El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo oficial la resolución en la que declaró inviable la celebración de elecciones complementarias. Entre los argumentos, el organismo electoral señaló que el retraso en la instalación de las mesas no tuvo un impacto decisivo en la participación ciudadana.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo oficial la resolución en la que declaró inviable la celebración de elecciones complementarias. Entre los argumentos, el organismo electoral señaló que el retraso en la instalación de las mesas no tuvo un impacto decisivo en la participación ciudadana.
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“Esta brecha es reducida y no suficiente para explicar por sí sola el comportamiento electoral […] El ausentismo responde más bien a múltiples factores, como condiciones socioeconómicas, motivación política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación”, señala la resolución del 23 de abril.
El organismo electoral se pronunció luego de evaluar diversos informes técnicos, así como los pedidos ingresados por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el debate público de diferentes sectores, que proponían la celebración de elecciones complementarias.
Además, destaca que frente a los retrasos en la instalación de varias mesas por “deficiencias” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) adoptaron medidas extraordinarias, como la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio y de la votación el 12 de abril y su extensión hasta el 13 de abril en las mesas no instaladas.
Un informe del área de fiscalización del JNE detalló que 256 locales de votación recibieron el material electoral con retraso, en los cuales debían instalarse 3.605 mesas de sufragio, correspondientes a un total de 1′071.111 electores. Los distritos con mayor número de incidencias se concentraron en Lima Sur.
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Subraya que las medidas que tomaron “permitieron mitigar de forma significativa los efectos de la situación generada” por la ONPE.
“Si bien se ha alegado en la opinión pública, que hacia el 13 de abril se contaba con resultados electorales, se tuvo en cuenta que estos eran parciales, algunos no oficiales, ponderándose sobre todo el derecho a participación política”, afirma.
Añade que ese día se mantuvieron las prohibiciones de propaganda electoral en horarios y lugares en los cuales no se pudo instalar las mesas de sufragio para garantizar que los ciudadanos que no habían podido votar pudieran decidir de manera libre y consciente,
El organismo electoral concluye que el ausentismo electoral ocurre por múltiples factores y “no resulta material ni jurídicamente válido” atribuir el retraso de la entrega de material a “ciertos locales de votación”, como la única causa o excusa suficiente “para desconocer la voluntad de los electores a nivel nacional o segmentada en una determinada circunscripción, más aún si se advierte que gracias a las medidas adoptadas oportunamente se pudo mitigar sus efectos, independientemente de la hora de la instalación de las mesas de sufragio”.
“El análisis estadístico realizado por la Dirección Nacional de Estudios, Estadísticas y Coordinación Territorial del JNE, evidencia la existencia de una asociación estadística entre la hora de instalación de las mesas de sufragio y la tasa de ausentismo electoral en Lima Metropolitana durante las Elecciones Generales 2026; sin embargo, dicho vínculo presenta un nivel de impacto leve, estimado en 0,86 puntos porcentuales. por cada hora de retraso en la instalación de mesas de sufragio, lo que confirma su bajo nivel explicativo de manera aislada”, dice la resolución.
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Otro argumento, del JNE es que no está prevista la figura de elecciones complementarias en el marco de comicios generales, solo se aplica a las elecciones municipales. Advierte que admitir lo contrario “supone vulnerar” los principios de legalidad y reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral.
“No es jurídicamente atendible sostener la procedencia de elecciones complementarias en el marco de Elecciones Generales mediante la aplicación analógica de supuestos previstos para procesos municipales, en la medida en que ello implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador”, apunta.
“La naturaleza, alcance y regulación normativa de las Elecciones Generales responden a una lógica constitucional propia y diferenciada de los procesos subnacionales, por lo que la aplicación extensiva o analógica de tales supuestos desborda los límites de una interpretación jurídica constitucionalmente justificable”, añade.
El JNE indica también que las etapas del proceso electoral son preclusivas y que la eventual implementación de elecciones complementarias “generaría un grave escenario de incertidumbre jurídica” y alteraría las reglas de la competencia en pleno proceso.
“La realización de una jornada adicional podría incidir en la formación de la voluntad electoral, especialmente en un contexto en el que los resultados oficiales parciales se encuentran muy desarrollados (más del 94%) y son de conocimiento público, afectando así la autenticidad del sufragio”, destaca.
Menciona también que esta situación impactaría no solo las elecciones presidenciales, sino también las elecciones para elegir senadores, diputados y Parlamento Andino, en tanto, la contabilización de los votos en dichas elecciones ya está por concluir.
“Debe considerarse además que el escrutinio preliminar se encuentra en una fase avanzada, próxima a su culminación, mientras que los Jurados Electorales Especiales vienen resolviendo las actas observadas con miras a la pronta proclamación de resultados. En este escenario, la realización de una nueva jornada electoral podría incidir en la decisión de los electores, alejándola de una expresión libre y espontánea”, dice.
Para el JNE, “resulta necesario” contribuir a la preservación de la paz social y la estabilidad democrática, lo cual “implica asegurar la continuidad” del proceso electoral dentro del marco constitucional y legal vigente.
“En consecuencia, no se configura un supuesto que justifique la realización de elecciones complementarias más allá del marco normativo expreso, las cuales, por su propia naturaleza, proceden únicamente en escenarios excepcionales en los que el proceso electoral no se ha llevado a cabo o ha sido declarado nulo, o en lo que podría significar una grave afectación a derechos fundamentales, lo que no ocurre en el presente caso, más aún cuando dicha afectación fue mitigada sustantivamente con las medidas excepcionales que fueran dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones”, argumenta.
En su análisis también valoraron que la ONPE “esté en condiciones de sobrellevar una jornada electoral en tan poco tiempo, más aun, cuando esto podría acarrear el poner en riesgo la segunda vuelta presidencial”.
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Análisis
En diálogo con El Comercio los especialistas en temas electorales José Tello, presidente de Aklla, y Enzo Elguera señalaron que el JNE ha minimizado el impacto que tuvo el retraso de la instalación de las mesas de sufragio.
“Están equivocados porque el ausentismo también se produce cuando la gente mira cómo está el problema en los locales de votación y no va a votar […] Es minimizar”, dijo Tello.
El experto indicó que se debe tomar en cuenta lo que el propio organismo electoral ha mencionado: 0,86% por hora de retraso. “¿Cuánto es 0,86% por cinco horas de atraso o siete horas de retraso en mesas que se instalaron a las 2 pm? Estamos hablando de entre 4,3% y 6%. Ellos mismos no pueden negar el impacto”, cuestionó
Tello opinó que el JNE da a entender que “salvó la elección” y que esta “postura es bastante criticable”.
“Para ellos, el problema es ONPE y no asumen que no fiscalizaron adecuadamente un día antes de la elección, que no corroboraron que los centros de votación estuviesen de acuerdo a ley y al plan operativo de la ONPE”, aseveró.
Bajo su análisis, esta elección “tiene un serio problema de legitimidad” por lo ocurrido en Lima y los candidatos afectados y electorales maltratados. “Está bien que el señor López Aliaga no haya tenido la mejor de las reacciones, pero es un candidato afectado y eso es realidad. No estaría pasando a segunda vuelta ni él o eventualmente el señor Jorge Nieto, incluso Keiko Fujimori, porque podría tener un senador o diputado más”, acotó.
Estos hechos también tienen impacto en el nivel de confianza de la ciudadanía en los organismos electorales, según el exministro de Justicia.
Finalmente, opinó que, de cara a la segunda vuelta, solo queda “ordenar bien el proceso electoral en lo que se refiere a la coordinación entre ONPE y el JNE”.
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A su turno, Elguera aseveró que “este perjuicio decimal se ve priorizado en un grupo de distritos electorales que afectan a un grupo específico de candidatos, como es Lima Metropolitana”.
“Este porcentaje representa una determinada cantidad de votos. En resultados ajustados, le puede permitir a un candidato presidencial pasar a una segunda vuelta por una mínima diferencia. Esta diferencia también afecta el pase de un diputado, senador y que sea elegido o no. Por supuesto que la diferencia importa”, expresó el especialista.
Elguera señaló que, tras esta decisión, solo queda que los organismos electorales sean más transparentes y recuperen la confianza de la población a través de medidas claras y “cambiando el aparato logístico, en lo que represente y sea necesario”.
“Que todos los errores, que han sido groseros, no vuelvan a repetirse de ninguna forma porque en la medida que el proceso electoral es cuestionado, puede alguien ganar la Presidencia bajo el carácter de legalidad, pero pierde legitimidad por los errores, la negligencia y las torpezas de las personas encargadas de velar por todo el proceso electoral”, concluyó.
