En un contexto de alta inestabilidad política e institucional, y a puertas de un año electoral, es crucial que los actores sociales recuperen los espacios de diálogo e influencia política perdidos en años recientes.
Según la encuesta a gerentes generales de las principales empresas del país, realizada por Ipsos en junio de 2023, el 71% aprobaba al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ese resultado contrastaba dramáticamente con la aprobación de sólo 12% entre la población general para el mismo mes, según una encuesta del IEP. Un año después, la aprobación al gobierno entre dichos gerentes generales descendió a 12%, cifra más cercana al 5% actual de aprobación de la población general. Dichos niveles de aprobación, e incluso más bajos, son compartidos por el Congreso. Resultados como estos son esperables para un gobierno que en muchos casos se muestra frívolo, insensible e inoperante, y que actúa en alianza con un Congreso que en varios casos tiende a favorecer intereses particulares o alineados a economías informales e incluso ilegales y delictivas.
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Frente a ello, los empresarios han perdido espacios de influencia política resultado de su falta de sintonía con demandas ciudadanas, agravado por la debilidad política de un gobierno que respaldaba; respaldo que un año después pesa más. El reciente desaire del gobierno al CADE, el foro empresarial más importante del país, es un reflejo de ello. Estos espacios han sido copados por organizaciones criminales, como reconocen los propios empresarios en la última Encuesta del Poder, en la que el 45% de los encuestados respondió que las economías ilegales son el segundo actor con más poder en el Perú, muy por delante del 22% del propio empresariado formal. Ante ello, es importante que los empresarios formales y sus gremios recuperen espacios de diálogo, y de influencia política, en sintonía con los intereses de la ciudadanía. Esto debería pasar por reclamar al gobierno mayor transparencia y colaboración con la Fiscalía para el avance de investigaciones abiertas por corrupción, encubrimiento y violación de derechos humanos, así como un mayor protagonismo en la lucha contra la criminalidad, cuyo avance también impacta en la calidad de vida, la posibilidad de hacer empresa, el empleo y su productividad.
El campo laboral ofrece oportunidades para recuperar esos espacios de diálogo y confluencia junto con otros actores sociales como los sindicatos. Una muestra de dicha posibilidad son las acciones conjuntas que, por ejemplo, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCC) han emprendido desde años atrás para combatir la criminalidad en la industria de la construcción, acciones en las que han logrado involucrar al Ministerio de Trabajo y al Ministerio del Interior.
Una apuesta como ésta, que impulse respuestas gubernamentales efectivas a las demandas ciudadanas es, además, una apuesta por la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, tan necesarias para un desarrollo económico equitativo y sostenible.
