viable y para ello debe tener una estrategia por regiones, no algo general como si fuera un problema común. Es un problema que tiene diferentes realidades. A eso debe dedicarse el ministro y en julio, el nuevo texto debe estar listo para ser debatido en el pleno.
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— La semana pasada concluyó el Estado de emergencia en parte de Lima y el Callao, que fue ampliado 45 días más. ¿Cuál es el balance que hace?
Fíjese, hay que tener en cuenta el trabajo y la dedicación de la Policía Nacional, pero cuáles eran los objetivos. Había dos: degradar y desarticular las organizaciones delincuenciales o solamente bajar la cantidad de delitos. Solo se ha bajado la cantidad de delitos, solo hemos tenido un objetivo cuantitativo temporal. La figura debió haber sido cómo actuar con la inteligencia policial para desbaratar estas organizaciones, no he visto la captura de ningún cabecilla.
— ¿El Estado de emergencia ha fracasado?
Para mí, lo que se ha cumplido es un objetivo secundario, no el objetivo principal.
— ¿El ministro del Interior debe dar un paso al costado?
La presidenta Boluarte debe señalar si el ministro ha tenido los resultados que él mismo proyectó tener cuando declaró el Estado de emergencia. La presidenta no puede eludir su responsabilidad. Ella lo nombró y es ella la que debe decir si está de acuerdo con la continuidad del titular del Mininter. Dejemos que ella asuma su responsabilidad, que hasta ahora no asume ninguna. Que el señor Santiváñez haga una conferencia e indique los resultados que ha tenido y en función de eso, el Congreso también debe tomar una decisión.
— ¿Es momento de que la presidenta Boluarte realice cambios en el Gabinete Ministerial? ¿En qué carteras, por ejemplo?
Sí, es el momento, es tradicional en nuestro país que, en diciembre, los presidentes hacen cambios en el Gabinete para oxigenar su gestión. El próximo año va a ser muy difícil. ¿En qué ministerios debe haber cambios? En el MIDIS, el señor (Julio) Demartini no debe continuar, el hecho de cambiar el nombre de un programa de alimentación no lo salva de la responsabilidad política [por las irregularidades en Qali Warma].
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— El dictamen sobre la restitución del financiamiento privado por parte de personas jurídicas a los partidos políticos ha retornado a la Comisión de Constitución. La iniciativa incluye la figura de aportes confidenciales. ¿Está de acuerdo?
Pero todo tiene que ser transparente, tiene que estar bancarizado. Y estoy en desacuerdo en que se emplee el financiamiento público para la defensa legal de los dirigentes de los partidos, esa no es la finalidad. El aporte público es para la capacitación de los [integrantes más jóvenes de los] partidos políticos, no para una defensa personal de la gente que delinque.
— Usted aún figura como parte de la bancada de APP. ¿Este grupo es el más cercano a Boluarte? ¿Qué costos le puede traer esto en las elecciones de 2026?
Yo formo parte de la bancada de APP, pero tengo la posibilidad de mantener independencia, hace tiempo que no participo en las reuniones de bancada ni del partido. Sobre la pregunta, eso lo tienen que evaluar los dirigentes de APP, se los dejo a ellos.
— Usted ha formado el partido Paz y Unidad. A la fecha con 39 partidos con inscripción. ¿Está pensando en formar alianzas de cara al 2026?
Nosotros estamos buscando alianzas, esperamos que el proyecto de ley que establece que las alianzas electorales solo serán penalizadas con 1% sea una realidad. Eso va a favorecer a todo el país, porque solo se penalizaría con un punto porcentual a las coaliciones, nos podremos juntar con uno, dos o tres, eso va a lograr que se reúnan varios partidos. Nosotros estamos en conversaciones preliminares, y el objetivo es juntarnos con los que tengan las mismas intenciones que nosotros.
