Paredes despacha en el Tercer Juzgado Constitucional de Lima y arrastra un historial nada menor de fallos cuestionados. Antes de enfrentarse al JNE, declaró fundado un hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre.
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Era agosto de 2023 cuando, desde su despacho en el Edificio Javier Alzamora Valdez, decidió desmontar parte del andamiaje judicial que sostenía una condena de cuatro años de prisión suspendida contra Cerrón, por el Caso La Oroya.
Meses después, en enero de 2024, sorprendió nuevamente al ordenar la libertad de Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petro Perú e investigado por su presunta participación en la red criminal vinculada al expresidente Pedro Castillo.
Chávez llevaba meses recluido en el penal Miguel Castro Castro bajo prisión preventiva. Pero Paredes, con otro fallo que descolocó a la Fiscalía, declaró nulas las resoluciones del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, así como de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima, que habían dictado y confirmado la medida de coerción.
Años atrás, en junio de 2022, Paredes se estrenó no solo como un juez dispuesto a desafiar las jerarquías judiciales, sino también como un magistrado capaz de poner en jaque a la institución parlamentaria. Con un fallo inesperado por la mayoría de legisladores, ordenó al Congreso de la República suspender la elección del defensor del Pueblo hasta que se resolviera, de manera definitiva, una acción de amparo presentada por el sindicato de la defensoría.
El Parlamento no se quedó de brazos cruzados. Respondió con una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), en un pulso que se prolongó durante meses. Finalmente, en febrero de 2023, el TC zanjó la disputa: por cinco votos a favor, le devolvió al Congreso la potestad de continuar con la elección del defensor.
En enero pasado, el magistrado volvió a irrumpir en la escena al ordenar que se detenga la demolición de casas en San Juan de Miraflores por la ejecución de la Vía Expresa Sur, apenas tres meses después de que la Municipalidad de Lima iniciara la liberación de predios para avanzar con ese proyecto.
Fue un tropiezo legal para la gestión de Rafael López Aliaga, y su respuesta no se hizo esperar. La Procuraduría de la Municipalidad de Lima denunció penalmente a Paredes por presunto prevaricato y usurpación de funciones.
Choque frontal
La última batalla de Paredes tiene como escenario el proceso electoral. En julio pasado ordenó al JNE que fijara el 7 de abril como fecha de inscripción del partido Unidad Popular, liderado por el ex presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, con el fin de habilitarlo para competir en los próximos comicios generales.
El juez argumentó que el derecho a la participación política no podía verse cercenado por interpretaciones administrativas restrictivas. Según su lectura, Unidad Popular había cumplido los requisitos antes del cierre del registro, por lo que dispuso retrotraer la fecha de inscripción al 7 de abril, y no al 23 de junio, como sostenía el JNE.
El jurado respondió con firmeza: el calendario es intangible y ninguna autoridad puede reabrir etapas vencidas. Pero Paredes no se dio por vencido. “El Jurado Nacional de Elecciones no puede alegar sus competencias ‘exclusivas’ y ‘excluyentes’ para dejar de cumplir con lo ordenado”, replicó desde su despacho.
La pulseada subió de tono cuando el JNE ratificó su negativa a acatar la orden, y Paredes redobló la apuesta: multó a los cinco integrantes del pleno, así como al director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
La mañana del martes 2 de setiembre, el presidente del JNE, Roberto Burneo, encabezó una conferencia de prensa junto con los otros miembros del pleno. Frente a un grupo de periodistas expectantes, dijo: “Esperamos que en segunda instancia, con mayor reflexión y madurez, el Poder Judicial pueda atender los motivos y, obviamente, revertir estas decisiones irregulares”.
El tono subió unos grados cuando anunció que el pleno del JNE, por unanimidad, ha aprobado la presentación de una demanda competencial contra el Poder Judicial. Burneo defiende que las decisiones del JNE son irrevisables y que se tiene que garantizar el calendario electoral.
Hoja de vida
El expediente disciplinario del magistrado Paredes tampoco pasa desapercibido. En primera instancia acumuló varias sanciones, entre ellas una multa equivalente al 2% de su sueldo por demorar más de dos años en resolver una sentencia de amparo y una amonestación por no controlar a sus auxiliares frente a dilaciones procesales.
La sanción más severa llegó en mayo de 2024, cuando la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial ordenó suspenderlo cuatro meses por haber resuelto una demanda en la que él mismo figuraba como parte, un hecho que consideró una vulneración flagrante al deber de imparcialidad.
Paredes, sin embargo, precisa que su hoja de vida judicial está limpia y que todas las sanciones fueron revertidas en segunda instancia. “Todas han sido levantadas”, repite, con voz cortante, al otro lado del teléfono, cuando lo contactamos en su despacho.
Una fuente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó que, en efecto, el juez no llegó a ser suspendido.
El magistrado precisa que no tiene autorización para conceder entrevistas, pero ante nuestra insistencia responde.
¿Sesgo político detrás de sus fallos? Niega la acusación. “Hay que leer las resoluciones. Cada una tiene sus motivaciones, no es un tema de política. En el caso de Vladimir Cerrón, el tribunal nos dio la razón. Detrás de las decisiones hay fundamentación jurídica”, dice.
Con cada fallo, John Paredes va construyendo un perfil controvertido. La demanda competencial anunciada por el JNE le abre un nuevo frente.
