lunes, enero 26

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo ante el caso de racismo registrado dentro de un bus del Metropolitano, donde una mujer profirió insultos discriminatorios contra pasajeros y cuya grabación se viralizó en redes sociales.

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“Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a la Fiscalía de la Nación a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”, señaló la entidad en un comunicado, recordando que la discriminación constituye un delito tipificado en el Código Penal, sancionable con hasta tres años de pena privativa de libertad.

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Según cifras oficiales, hasta el 2022 el Ministerio Público registró 4,737 denuncias por delito de discriminación a nivel nacional, de las cuales más del 38 % se concentraron en Lima. Sin embargo, apenas en 25 casos se alcanzó una sentencia firme, de las cuales ocho fueron absolutorias. Para la Defensoría, esta baja tasa de sanciones demuestra que el sistema no está cumpliendo con el rol de disuasión penal, por lo que exigió penas ejemplares en episodios como este.

El caso

Un video difundido en redes sociales muestra cómo la mujer, de nacionalidad peruana, insultó a varios usuarios del servicio y alegó que su familia era “de Lima”, generando la indignación de quienes presenciaron el ataque.

Defensoría pide a Fiscalía investigar agresión racista registrada en el Metropolitano. (Foto: Composición)

El altercado escaló cuando los pasajeros intentaron responder a los agravios, lo que provocó que la ciudadana intensificara sus comentarios racistas.

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Asimismo, la Defensoría exhortó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a intervenir dentro de sus competencias y a profundizar campañas de sensibilización para fomentar la importancia de actuar contra la discriminación. “Validar y no repudiar expresiones racistas implica negar la diversidad y riqueza cultural que caracterizan a nuestro país”, advirtió el organismo.

El incidente ha reavivado el debate sobre la persistencia del racismo cotidiano en el Perú y la necesidad de reforzar la protección legal y social frente a este tipo de conductas.

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