Lo que hemos dicho, antes de cualquier coyuntura, es que los hitos y el calendario electoral se respetan y vamos a tratar de garantizar en todo momento que esto sea así. Un hito muy importante es el 12 de abril, que es la fecha de la primera vuelta de las elecciones. No hay ninguna circunstancia, hasta el momento, que pueda justificar un cambio de fecha.
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—Sin embargo, desde la Presidencia de la República se afirma que hay un plan para desestabilizar y afectar las elecciones. ¿Esto es posible?
No es posible porque el marco normativo es el que garantiza la independencia del sistema electoral. El Poder Ejecutivo y Legislativo tienen que garantizar los recursos y el apoyo logístico a un entorno electoral que de por sí es muy retador. Estamos hablando del apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los recursos presupuestales para todo el sistema. Y para el Jurado, el apoyo en torno a la seguridad que son competencias del Ejecutivo. En cuanto al Legislativo, tener las garantías para evitar iniciativas que puedan poner en riesgo esto, pero fuera de ello, el marco normativo es claro. El 12 de abril es inamovible. Más allá de las circunstancias que indicas…
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—¿Coyunturales?
En otros países también han sucedido situaciones preocupantes y nunca, bajo ninguna circunstancia, se ha pensado en mover la fecha de las elecciones. No vemos justificación alguna ni evento alguno que justifique el cambio de fechas.
—¿Puede asegurar, pese a que haya una crisis institucional o vacío de poder, que eso no alteraría en nada ni el cronograma electoral, ni la realización de las elecciones?
El liderazgo en el sistema electoral está garantizado y la fecha de elecciones también. Venimos trabajando arduamente e invocamos a la población para que acuda a nuestras plataformas, se informen, para que el día de las elecciones vayan con un voto informado. Creemos que este proceso de transición de poder va a lograr la estabilidad que en los próximos años se merece el país.
—Si todo está garantizado, ¿no hace ruido que la máxima autoridad del Ejecutivo hable de planes desestabilizadores que afectarían las elecciones?
La independencia del sistema electoral y del JNE a través de sus funcionarios, está garantizada. Seguimos trabajando para lograr el gran objetivo que es llegar al 12 de abril de la mejor forma, con un proceso electoral totalmente transparente y para que las personas confíen en su sistema electoral y en los resultados.
—¿Cuál es el presupuesto para las elecciones? ¿Ya lo desembolsó el Ejecutivo al 100%?
Nos han aprobado el 47% de lo que el sistema electoral ha requerido. El presupuesto inicial aprobado para el JNE es de alrededor de 390 millones de soles. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía para la demanda adicional y así afrontar la primera etapa de elecciones que es este 12 de abril. Pero también hay elecciones regionales y municipales el 4 de octubre de este año, en las que participarán 150 organizaciones políticas y tendremos más de medio millón de candidatos. Se ha cumplido la primera etapa de este proceso con la presentación de 23 alianzas.
—¿Cómo mantenerse firme luego de críticas a las decisiones inapelables del JNE como que se admitiera la candidatura de Mario Vizcarra? El ciudadano que presentó la tacha, José Miguel Caya, ha dicho que el jurado le abre las puertas a la corrupción.
El JNE viene trabajando con objetividad e independencia. En este caso ponderamos una serie de cuestiones como la norma que establecía una inhabilitación permanente, los fallos del Tribunal Constitucional (TC) en siete u ocho acciones de amparo donde invocaban a no afectar en forma permanente el derecho de participación política para ser elegido. También había un fallo del TC en torno a otros delitos, peculado, de corrupción…
—De terrorismo, por ejemplo, donde un condenado sí puede participar en elecciones.
Podría explicar el detalle de fondo constitucional, de si comparto o no las decisiones del TC, pero el Jurado tenía que tomar decisiones en materia electoral. Nuestra decisión ha sido buscar un punto medio entre lo que es una inhabilitación permanente y las exhortaciones del TC. ¿Qué hemos hecho? Una persona que, por ejemplo, es condenada a un delito de peculado, con dos años de pena suspendida, más una inhabilitación, le hemos agregado el máximo que nos permite la ley de inhabilitación, y en materia de idoneidad, dos años más…
—Idoneidad, esa es la clave.
A esto le sumamos 10 años adicionales que no puede participar una persona en ningún proceso. Pero aparte de ello ya hemos establecido dentro de nuestra jurisprudencia de que tiene que pagar la reparación civil y presentarnos la resolución del Poder Judicial que establezca la rehabilitación. No es una puerta abierta totalmente a nadie. Hemos querido tener un fallo que sea ponderado y que luego a través de acciones de amparo no se nos corrija o no se enmiende nuestras decisiones.
—¿Ese fue el criterio para admitir la candidatura de Mario Vizcarra?, porque el JEE decía que no debía admitirse aun estando rehabilitado…
En el caso específico de Mario Vizcarra, fue condenado en el 2001 a dos años de pena privativa y libertad suspendida. Tuvo una inhabitación de tres años. Prescribió la reparación civil y ya tenía la resolución de rehabilitación declarada por el Poder Judicial. No le estamos abriendo la puerta a nadie, porque quienes no hayan cumplido su pena, ni obtenido la rehabilitación penal, ni hayan superado la inhabilitación política de 10 años ni hayan pagado la reparación civil no van a poder participar en estas elecciones.
—Entonces, cumpliendo esos criterios se decidió admitir a Vizcarra…
Correcto. Pero vamos a presentar una propuesta de ley que regule expresamente el problema de los delitos, porque los casos de corrupción y peculado no son los únicos. Hay otros vacíos, por lo que queremos que este tema se aclare. En nuestro fallo exhortamos al Poder Legislativo a que de una vez por todas regule y esclarezca esta situación.
—Los fiscalizadores del JNE tienen que revisar 8.558 declaraciones juradas de hojas de vida. Pero ya hay candidatos que presentan condena por violación a menores de edad. ¿Qué va a pasar cuando los fiscalizadores concluyan?
Se generaría un inconveniente si esos candidatos no declararon sus sentencias. El asunto es que de acuerdo al marco normativo que tenemos, si declaran las sentencias por los delitos que fueron condenados, siguen en carrera. Por eso es necesario que se pongan reglas más claras y que se evite este debate que, por ejemplo, un violador pueda ser candidato. Y exhortar al TC a que esas reformas, que buscan garantizar la idoneidad de los candidatos, no se vengan abajo porque luego vienen los problemas. Es necesario que nuestros legisladores legislen bien para evitar que luego el TC corrija.
—Hay 250 candidatos al Congreso con sentencias condenatorias previas como violencia familiar, hurto agravado, corrupción, peculado, etc.
Estamos hablando de un grupo importante y lo más probable es que eso también se dé en las elecciones subnacionales. Tenemos que poner vallas más altas en el tema de idoneidad y eso es un trabajo legislativo y nosotros como ente rector del sistema, podemos presentar las iniciativas legales y lo haremos para garantizar la idoneidad en la participación política.
—Cuando asumió el cargo dijo que se va a respetar la voluntad popular. En las elecciones del 2021 hubo algunas controversias. ¿La población puede estar tranquila?
En nuestra gestión hemos encontrado muchas oportunidades de mejorar el proceso, de implementar nuevas herramientas, nuevas tecnologías para estar a la vanguardia del desarrollo y la mejora del servicio. Cuando hablo que se va a respetar el voto popular, me refiero a que eso está totalmente garantizado con el trabajo del JNE con los demás entes electorales. A pesar de que tenemos el doble de organizaciones políticas, ya estamos al 97% de la calificación de las listas de candidatos, lo que normalmente a estas alturas en los anteriores procesos no teníamos ni el 50%. Nuestro hito es el 11 de febrero. Estamos casi a fin de mes y ya hemos cumplido el 97%.
—¿Cómo será la tarea educativa del JNE, teniendo en cuenta que son cinco elecciones y ya vimos la cédula?
Es un trabajo conjunto con la ONPE en cuanto a la cédula y educar toda la oferta electoral. Estamos afinando nuestra estrategia para llegar a los 27 millones de electores. Queremos llegar a cada uno de los peruanos, sea en forma directa o a través de campañas que generen impacto a toda esa población. Lo importante es que todo el mundo se involucre en este asunto, porque es una gran tarea del sistema electoral, de ir casa por casa enseñando el voto informado.
—¿Cómo va a ser el reto de organizar un debate electoral con 36 candidatos?
Va a ser enorme porque es la primera experiencia mundial con esta cantidad de candidatos. Hace poco en Costa Rica hubo 20 candidatos con una metodología muy interesante. Nosotros queremos primero compartir la metodología que queremos implementar con las organizaciones políticas, para que puedan aceptarla.
—¿Qué tienen en mente?
No podemos adelantar, pero queremos una metodología que busque el equilibrio entre el debate mismo y dar a conocer las ideas de cada uno de los candidatos, que sea un debate equilibrado donde todos tengan la oportunidad de intervenir. Un debate donde no prime el conflicto, sino el intercambio de ideas, de personalidades y que le permita al ciudadano darse una idea de los candidatos que están en competencia.
—¿Los partidos que no pasen la valla electoral el 12 de abril tienen una segunda oportunidad en las elecciones municipales y regionales?
Hay una norma que dice que cuando coinciden los dos procesos electorales en un mismo año, la valla electoral se mide a partir del 1 de enero del año siguiente. Sería complicado que no pasando la valla en las elecciones generales y habiendo convocado el proceso electoral municipal y regional, busquemos la exclusión de todas las organizaciones políticas. La norma es clara en que cuando confluyen los dos procesos electorales, recién vamos a ver quiénes no pasaron a partir del 1 de enero del 2027.
«No siempre le vamos a dar la razón a la Onpe»
— Cuando el JNE decidió que no haya voto digital, se habló de una discrepancia con la ONPE. ¿Es así o es una percepción?
Es una percepción. Entendamos que el JNE es el ente rector del sistema y el que dirime en última instancia todos los asuntos electorales, inclusive los que son de competencia de la ONPE. Obviamente, no siempre le vamos a dar la razón a ellos porque nuestros criterios van más allá de lo administrativo, son jurisdiccionales, inclusive de conciencia. En el caso específico del voto digital, felicitamos a la ONPE el gran esfuerzo que hizo para presentarnos el voto digital de muy buena calidad, pero que necesitaba una madurez mayor. Y eso es lo que determinó nuestro equipo de fiscalización digital. En otros países, este ejercicio ha durado mínimamente cinco años. Nosotros hicimos en dos meses, una fiscalización que debe tomar seis meses, porque teníamos que dar una respuesta antes del cierre del año pasado, entonces decidimos que para estas elecciones generales aún no teníamos la madurez en el desarrollo informático, en los candados de ciberseguridad y seguridad digital. El riesgo era muy grande para ejecutarlo. Ya estamos trabajando con ONPE a ver si es que en las elecciones subnacionales lo podríamos aplicar quizás para un distrito.
— ¿El primer ensayo era de 2 millones, no?
Normalmente los pilotos se dan con 3 mil votos, 5 mil votos, no son tan ambiciosos. Así que no se pudo en este caso y tampoco es que haya una limitación de las personas que no pudieron ejercer el voto. Hay una falacia en torno a que los extranjeros o que los militares no van a poder votar. No, no va a ser así, van a tener la alternativa de voto convencional todas las personas. Por ejemplo, del millón 200 mil electores en el extranjero, solo el 5% tiene DNI electrónico, y solo se habían inscrito 300 personas.
— ¿Qué pasaría si una discrepancia entre el JNE y la ONPE como la que ocurrió en las elecciones internas de Acción Popular ocurre en las elecciones generales?
Cada uno tiene su rol. El del JNE es actuar independientemente de quién está al frente, inclusive la ONPE. El trabajo de ellos es muy profesional pero si el fiscalizador advierte una incidencia, el jurado va a tomar decisiones, y esa es la garantía de este proceso: los roles que tiene cada institución. Y al JNE le toca el rol un poco más fuerte y a veces muchas personas no comparten. Somos los garantes de la legalidad del proceso, los jueces que tomamos decisiones en primera y última instancia. Vamos a mantener la objetividad, la transparencia, independencia y el profesionalismo en todos nuestros niveles. En cuanto a nuestras decisiones en el pleno, hemos declarado nulas algunas resoluciones del JEE, y no quiere decir que estemos en contra de nuestros jueces de primera instancia, todo lo contrario.
