Un presunto conflicto de intereses se habría originado en el despacho de la congresista Isabel Cortez (no agrupada) e involucra a uno de sus asesores parlamentarios, según reveló “Panorama” este domingo.
Según el dominical, se trata de Luis Fernando Calderón Vargas (25), quien se presenta como “abogado litigante” del Estudio Jurídico Calderón, propiedad de su padre, pese a que fue contratado como técnico en el Parlamento con un sueldo mensual de S/ 8.300.
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Pese a esta condición, Calderón Vargas trabajó en la demanda presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Sintrareniec) contra el Reniec para lograr pagos por más de un millón de soles.
El caso se remonta a octubre del 2024 y dos meses después, con el proceso en curso, Luis Calderón Vargas ingresó a trabajar al despacho congresal de Isabel Cortez.
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Posteriormente, el 26 de agosto de 2025, la congresista, mediante un oficio, exigió una reunión urgente con un representante del Reniec para conocer la postura institucional sobre la demanda adicional de recursos, el cumplimiento de los mandatos judiciales, así como el pago de beneficios laborales obtenidos por laudos arbitrales, tal cual el caso que llevaba el Estudio Calderón.
El documento remata diciendo que irá a la reunión con personas del sindicato de trabajadores del Reniec. La demanda involucraba S/1 millón 197 mil por beneficios laborales derivados de laudos arbitrales.
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La legisladora Isabel Cortez admitió que Calderón Vargas trabaja en su despacho, pero negó haberle filtrado información sobre ese caso. En tanto, el abogado alegó que pidió licencia y que actualmente se encuentra de vacaciones.
“Yo no he realizado ningún descargo para Sintrareniec. Cualquier caso que mi padre tome, no me incumbe”, aseveró. Al ser consultado sobre cuándo solicitó licencia, respondió: “No recuerdo”.
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Al respecto, Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, afirmó que en este caso no solo se estaría hablando de una falta ética, sino también de un posible tráfico de influencias y otros delitos más.
“Si la congresista quisiera ayudar a los trabajadores del sindicato que sería legítimo, estaría bien, pero ahora si hay alguien que está cobrando por eso para iniciar de juicio al Estado, ya entonces ahí estamos en la configuración de una falta ética, de un posible tráfico de influencias y otros delitos más”, manifestó.
