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El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó este miércoles 24 de enero ante el Tribunal Constitucional (TC), y solicitó que la administración de los peajes, ahora manejados por la empresa Rutas de Lima, retorne a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape).

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“El petitorio retrotrae al estado anterior, a la violación de derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual implica que el Tribunal Constitucional ordene a la Municipalidad de Lima la administración de todo el peaje, eliminando el cobro a los vecinos de las zonas afectadas”, dijo en un primer momento el burgomaestre de la ciudad.

“La conclusión es que la corrupción mata la inversión honesta, ningún inversionista honesto viene a un país donde está Odebrecht u otras empresas criminales”, agregó.

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En esa línea, López Aliga remarcó que el contrato y todas las modificatorias han sido para beneficiar a Rutas de Lima.

“Lo peor es que Rutas de Lima facturó 120 millones hasta el año 2022, pero con este incremento que quieren hacer van a ser 140 millones y las inversiones no llegan”, finalizó.

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