El partido Renovación Popular (RP) rechazó, a través de un comunicado, las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien ante el Congreso de la República señaló que dicha agrupación política habría recibido aportaciones económicas ilícitas de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para campañas electorales.
Mediante un comunicado, el partido liderado por Rafael López Aliaga calificó de “falsa e malintencionada” la afirmación del fiscal, y recordó que RP no participó en las elecciones presidenciales del 2011 ni en las municipales del 2014, fechas a las que hace referencia la acusación. Sin embargo, no aclara que son investigados por el caso de aportes para la campaña municipal 2014 de Luis Castañeda Lossio.
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“Por lo tanto, resulta imposible que hayamos recibido financiamiento ilegal para una campaña en la que no participamos”, señala el pronunciamiento.
La organización también subrayó que su fundación oficial fue el 7 de octubre de 2020.
Sin embargo, en el mismo pronunciamiento reconoce que exmilitantes de Solidaridad Nacional (partido que da origen a Renovación Popular) están siendo investigados por el caso Lava Jato, al igual que José Luna Gálvez.
“Personas que no tienen ningún vínculo con nuestro partido”, remarcaron.
En su pronunciamiento, la agrupación le exige al fiscal José Domingo Pérez “dejar de utilizar su calidad de fiscal para desprestigiar irresponsablemente” a la agrupación, y lo acusó de buscar presionar mediáticamente en un caso en el que su despacho —sostienen— no ha logrado resultados favorables para el país.
Investigación vigente por aportes del 2014
Vale precisar que Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) figura como persona jurídica investigada en el caso “Aportes para la campaña municipal 2014 de Luis Castañeda Lossio”, tras resolución del Poder Judicial a pedido del Ministerio Público.
La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato informó que, precisamente, este martes 5 de agosto a las 11 a. m., el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria evaluará su pedido para incorporar al partido como tercero civilmente responsable, con el objetivo de que asuma solidariamente parte del eventual pago de reparación civil.
La Procuraduría —a cargo de la abogada Silvana Carrión Ordinola— ha solicitado hasta el momento US$ 238 millones de reparación civil contra todos los implicados en el caso.
