Un comando unificado contra el crimen organizado, cuatro megapenales, 3 mil colegios, una reforma del sistema de justicia y hasta un “shock” desregulatorio para acelerar inversiones. El plan de gobierno de Fuerza Popular plasma —al menos en el papel— el rumbo que seguiría un eventual gobierno de Keiko Fujimori durante el quinquenio 2026-2031, luego de ser proclamada presidenta electa por las autoridades electorales.
Un comando unificado contra el crimen organizado, cuatro megapenales, 3 mil colegios, una reforma del sistema de justicia y hasta un “shock” desregulatorio para acelerar inversiones. El plan de gobierno de Fuerza Popular plasma —al menos en el papel— el rumbo que seguiría un eventual gobierno de Keiko Fujimori durante el quinquenio 2026-2031, luego de ser proclamada presidenta electa por las autoridades electorales.
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Sin embargo, ¿qué tan sólidas o viables son sus propuestas? ¿Cuáles son los principales vacíos que aún quedan por abordar? Para responder esas interrogantes, El Comercio analizó y clasificó en seis ejes los planteamientos del programa fujimorista y convocó a especialistas de cada sector para evaluarlos.
En esa línea, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP; Marilú Martens, exministra de Educación; David Tuesta, exministro de Economía; Fuad Khoury, excontralor general de la República; Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros; e Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, analizan las principales propuestas del plan, identifican sus fortalezas y advierten los desafíos que enfrentan.
“La inversión privada no busca reglas favorables, sino reglas estables y predecibles. Esa previsibilidad es el principal activo para construir crecimiento sostenido, elevar la productividad y generar empleo de calidad”.
“No hay mucho contenido concreto. Se habla de una ‘reforma integral del sistema de justicia’, pero no se dice ni qué se va a reformar ni cómo. Sin duda falta precisar mucho; solo tenemos planteamientos generales”.
“Las prioridades son correctas, pero para tener una mejora real del sistema de integridad del país se debe diseñar una reforma completa del sistema de rendición de cuentas (…) De lo contrario se están poniendo parches que no han dado resultados en los últimos 30 años.”.
“La experiencia demuestra que construir colegios, distribuir dispositivos o actualizar el currículo no garantiza, por sí solo, mejores aprendizajes. El principal desafío ya no es únicamente diseñar buenas políticas, sino contar con una institucionalidad capaz de implementarlas con calidad en todo el territorio”.
EL FACTOR SEGURIDAD CIUDADANA:
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- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendría la administración de Keiko Fujimori?
Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, las principales propuestas del plan —como la recuperación de espacios públicos, la modernización del equipamiento policial, la construcción de comisarías y penales, entre otras— demandarían una inversión superior a S/25 mil millones. Por ello, consideró que debe revisarse y explicarse bien de dónde se conseguirá el presupuesto para estos fines. Además, advirtió que la PNP mantiene un déficit de 70 mil efectivos y expresó su expectativa de que un eventual gobierno impulse la compra de mil patrulleros, pues, según indicó, no se adquieren desde la gestión de Ollanta Humala.
- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
Pérez Rocha sostuvo que la propuesta más importante es la creación de un Comando Unificado Permanente contra la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo, advirtió que el plan no considera que el país ya cuenta con el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), creado mediante la Ley N.° 29807, órgano encargado de planificar, articular y dar seguimiento a la política criminal del Estado.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP. Foto: Andina/ Norman Córdova.
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- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
En opinión del exdirector de la PNP, el plan debió profundizar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec). En ese sentido, planteó recuperar el diseño original de la Ley N.° 27933 para que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) vuelva a ser presidido por el ministro del Interior y, sobre todo, sesione mensualmente y apruebe el Plan Anual de Seguridad Ciudadana para el próximo año.
Pérez Rocha incidió igualmente en que, a nivel mundial, el 75 % de los efectivos policiales se dedica a la prevención del delito, mientras que el resto se aboca a la investigación criminal. Por ello, lejos de dividir a la institución, la Policía debería de ser fortalecida. “La investigación criminal solo comienza después de que se cometen los hechos. Pero la prevención es lo que impide que se cometan estos hechos delictivos; eso es lo que está fallando”, puntualizó.
EL FACTOR EDUCACIÓN:
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- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?
El plan refleja una apuesta importante por mejorar las condiciones materiales del sistema educativo. Hay un énfasis claro en infraestructura, conectividad, equipamiento tecnológico, alimentación escolar, fortalecimiento de los COAR y acceso a la educación superior. También incorpora temas relevantes como el desarrollo profesional docente, la inteligencia artificial y la protección de niños y adolescentes frente a la violencia.
Es positivo que el documento reconozca que la educación debe responder a un contexto de transformación tecnológica y que fortalezca el rol docente. Sin embargo, el plan pone mucho más énfasis en qué se quiere hacer que en cómo se implementarán las reformas.
La experiencia demuestra que construir colegios, distribuir dispositivos o actualizar el currículo educativo no garantiza, por sí solo, mejores aprendizajes. El principal desafío del sistema educativo peruano ya no es únicamente diseñar buenas políticas, sino contar con una institucionalidad capaz de implementarlas con calidad en todo el territorio nacional. En ese sentido, hubiera esperado un mayor desarrollo de una agenda de modernización del sistema educativo y de fortalecimiento de la gestión descentralizada.
Marilú Martens, exministra de Educación. (Foto: Julio Reaño / El Comercio)
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- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
Más que una medida aislada, destacaría la combinación de tres apuestas: el fortalecimiento del desarrollo profesional docente, la incorporación de habilidades digitales e inteligencia artificial, y la atención integral de los estudiantes mediante alimentación escolar y protección frente a la violencia.
Esta combinación refleja una comprensión más moderna de la educación. Hoy sabemos que mejorar los aprendizajes depende de contar con docentes preparados para responder a nuevos desafíos, pero también de garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela en condiciones de aprender. La educación comienza antes del primer día de clases y requiere una articulación efectiva con salud, nutrición y protección social.
Dentro de este conjunto, considero especialmente importante el desarrollo profesional docente. Sin embargo, esta propuesta debería ir acompañada de una revisión de la Carrera Pública Magisterial. La carrera ha sido una reforma fundamental para fortalecer la meritocracia, pero hoy necesita evolucionar para reconocer nuevas funciones de liderazgo pedagógico y gestión del conocimiento. Sería importante incorporar trayectorias profesionales para docentes mentores, coordinadores de redes educativas, especialistas territoriales y docentes que puedan asumir responsabilidades temporales en instituciones como los COAR, sin afectar su desarrollo dentro de la carrera.
La transformación educativa dependerá mucho menos de la tecnología que de la capacidad de los docentes para utilizarla pedagógicamente.
- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
No cuestiono ninguna propuesta específica; sin embargo, considero que el principal vacío del plan es la ausencia de una estrategia integral de modernización del sistema educativo.
Durante más de veinte años hemos avanzado en la descentralización, pero no hemos fortalecido al mismo ritmo las capacidades de gestión de las direcciones regionales de educación, las UGEL y las redes educativas. Hoy persiste una alta concentración de funciones técnicas y administrativas en la sede central del Ministerio de Educación, mientras que muchas UGEL carecen de especialistas suficientes para brindar acompañamiento pedagógico, gestionar información o implementar adecuadamente las políticas nacionales.
El desafío no consiste en recentralizar, sino en completar la descentralización fortaleciendo las capacidades técnicas de los territorios y trasladando funciones y equipos especializados allí donde se desarrollan los procesos educativos. Un sistema donde miles de especialistas permanecen concentrados en Lima, mientras muchas UGEL operan con equipos mínimos, difícilmente podrá responder con oportunidad y calidad a las necesidades de las escuelas.
EL FACTOR ECONOMÍA:
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- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?
El plan transmite una señal clara de que el crecimiento económico descansará en la recuperación de la inversión privada, sobre la base de preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el clima de negocios. Resulta especialmente destacable el compromiso con la independencia del Banco Central, el respeto a los contratos y la consolidación fiscal. Esa institucionalidad económica ha sido uno de los principales activos del Perú durante las últimas décadas y ha permitido resistir con relativa fortaleza episodios de elevada volatilidad política en los últimos diez años. La inversión privada no busca reglas favorables, sino reglas estables y predecibles. Esa previsibilidad es el principal activo para construir crecimiento sostenido, elevar la productividad y generar empleo de calidad. El reto de Fuerza Popular ahora será convertir estos principios en reformas institucionales que fortalezcan la capacidad del Estado para ejecutarlos y crecer sostenidamente a altas tasas.
David Tuesta, exministro de Economía. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
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- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
La propuesta más trascendente es el shock desregulatorio, no por la desregulación en sí misma, sino porque puede convertirse en la principal herramienta para recuperar la predictibilidad que hoy demanda la inversión privada. El verdadero problema no es la existencia de regulación, sino la proliferación de normas superpuestas, procedimientos redundantes, entidades que duplican funciones y decisiones impredecibles.
Ello exige una reingeniería integral del Estado: eliminar duplicidades, simplificar procedimientos y definir con precisión qué entidad decide y sobre qué materias. Para acelerar resultados, podría implementarse un régimen excepcional para los grandes proyectos de inversión que ya se encuentran en etapas finales de aprobación y así asegurar que el impacto de esta inversión sobre el crecimiento se empiece a reflejar tempranamente. Eso da aire para desarrollar la reforma regulatoria/simplificadora de carácter general y permanente.
Sin embargo, ninguna simplificación funcionará si no se aborda un problema central: el excesivo riesgo que enfrentan los funcionarios públicos al adoptar decisiones. Hoy muchos prefieren no decidir o multiplicar las firmas y opiniones porque cualquier decisión puede terminar judicializada o afectar su patrimonio personal. A ello se suma la proliferación de entidades de control y organismos (tipo Ositran y Osinergmin) que emiten opiniones sobre materias que exceden claramente sus competencias, generando nuevas demoras e incertidumbre. Hoy estas se han convertido en un estorbo para el crecimiento del país y hay que ver prácticas internacionales comparables que evidencien su responsabilidad en la obstaculización de la inversión privada. Recuperar la predictibilidad requiere también redefinir responsabilidades, fortalecer la seguridad jurídica del funcionario que actúa de buena fe y acotar el ámbito de intervención de organismos de control y reguladores a las funciones que la ley realmente les asigna.
- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
Más que cuestionar la propuesta de otorgar exoneraciones tributarias a determinados emprendedores, considero que primero debería desarrollarse una evaluación integral del sistema de incentivos vigente. La evidencia reciente de la OCDE en su informe de julio de 2026 muestra que los incentivos tributarios solo generan valor cuando están bien diseñados, se evalúan periódicamente y responden a objetivos claros; de lo contrario, pueden implicar importantes costos fiscales sin generar inversión adicional.
Ello no significa que los incentivos tributarios deban descartarse. En sectores expuestos a una intensa competencia internacional —como la minería o la agroexportación— es indispensable comparar la rentabilidad que ofrece el Perú respecto de otros países competidores. Si aquí la inversión enfrenta mayores costos regulatorios, mayores tiempos de aprobación o mayores cargas administrativas, resulta razonable evaluar mecanismos que compensen esas desventajas para preservar la competitividad. Lo importante es que esos incentivos estén sustentados en evidencia, sean temporales, transparentes y sujetos a evaluaciones periódicas de impacto, antes que seguir acumulando nuevos beneficios sin haber medido adecuadamente la efectividad de los existentes.
EL FACTOR LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
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- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?
Las prioridades son correctas. Lo que se podría mejorar son la perspectiva de las mismas y los mecanismos para alcanzarlas. En principio, con relación a la perspectiva, para tener una mejora real del sistema de integridad en el país, se debe diseñar una reforma completa del sistema de rendición de cuentas peruano, con una perspectiva sistemática que debe incluir a la Contraloría, al Poder Ejecutivo, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para convertirlos en un gran sistema anticorrupción. Asimismo, se advierte que el sistema está incompleto: no existe en el Poder Ejecutivo una entidad técnica encargada de verificar que se cumplan los objetivos del Gobierno, con integridad y eficiencia. De lo contrario, se están poniendo parches que no han dado resultados en los últimos 30 años.
Con relación a las herramientas, se aprecia una omisión en herramientas de control de gestión implementadas por los países que luchan con eficacia contra el fraude. En este sentido, por ejemplo, se pretende que el control concurrente solucione problemas propios de la gestión a cargo de las entidades. Este debería ser excepcional y reservarse para los proyectos o programas más importantes del país, que por su naturaleza demanden un control reforzado.
Además, medidas como la implementación de declaraciones juradas (DD. JJ.) responden a miradas anteriores al advenimiento de las técnicas de analítica de datos y la interoperabilidad de bases de datos públicas y privadas.
Fuad Khoury, excontralor general de la República. (Foto: Andina)
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- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
El shock anticorrupción digital. Debería invertirse recursos en la implementación de un gobierno digital real, simplificando procesos, introduciendo tecnología, reduciendo la interacción entre servidores públicos y ciudadanía, transparentando procesos, tal y como lo han hecho diversos países, como Estonia, por ejemplo.
- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
La propuesta que genera mayores dudas es la ampliación del control concurrente a cargo de la CGR, por las razones expuestas anteriormente.
Asimismo, el plan debió desarrollar con mayor profundidad una estrategia integral de prevención de la corrupción. Se echan de menos propuestas orientadas a fortalecer la gestión de riesgos de corrupción, los sistemas de integridad, el control interno y la gobernanza del sistema nacional de lucha contra la corrupción, aspectos fundamentales para reducir la probabilidad de que la corrupción ocurra. Habría que pensar en la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción.
Si bien la trazabilidad de los pagos es un objetivo importante, se debe explicar cómo la criptomoneda contribuiría de manera efectiva a reducir los principales riesgos de corrupción o cuál sería su viabilidad técnica, operativa y normativa. La incorporación de una nueva tecnología, por sí sola, no garantiza mejores resultados si no va acompañada del fortalecimiento de los procesos y los controles, considerando que el sesgo de las personas sigue y seguirá existiendo.
EL FACTOR DE REFORMA JUDICIAL Y ORDEN JURÍDICO:
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- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?
No hay mucho contenido concreto en la propuesta. Se habla de una “reforma integral del sistema de justicia”, pero no se dice ni qué se va a reformar ni cómo. Hablamos de ¿reformas constitucionales?, ¿reformas de procesos?, ¿cómo se va a aplicar la celeridad procesal?, ¿en qué tipo de procesos? Sin duda, falta precisar mucho y solo tenemos planteamientos generales. Por ejemplo, en el PJ tenemos hoy un total de expedientes en trámite y en ejecución que supera los 6 millones de casos, lo que es un stock que paulatinamente ha ido creciendo y en donde los procesos vinculados a temas de familia (alimentos, violencia familiar, tenencia, etc.) son los más recurrentes, con 2,6 millones de casos; aquí tenemos un punto de especial respuesta desde el Estado, para aliviar a las personas y que concluyan por fin sus casos.
Asimismo, muchos de los aspectos citados en el plan son temas que corresponden a las propias instituciones, como el EJE, que es uno de los proyectos que están en marcha hace años con muchos problemas y que ha significado una de las apuestas financieras más ambiciosas del sistema de justicia, con 370 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial y el BID (270 millones para materia penal y 100 millones en materia no penal), pero que tiene muchos retrasos e ineficiencias; sería bueno saber qué hará el Ejecutivo para acelerar y mejorar esto frente a la frustración de la banca multilateral sobre estos proyectos.
Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Ministros. (Foto: USI)
Me parece bien que se busque enfatizar la independencia de los jueces, pero con las acciones que hoy implementan el Congreso y la JNJ para afectar las decisiones judiciales y el uso del control difuso para inaplicar leyes que violan la Constitución, tenemos un problema que debe precisarse. El Gobierno no solo habla por sus discursos, sino principalmente por sus acciones.
Luego, no se entiende el énfasis de la propuesta en la Defensa Pública, cuando el centro neurálgico de los problemas está en otro lado, así como promover voluntariado para los servicios de orientación. Creo que el plan no apunta a soluciones, sino que presenta planteamientos generales e incluso plantea soluciones que ya existen, como es el caso de las notificaciones electrónicas. Parece que no han tenido una buena asesoría.
- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
Hablar de una reforma de la justicia es un planteamiento interesante, más aún cuando se señala que en esta reforma deben participar las propias instituciones y se busca reforzar la independencia de los jueces, lo que descartaría la posibilidad de una intervención como ocurrió en los 90 y la politización de la justicia que, se observa, viene imponiendo la JNJ. El gran problema aquí es qué se quiere reformar y cómo hacerlo. Sin duda, el servicio de justicia requiere ajustes serios, pero que sean sinceros en cambiar las cosas para mejorar las condiciones en que se presta el servicio y atajar la corrupción que permanece de manera impune en los propios operadores.
- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
Una gran ausencia es la falta de consideración de una política criminal que permita saber qué delitos serán perseguidos con mayor énfasis, más allá del discurso de mano dura o el trabajo de la Policía, pues finalmente los casos van al sistema de justicia. Lo que tenemos hoy es la falta de eficacia en la investigación criminal, en donde el Ministerio Público no ha logrado estructurar la integración de equipos de investigación que construyan los casos con ciencia forense, sobre todo en las fiscalías más poderosas que tiene la institución, como las de Lavado de Activos, Anticorrupción o Crimen Organizado.
Seguimos con la vieja estructura de fiscales y sus adjuntos, sin integrar a los investigadores dentro de su propia organización y sin tener analistas financieros, peritos de vinculación criminal, forenses informáticos, todos trabajando juntos. Hoy los peritos son externos y son muy pocos, con lo que las investigaciones no solo no son eficaces, sino que demoran una eternidad y se centran mucho en la prueba testimonial y documental, haciendo que los procesos sean muy complejos en la etapa de juicio oral (además, los fiscales enfocan la investigación con la mayor acumulación posible de pruebas: toneladas de papeles y cientos de testigos; en el caso Orellana se han ofrecido más de 500 testigos y en el caso Cócteles fueron más de mil. Absurdo).
La lucha contra la criminalidad moderna es seguir la ruta del dinero y desmontar organizaciones. Esto yo lo he visto en Centroamérica y Colombia, en donde se trabaja en equipos integrados, siguiendo el modelo de las fiscalías especiales de EE. UU. Deberíamos priorizar presupuestos para montar un nuevo modelo de investigación y nuevas estructuras fiscales multidisciplinarias.
EL FACTOR MINERÍA Y ENERGÍA:
- ¿Qué revela este plan de gobierno sobre las prioridades que tendrá la administración de Keiko Fujimori?
Hay, sin duda, un plan de trabajo para la pequeña, mediana y minería artesanal, adecuado a propuestas tecnológicas, de trazabilidad y, sobre todo, a la organización de una Ley MAPE. Asimismo, destaca la lucha contra la criminalidad y la ilegalidad en la minería.
Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
- ¿Cuál considera que es la propuesta más trascendente en esta materia y por qué?
Creo que, aunque no se habla de una ampliación del Reinfo, sí hay un proceso para la depuración de este sistema, donde deben intervenir la Sunat, el Ingemmet o la UIF. Me parece que lo lógico es ir depurando poco a poco el Reinfo antes de un cierre definitivo.
- ¿Qué propuesta le genera mayores dudas sobre su viabilidad o efectividad y qué medida considera que falta o debió desarrollarse con mayor profundidad?
Considero que se debe fortalecer la acción del Estado a través del otorgamiento de presupuesto a la Fiscalía de la Nación, a la PNP y al Poder Judicial. Asimismo, elaborar una metodología interinstitucional de la trazabilidad. Creo que allí debe haber un énfasis obligatorio en las próximas semanas.
En cuanto a la minería ilegal, debemos pasar a la intervención territorial; es decir, ahora se declaran en emergencia zonas muy pequeñas o distritos, cuando lo que debería hacerse es declarar en emergencia los corredores de Marañón, Nanay y Puerto Inca. Y, sin duda, el otro tema es la fiscalización y vigilancia de las plantas de procesamiento.
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