La muerte de Alfredo Díaz en El Helicoide confirma un patrón que se repite desde hace más de una década en Venezuela: el fallecimiento de presos políticos bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, muchos de ellos sometidos a tratos crueles, como han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según la ONG Foro Penal, ya son 17 casos desde el 2014. Entre las víctimas figuran militares, dirigentes políticos, activistas defensores de los DD.HH., ciudadanos comunes y corrientes, entre otros detenidos que ingresaron en prisión con vida y ya no salieron más.
Mientras el Gobierno atribuye estos fallecimientos a causas naturales o a condiciones médicas preexistentes, familiares y defensores de derechos humanos responsabilizan directamente al aparato estatal por condiciones carcelarias donde priman la tortura, los tratos crueles, la negligencia y el abandono médico.
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Estas son las historias de 11 de los presos políticos que han muerto en prisión en Venezuela:
Alfredo Díaz, 6 de diciembre del 2025
El sábado 6 de diciembre, el Foro Penal denunció la muerte en prisión de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta de 56 años, quien llevaba más de un año en la cárcel de El Helicoide en condición de aislamiento.
Había sido detenido el 24 de noviembre del 2024, tras criticar la fraudulenta reelección de Maduro ocurrida el 28 de julio de ese año. Siempre fue un opositor al chavismo.
Díaz fue acusado de manera formal por la Fiscalía de los supuestos delitos de “incitación al odio” y “terrorismo”.
El régimen confirmó el deceso y aseguró que fue producto de un infarto. Mediante un comunicado, dijo que «Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (…) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después».
La hija del exgobernador, Daliannys Díaz, manifestó que su padre tenía problemas de salud al momento de su arresto. Sostuvo que se informó a los agentes que se lo llevaron que debía tener tratamiento.
“Hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba”, explicó en un video publicado en TikTok.
Raúl Isaías Baduel, 12 de octubre del 2021
Durante años, Raúl Isaías Baduel fue uno de los militares más influyentes de la Venezuela que vio a Hugo Chávez llegar al poder en 1999. Era su aliado desde antes.
General en jefe del Ejército y cofundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 junto a Chávez, jugó un papel decisivo en la historia reciente del país: encabezó la operación militar que restituyó a Chávez en el poder durante el golpe de Estado de abril del 2002. Esa acción lo convirtió en un héroe para el chavismo y en una figura clave dentro de la Fuerza Armada. Más tarde fue ministro de Defensa y uno de los oficiales de mayor prestigio dentro del Gobierno.
Pero su relación con Chávez se quebró en el 2007, cuando Baduel se opuso públicamente a la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida y crear crear un Estado socialista centralizado. Desde entonces pasó de aliado histórico a crítico frontal del proyecto político.
Baduel fue expulsado del círculo chavista, acusado de corrupción y encarcelado en el 2009 en un proceso que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como político.
Durante la presidencia de Nicolás Maduro, que se inició en el 2013 tras la muerte de Chávez, su situación se agravó: volvió a ser detenido en el 2017 bajo nuevos cargos y permaneció incomunicado en varias oportunidades. Para entonces, Baduel ya era uno de los símbolos más fuertes de la ruptura interna en el poder militar venezolano.
Baduel murió el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide, sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La versión oficial alegó complicaciones por COVID-19. Pero su familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron falta de transparencia, aislamiento y falta de atención adecuada.
La ONG Provea elaboró un informe titulado “La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel”, en el que documenta las irregularidades en su detención, reclusión, atención médica y afirma que su muerte forma parte de un patrón de abusos en prisiones venezolanas. Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha pedido una investigación independiente sobre su muerte.
Fernando Albán, 8 de octubre del 2018
Fernando Albán Salazar fue un concejal del municipio Libertador, en Caracas, por el partido opositor Primero Justicia.
Era un dirigente político activo y realizaba denuncias públicas sobre corrupción y violaciones de los derechos humanos. Formaba parte del sector opositor que se internacionalizó tras las protestas del 2017 contra el régimen de Maduro.
Albán fue arrestado el 5 de octubre del 2018, al regresar de un viaje a Nueva York donde acompañó al dirigente Julio Borges a reuniones en la ONU. El régimen lo acusó de estar involucrado en el supuesto “atentado con drones contra Nicolás Maduro” ocurrido en agosto de ese año.
Organizaciones como el Foro Penal y otras ONG internacionales calificaron su detención de arbitraria y basada en acusaciones sin fundamento probatorio.
Albán murió el 8 de octubre del 2018 mientras estaba detenido en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, en un lugar conocido como “La Tumba”.
La versión oficial, presentada por el fiscal general Tarek William Saab, afirmó que Albán murió tras caer desde un piso alto del edificio.
La familia, su defensa y varias ONG rechazan esa versión oficial. Sostienen que Albán no estaba solo ni podía moverse libremente sin custodia, por lo que dudan de que hubiera tenido oportunidad de lanzarse o caer por sí mismo.
El cuerpo de Albán presentó señales que, según ellos, apuntan a un manejo irregular previo a la muerte. Aseguran que su muerte fue consecuencia de acciones dentro de la sede del SEBIN, no de un acto voluntario.
Amnistía Internacional, la ONU y Human Rights Watch han calificado el caso como una muerte bajo custodia que requiere investigación independiente.
Rafael Acosta Arévalo, 29 de junio del 2019
Rafael Ramón Acosta Arévalo fue capitán de corbeta de la Armada de Venezuela. Era un oficial con buena trayectoria y mantenía posiciones críticas frente al rumbo político y militar del país.
Fue detenido el 21 de junio del 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El régimen lo acusó de estar involucrado en un supuesto plan para asesinar a Maduro durante un levantamiento militar.
Su defensa y organizaciones como Foro Penal calificaron la detención de arbitraria. Durante ocho días estuvo desaparecido, sin que su familia o abogados supieran dónde estaba.
Acosta Arévalo murió el 29 de junio de 2019, un día después de ser presentado ante tribunales judiciales.
Cuando lo llevaron al juzgado, no podía mantenerse en pie y mostraba signos severos de deterioro físico. La versión oficial indicó que murió por un paro cardiorrespiratorio.
La familia de Acosta Arévalo, así como su abogada y diversas ONG, sostienen que el oficial fue torturado durante su detención en la DGCIM. Manifiestan que su muerte fue consecuencia directa de ese trato mientras estaba bajo custodia del Estado.
Durante los días previos, el Estado impidió conocer su paradero, lo que califican como desaparición forzada.
No ha habido una investigación independiente ni responsabilidades reales.
Para el movimiento de derechos humanos, la muerte de Acosta Arévalo es una de las evidencias más citadas ante organismos internacionales en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Nelson Martínez, 12 de diciembre del 2018
Nelson Martínez fue ministro de Petróleo del régimen de Maduro. Ingeniero químico de profesión, también fue presidente de PDVSA y de Citgo. Era considerado un técnico con larga experiencia en la industria hidrocarburífera.
Martínez fue detenido en noviembre de 2017, junto al también expresidente de PDVSA Eulogio Del Pino. El gobierno de Maduro los acusó de corrupción vinculada a operaciones financieras de Citgo.
Sin embargo, diversos analistas y ONG señalaron que los arrestos ocurrieron en medio de una purga interna, cuando Maduro buscaba reforzar control político sobre PDVSA.
La defensa de Martínez sostuvo que no existían pruebas de enriquecimiento personal y que el caso estaba motivado políticamente.
Martínez pasó la mayor parte de su detención en El Helicoide. También estuvo un tiempo en instalaciones de la DGCIM. Durante su reclusión, su salud se deterioró de manera sostenida.
Nelson Martínez murió el 12 de diciembre del 2018. La versión oficial señaló que falleció por complicaciones cardíacas. Pero su familia y sus abogados denunciaron que su muerte ocurrió después de no recibir atención médica adecuada, pese a que se encontraba con condiciones de salud preexistentes que requerían tratamiento.
El Foro Penal y Amnistía Internacional han señalado que el caso de martínez es un ejemplo de fallecimiento bajo custodia asociado a condiciones de detención y falta de atención médica.
Salvador Franco, 3 de enero del 2021
Salvador Franco fue un indígena pemón de la comunidad Kumarakapay, en el estado Bolívar. Formaba parte del grupo de indígenas pemones implicados en el levantamiento armado de diciembre del 2019, cuando atacaron un puesto militar en Gran Sabana y se llevaron armamento. El hecho se dio en un contexto de disputas por el control territorial y la minería ilegal en la zona.
Franco fue detenido en marzo del 2020 y acusado por el gobierno de participar en el ataque al destacamento militar, asociación para delinquir, terrorismo y tráfico de armas.
Sin embargo, organizaciones indígenas, su defensa y activistas de derechos humanos afirmaron que no existían pruebas directas contra él, y que se trató de un proceso con violaciones al debido proceso, incluido el tiempo que estuvo sin contacto con familiares o abogados.
Salvador Franco murió el 3 de enero del 2021 en el Centro Penitenciario de El Rodeo II, en el estado Miranda. La información oficial indicó que su muerte estuvo relacionada con un grave deterioro físico.
Varias ONG, médicos independientes y su defensa señalaron que sufría de desnutrición, una infección y problemas de salud no atendidos, a pesar de existir una orden judicial que exigía su traslado inmediato a un hospital, algo que no se cumplió.
Su familia denunció que estuvo detenido en condiciones inhumanas, algo que agravó su salud, y exigió una investigación independiente y el reconocimiento de que su fallecimiento ocurrió bajo custodia estatal sin garantías básicas.
Gabriel Medina Díaz, 29 de agosto del 2021
Gabriel Medina Díaz era un exfuncionario policial venezolano que había pertenecido a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Fue detenido el 24 de abril del 2020 en el estado Monagas, junto con otras ocho personas. Se les acusaba de planear un supuesto secuestro contra el número dos del chavismo Diosdado Cabello para cobrar una recompensa ofrecida por Estados Unidos.
Los delitos que le imputaron a Medina incluían traición a la patria, organización de cuerpos armados, tráfico de armas, entre otros.
Medina fue recluido en el anexo Nelson Mandela del centro penitenciario conocido como La Pica, en Monagas.
Un mes antes de su muerte había presentado un grave deterioro de su salud. Según testimonios, comenzó a retener líquidos, tenía problemas respiratorios, escupía sangre y otros síntomas alarmantes.
Sus abogados habían solicitado que se le permitieran exámenes médicos en una clínica privada, pero los tribunales negaron la petición.
Finalmente, ante la presión interna fue trasladado al Hospital Manuel Núñez Tovar, donde falleció el 29 de agosto del 2021, tras sufrir un paro respiratorio.
De acuerdo con el informe de su autopsia difundido por prensa, tenía diagnóstico de tuberculosis, una enfermedad frecuente en cárceles venezolanas debido a hacinamiento e insalubridad.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención fue arbitraria, que no hubo pruebas suficientes para acusarlo del supuesto plan de secuestro, y que murió estando bajo custodia sin que las condiciones mínimas de salud y protección le fueran garantizadas.
Carlos Andrés García, 17 de setiembre del 2017
Carlos Andrés García era concejal del municipio Guasdualito, en el estado Apure, por el partido opositor Primero Justicia.
Fue detenido el 17 de diciembre del 2016, cuando su residencia fue allanada tras las protestas antigubernamentales en Guasdualito.
Se le imputaron cargos relacionados con supuestos actos de saqueo y violencia durante esas protestas, aunque su partido y defensores denunciaron que las acusaciones fueron arbitrarias. Permaneció bajo custodia del SEBIN.
Carlos Andrés García murió el 17 de setiembre del 2017. Según los reportes oficiales, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba detenido en la sede del SEBIN en Apure.
Su familia y su partido acusaron al Estado de negligencia médica: sostienen que a García se le negó atención médica oportuna cuando comenzó a presentar síntomas.
Para el Foro Penal, la muerte de García representa un caso de tortura institucional. Interpreta la falta de atención médica como un mecanismo de represión contra presos políticos.
Jesús Manuel Martínez Medina, 14 de noviembre del 2024
Jesús Manuel Martínez Medina era un ciudadano venezolano que el 28 de julio del 2024 actuó como testigo electoral en las elecciones presidenciales en el estado Anzoátegui. Era militante del partido Vente Venezuela, de María Corina Machado.
Fue detenido el 29 de julio del 2024 en su domicilio por agentes del SEBIN.
La detención habría sido arbitraria, motivada por su función como testigo electoral. Lo responsabilizaron por su participación en la supervisión del proceso, un derecho civil que, según sus defensores, fue criminalizado.
Durante su detención, Martínez Medina sufrió un fuerte deterioro de salud. Padecía de diabetes tipo II y problemas cardíacos.
Según denuncias, en la prisión le salieron abscesos en la piel, infecciones y necrosis en una pierna, síntomas atribuibles al maltrato, la insalubridad y la negación de atención médica.
Fue trasladado al hospital Hospital Universitario Luis Razetti, en Barcelona (Anzoátegui), donde finalmente murió el 14 de noviembre del 2024.
Su familia, defensores de derechos humanos y dirigentes de oposición acusan al Estado venezolano de ser responsable de su muerte. Reafirmaron que que la detención fue arbitraria y que se le negó atención médica aún sabiendo de sus condiciones de salud.
Jesús Rafael Álvarez, 12 de diciembre del 2024
Jesús Rafael Álvarez era un hombre de 44 años, casado y padre de tres hijos.
El 2 de agosto de 2024 fue detenido junto con su esposa en su vivienda ubicada en El Callao, estado Bolívar, por agentes de la DGCIM, quienes no presentaron una orden de arresto.
Su detención se dio en medio de la ola represiva que emprendieron los cuerpos de seguridad tras las protestas que estallaron cuando se proclamó a Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio del 2024.
Las autoridades lo acusaron de “terrorismo” e “instigación al odio”.
Tras su detención, Jesús Rafael Álvarez fue enviado al penal Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo.
Murió entre el 12 de diciembre del 2024, cuando aún se encontraba bajo custodia del Estado.
Hasta la fecha, no se ha dado a conocer públicamente una causa oficial precisa de su muerte.
Organizaciones denuncian que fue llevado al servicio médico del penal sólo cuando su salud se agravó, después de que presos protestaran por su mal estado.
Uno de sus hijos denunció que su padre, que “era una persona sana”, sufrió torturas y malos tratos en prisión, que lo castigaban por pedir comida o hablar con su familia; lo aislaban o amarraban, y lo golpeaban.
Su muerte es considerada por su familia y por organizaciones como Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) como parte de la represión poselectoral, producto del maltrato, la negligencia médica y las pésimas condiciones carcelarias.
Osgual Alexander González Pérez, 16 de diciembre del 2024
Osgual Alexander González Pérez fue detenido junto con su hijo (de 19 años) el 1 de agosto del 2024, en su vivienda en el estado Lara, en el contexto de la represión de las protestas poselectorales de julio de ese año.
Ambos fueron trasladados al penal Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo.
En diciembre del 2024 Osgual comenzó a presentar síntomas como dolor abdominal intenso, piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado, indicios que su familia describió como hepatitis.
Las autoridades del penal diagnosticaron inicialmente un “cólico nefrítico” y le dieron tratamiento para el dolor, pero no realizaron los exámenes apropiados ni solicitaron su traslado oportuno a un hospital externo, según denuncias.
Luego de varios días siendo atendido, murió el 16 de diciembre de 2024 bajo custodia.
En su entierro, sus familiares denunciaron presiones por parte de las autoridades para limitar sus declaraciones públicas sobre el caso.
