Mediante un comunicado publicado el martes en sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió “una decisión histórica” mediante la cual autoriza al Estado peruano a solicitar información financiera sobre el consorcio Rutas de Lima en el país norteamericano.
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“Se trata de una de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en Estados Unidos en un caso relacionado con presunta corrupción en una concesión pública”, indica el comunicado edil.
A diferencia de los dos procesos arbitrales que fallaron a favor del consorcio, esta vez la MML inició “un proceso judicial con un resultado inédito, es verdad, porque permitirá realizar una serie de consultas de registros en dicho territorio. Con esto, el Estado peruano podrá indagar en busca de información relevante, pero no puedo decir que es favorable o desfavorable para el Perú”, comenta a El Comercio el docente de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Carlos Arévalo.
El abogado Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, agrega que el proceso discovery “no está en el marco de los arbitrajes y tendrá como efecto que Rutas de Lima puedan entregar al juez la información solicitada, pero no mucho más”.
El conflicto entre la comuna y el concesionario se remonta a los años posteriores a la firma del contrato en el 2013, cuando la MML empezó a cuestionar el alza progresiva de los peajes. Desde el 2018, ambas partes se han enfrentado en múltiples tribunales en medio de acusaciones, controversias técnicas y la sombra del megacaso Lava Jato.
En los años 2020 y 2022 se emitieron dos laudos arbitrales contra la MML concluyendo que esta incumplió obligaciones contractuales vinculadas al reajuste de tarifas y a la continuidad operacional de los peajes.
Pese a ello, en agosto del 2023 el consorcio empresarial rechazó “las acciones de hostigamiento y amedrentamiento continuo que viene implementando la MML en su contra».
Con su llegada al cargo, Rafael López Aliaga heredó un lío que había iniciado su predecesor Jorge Muñoz. López Aliaga fue aún más contundente en apuntar a la exalcaldesa Villarán como destino de pagos irregulares por parte de la gigante brasileña Odebrecht, por entonces principal accionista del consorcio.
El caso penal contra Villarán se encuentra en etapa de investigación preparatoria con el Ministerio Público manteniendo la tesis de que presuntos aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS habrían influido en concesiones como Línea Amarilla y Rutas de Lima.
Con la resolución de este martes, la municipalidad espera reconstruir los movimientos ocurridos en las cuentas de Rutas de Lima entre los años 2013 y 2016 con el fin de “confirmar de manera independiente la existencia o ausencia de irregularidades financieras”.
“Me parece que sería difícil (comprobarlo) porque cualquier supuesto acto de corrupción busca ganar la licitación pero la concesionaria se constituyó después. Sería bastante inusual. En todo caso, si la MML llega a encontrar lo que busca, podrían evaluarlo para usarlo en los arbitrajes y otros procesos que están en marcha”, señala Cárdenas.
Cabe recordar que a inicios de año, la empresa canadiense Brookfield activó un proceso arbitral internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) reclamando una compensación de 2.700 millones de dólares por considerar arbitraria la decisión de suspender el cobro de peajes en la Panamericana Norte, una decisión que le atribuyó a la Municipalidad de Lima, el Tribunal Constitucional y otras autoridades nacionales.
En junio, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmó dos laudos arbitrales a favor de la concesionaria por cerca de 200 millones de dólares.
Dos escenarios
Ahora, con la decisión en Nueva York, “se abren dos escenarios muy claros”, comenta Arévalo.
“Uno de ellos es que sea favorable para la MML, podría ayudar a la pretensión edil para que las otras causas, incluso la causa penal contra la exalcaldesa Villarán, tenga mayor soporte para la responsabilidad penal que se le pueda imputar, también podría ayudar a neutralizar los laudos dictados en su contra. Pero si el discovery no da los resultados que pretenden, se podría convertir en un búmeran porque si bien la MML puede seguir los procesos que considere, es una señal que damos a los inversionistas que quieran venir a nuestro país y eso podría ser contraproducente”, detalla el experto.
Ambos especialistas coinciden, además, en que este es apenas un primer paso dentro de un proceso que podría tener novedades recién en los próximos meses.
Respuesta de Brookfield
A través de un comunicado Brookfield señaló que “esta es solo una orden procedimental para la exhibición de documentos que comúnmente se concede en las cortes de EE.UU. Dejamos en claro que la decisión en referencia no constituye un fallo o siquiera un comentario sobre temas de fondo relacionados a Brookfield o Rutas de Lima (RDL). Mas bien, Tribunales arbitrales internacionales e independientes sí han establecido que Brookfield adquirió su participación en RDL de buena fe”.
Agregó que “las comunicaciones emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) son un ejemplo más del uso del sistema judicial para dilatar procesos, confundir a la opinión pública, y así evadir sus responsabilidades contractuales y dilatar los pagos que le corresponde efectuar a RDL”.
En otro momento apuntó que “las alegaciones de la MML son una muestra más del desprecio al Estado de Derecho por parte de la MML y otras entidades del Estado Peruano, incluida la imposibilidad de RDL de cobrar peajes por la concesión vial que opera en la ciudad de Lima”.
