Petro-Perú se ha mantenido en el centro del debate desde la publicación del decreto de urgencia (DU) 010-2025, revelado en la víspera de año nuevo, el cual planteó la reorganización y división de los activos de la estatal. El objetivo que se planteó con el DU es alcanzar, de una vez por todas, la sostenibilidad operativa y financiera de la empresa, un concepto que hace mucho tiempo dejó de figurar en el diccionario de la petrolera.
Según Apoyo Consultoría, Petro-Perú ha acumulado una deuda que roza los US$8.000 millones, por encima de los US$6.500 millones que terminó costando la modernización de la hoy ineficiente refinería de Talara. Entre enero y setiembre del 2025, además, la empresa bandera registró pérdidas por US$355 millones; una cifra que podría aumentar en los próximos días, cuando se presenten los estados financieros del año anterior.
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El fracaso de la petrolera es evidente. Pero, aun así, abundan las voces que buscan confundir –e incluso engañar– a buena parte de la población, afirmando que las medidas recientemente adoptadas atentan contra la empresa “de todos los peruanos”. ¿Podrán ellos explicarnos cómo se han beneficiado los peruanos de los más de S/17.000 millones que el Estado aportó a Petro-Perú entre el 2022 y 2024? ¿Se atreverán a inventar alguna respuesta?
Ahora sabemos, también, que a los S/17.000 millones de aportes se suman más de US$1.000 millones pagados en el 2025 por las garantías de los préstamos otorgados a Petro-Perú; una cifra que la ministra Denisse Miralles reveló a este Diario, asegurando que ello implicó menos recursos disponibles para invertir en salud, educación y otros sectores.
Aunque el DU publicado aún debe demostrar su efectividad, insistir en un modelo que solo genera pérdidas no es una muestra de patriotismo: es una negligencia que puede comprometer seriamente el futuro económico del país. Harían bien en recordarlo quienes hoy defienden lo indefendible.
