La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de 3 años con trastorno del espectro autista (TEA), según reveló “Cuarto Poder” este domingo.
La fiscalía solicita, de acuerdo con el dominical, que se le inhabilite por dos años para ejercer cargo público, por hechos que se remontan a abril del 2025, cuando Chipana se desempeñaba como profesora de educación inicial en el colegio San Antonio de Padua, en Moquegua.
De acuerdo con la acusación fiscal descrita en el reportaje, la entonces docente se habría resistido a tener al menor en su aula debido a su condición. El juicio oral se encuentra en la etapa de actuación probatoria y, según el reportaje, podría culminar en los próximos tres meses.
Según el padre del menor, Ysai Cáceres, la directora del colegio había autorizado el ingreso del niño, pero Chipana se habría negado a recibirlo en su aula. Cáceres declaró que, cuando la profesora vio al menor, no le permitió ingresar.
El padre también afirmó que la docente le manifestó su rechazo a tener al niño en el salón. En una grabación incorporada a la carpeta fiscal, atribuida a Chipana, se escucha a la entonces profesora plantear que el menor cuente con una “profesora sombra”, una persona que lo acompañara de manera exclusiva durante las actividades escolares.
Cáceres señaló que su familia no podía asumir el costo de contratar a una acompañante. El padre trabaja como taxista en Moquegua y afirmó que sus recursos económicos eran insuficientes para cubrir ese gasto.
Chipana dijo a “Cuarto Poder” que se encontraba pendiente del caso, pero que consideraba que había una inclinación a perjudicar su imagen.
La defensa de la diputada está a cargo del exfiscal José Domingo Pérez. Este sostuvo que la fiscalía interpretó “equivocadamente” las preocupaciones expresadas por Chipana respecto de las necesidades de atención del niño.
“Esta discrepancia no puede ser considerada como un acto de discriminación”, afirmó Pérez, al referirse a la propuesta de que el menor contara con una profesora sombra.
Pérez Gómez argumentó que la docente había expresado su preocupación por la atención que requería el niño dentro de un aula con otros estudiantes. Según su posición, esa preocupación no debía interpretarse como un acto discriminatorio.
El abogado también cuestionó la interpretación fiscal de los hechos relacionados con el ingreso del menor al aula y la necesidad de contar con una acompañante. Durante la entrevista, sostuvo que la recomendación de contar con una profesora sombra respondía a una preocupación de la docente y no a un requerimiento impuesto por ella a la familia.
Consultado por “Cuarto Poder” sobre su participación en el caso, José Domingo Pérez indicó que ejercía su profesión como abogado y que las críticas sobre su trabajo debían dirigirse a la Fiscalía, a la que atribuyó la responsabilidad de adoptar medidas para proteger a los testigos.
El padre del niño, por su parte, señaló que no contaba con recursos para contratar un abogado y que denunciar los hechos implicaba gastos que no podía asumir con facilidad.