Del monto total a invertir, el 90,5% estará destinado a mitigar las heladas, especialmente en las zonas altoandinas (S/474 millones), mientras que el 9,5% restante será usado para detener el impacto del friaje en la selva.
El Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 del gobierno estima que la población a atender por su “alta” o “muy alta” vulnerabilidad sumaría 1,7 millones, casi el 5,3% de la población nacional. Sin embargo, según proyecciones del Cenepred, los afectados serían más de 7 millones.
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Por sectores
La inversión focalizada preventiva estará a cargo de 10 ministerios, entre los que destacan, el Ministerio de Vivienda, el de Transportes, así como el de Desarrollo Agrario. Solo estas tres carteras concentrarán el 76% del monto total.
En el primer ministerio, la principal actividad a implementar será la construcción y equipamiento de viviendas rurales (el Estado estima una brecha de 22.804 viviendas mejoradas altamente prioritarias); en el segundo, el mejoramiento de vías; mientras que el Midagri concentrará sus esfuerzos en la adquisición de módulos para proteger al ganado.
El sector Salud inmunizará a niños y adultos mayores contra la influenza y neumococo, mientras que el Minedu proveerá módulos educativos prefabricados y se encargará de su acondicionamiento térmico.
El documento revela asimismo que 9 de cada 10 peruanos que están en riesgo “alto” y “muy alto” frente a heladas y friaje viven en 10 regiones del país. Estas son Ucayali, Junín, Puno, Cusco, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho, Pasco y Huancavelica. Solo las tres primeras albergan el 44,5% de la población en riesgo de todo el país.
En cuanto al tipo de fenómeno, Puno es la región más vulnerable hacia el efecto de las heladas (207.672 personas en riesgo “alto” y “muy alto”), mientras que Ucayali es el lugar más susceptible al efecto del friaje (295.955 personas).
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Retos en la gestión
¿Cómo hacer más eficiente las intervenciones sectoriales del Gobierno en las regiones más vulnerables? Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business, resalta que el actual plan multisectorial cuenta por primera vez con información con enfoque territorial focalizado, lo cual permitirá llegar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, la implementación de las acciones también incluye a los gobiernos regionales o locales, de los que aún no se sabe si están capacitados.
“Hay un buen trabajo en identificar en dónde está la población más expuesta a ambos fenómenos. Quien tienen que tomar las decisiones en donde se debe intervenir y en que no solo es el Ejecutivo, sino los gobiernos regionales y municipalidades. las intervenciones solo se podrán ejecutar con elaboraciones de perfiles, aprobaciones de presupuesto y acciones de monitoreo. Todo esto demanda de capacidades de las personas. Cuanto se va a destinar para esto y si recién se va a implementar en el 2022 eso quiere decir que en el 2023 recién estarían capacitados”, explica.
Mollo, quien es especialista en gestión de riesgo de desastres, afirma que el plan debió aprobarse a finales del año pasado, teniendo en cuenta un margen de tiempo prudencial “para que los gobiernos regionales y locales pudieran estar preparados para la propuesta. Resalta asimismo que existe una brecha entre los presupuestos que se aprueban y lo que realmente se gasta cada año. Por ejemplo, en el pliego 068 del presupuesto nacional, destinado a reducir la vulnerabilidad frente a desastres naturales, casi todos los años solo se ejecuta el 60% de los fondos disponibles.
