Este jueves 17 de abril entra en vigencia la norma dictada por el Gobierno, la cual prohíbe la circulación de dos personas en una moto en los sectores declarados en estado de emergencia, en este caso en Lima Metropolitana y Callao. La comunidad de moteros ha rechazado esta medida con la que el Ejecutivo tiene intenciones de frenar la criminalidad y ola de extorsiones.
En horas de la mañana, mediante un decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, publicaron el reglamento de esta norma, el cual establece la tabla de infracciones y sanciones, así como nuevas disposiciones.
El documento, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, indica que solo se podrá prestar el servicio de delivery si los conductores están habilitados e inscritos en el Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida, que recientemente ha sido creado.
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Las municipalidades provinciales serán responsables de mantener actualizado este documento. Las personas que incumplan con el reglamento serán multadas con 0.8 UIT y se les retendrá el vehículo.
En el mismo texto hacen hincapié que los trabajadores no podrán movilizarse con acompañantes.
Más adelante, especifican que los conductores de moto lineales deben portar cascos de seguridad, anteojos protectores transparentes y chalecos de material retrorreflectivo, el cual debe tener en la espalda el número de matrícula de la Placa Única Nacional de Rodaje de la motocicleta.
El Decreto Supremo N° 006-2025-MTC “exceptúa a los conductores y acompañantes de motocicletas de colección, de las que cuenten con placa de exhibición y de aquellas que cuenten con un motor con cilindrada mayor a 500 cc.”
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En otro momento, recalcan que “dichos conductores y acompañantes no deben utilizar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la identificación de su rostro”.
La supervisión del cumplimiento de esta norma estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones podrán intervenir a quienes infrinjan las indicaciones o presenten indicios de actividades delictivas.
