“Si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia”, fue la cinematográfica respuesta de la presidenta Dina Boluarte el viernes último para negar que el sentenciado líder de Perú Libre haya usado el automóvil presidencial con el fin de prolongar su permanencia en la clandestinidad.
Cerrón, médico neurocirujano de profesión, se ha convertido así en el rostro más visible del Programa de Recompensas –antes conocido como “Lista de los más buscados”–, una iniciativa del Ministerio del Interior que ofrece a los ciudadanos “un beneficio económico” a cambio de aportes valiosos que faciliten a la policía la ubicación y captura de “miembros de organizaciones criminales o requisitoriados por quienes se ofreció un determinado monto de recompensa”.
Con base en información obtenida por la ley de transparencia, El Comercio comprobó que el listado está integrado actualmente por 856 personas con requisitoria: 808 hombres (94,39%) y 48 mujeres (5,61%).
La gran mayoría de la lista (691; ocho de cada 10) está prófugo por más de 2.000 días; es decir, desde hace más de cinco años. Uno de ellos es el mexicano Rodrigo Torres, coprotagonista de Cerrón en el reciente video del programa de recompensas.
Torres, ‘Lic’, vive en la clandestinidad desde hace más de siete años. Él sería uno de los propietarios de más de 7,5 toneladas de cocaína decomisada hace más de una década en La Libertad. Por información sobre su paradero también se ofrecen S/500.000, el monto máximo.
Precisamente, el tráfico ilícito de drogas es el segundo delito más recurrente en el programa: 134 personas (15,65 %) son requeridas por la justicia por ese motivo. En el caso específico de las mujeres, se trata de la principal razón de requisitoria: 39,58%.
Pero al mayor número de prófugos (251; 29,32% del total) se lo busca por violación sexual de menores de edad. De ellos, 250 son hombres y apenas una es mujer.
“Por lo general, los violadores de menores actúan solos y permanecen en su comunidad o cerca de ella incluso después de cometer el crimen. No es alguien que pueda permanecer camuflado mucho tiempo. Deberían ser atrapados rápidamente”, opina Noam López, investigador sobre temas de seguridad en Pulso PUCP.
El más reciente informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalla que la violación de menores es el segundo delito con más internos en el país: 11.578 reos (11,86%). El tercero es el tráfico ilícito de drogas con 7.681 presos (7,86%).
Según las estadísticas remitidas por el Ministerio del Interior sobre requisitoriados que ya fueron atrapados, el promedio de tiempo para la ubicación de un prófugo es 520 días: casi un año y medio.
En el caso específico de los hombres, el lapso promedio es 529 días, y en el de las mujeres, 425.
Por otro lado, seis de cada 10 requisitoriados (61,64%) fueron aprehendidos por la autoridad en menos de un año.
“Un elemento clave en este tipo de estrategias es que se comunique bien y de forma agresiva. […] Si solo salen tuits cada cierto tiempo o le dan dos segundos en los medios, no va a servir: el mensaje pierde fuerza y relevancia”, asevera López.
El programa de recompensas volvió al debate público hace menos de un mes y por un nombre en particular: el de Vladimir Cerrón. El 30 de agosto, el gobierno de Boluarte duplicó a S/200.000 el bono por información sobre su paradero. Y el último jueves, el monto se elevó a un suculento medio millón de soles.
En ese mismo período, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue blanco de cuestionamientos por unos audios en los que habría contado al capitán de policía Junior Izquierdo que el vehículo asignado a la jefa del Estado se habría empleado para transportar al fundador de Perú Libre cuando ya era un prófugo de la justicia. En política, algunas coincidencias generan suspicacias.
“Tenemos respuestas políticas, no institucionales ni operativas. Se está usando el programa como un mecanismo para mandar un mensaje: algo estamos haciendo. Pero en realidad no se está haciendo nada. Se ha convertido en un programa inercial”, cuestiona Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
La politóloga y criminóloga Fátima Rojas Boucher explica que para que una iniciativa como el programa de recompensas funcione correctamente deben cumplirse tres condiciones: confianza de los ciudadanos en sus autoridades, un sistema transparente y una estrategia clara.
Según la Encuesta Nacional de Hogares, elaborada entre diciembre del 2023 y mayo último por el INEI, la confianza en la Policía Nacional es de 18,9%, la menor cifra de los últimos cuatro años. En cambio, la percepción de seguridad alcanzó el 85,9%, el valor más alto en el mismo período.
Recompensas.pe es la principal fuente oficial de información sobre la referida iniciativa del Ministerio del Interior. La página web contiene una base de datos con los nombres de los requisitoriados, los delitos por los que se les persigue y lo más importante: sus fotografías.
Hay un problema fundamental, más aún en la era de Internet y las redes sociales: no se ofrece al usuario facilidades para encontrar los detalles relevantes que lo inviten a interesarse en colaborar.
Por ejemplo, la única forma de comunicación con el programa es un número telefónico gratuito de nueve dígitos. Los íconos WhatsApp y Facebook solo sirven para compartir la dirección URL de la página, no para establecer contacto con el programa.
Al primer golpe de vista tampoco se ofrece una lista con los nombres, fotografías y delitos por los que se busca a los requisitoriados.
“Los primeros cinco segundos de navegación son vitales, por lo que debe jerarquizarse la información. Si quieres que el ciudadano actúe y participe, debes decirle directamente cuáles son las recompensas y dar prioridad a los canales de comunicación. Aquí esa información está un poco escondida. Por otro lado, es importante que una página sea intuitiva y esta no lo es”, destaca Ricardo Vargas, docente de Interacción y Experiencia de Usuario en la PUCP.
Finalmente –afirma Rojas Boucher–, la publicidad es una herramienta importante que solo funciona si un programa tiene un fin y objetivos establecidos. “¿Cuál es la estrategia: mejorar la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno o mejorar el sistema de justicia?”, concluye la especialista.
La respuesta parece evidente.
