‘Los empresarios han sido expulsados de la política’ fue una de las conclusiones de la intervención de Jaime de Althaus. Que los buenos ocupen el lugar de los malos es una buena narrativa, nada descabellada si uno pasa revista a las 13 bancadas de hoy y se pregunta de dónde apareció tanto irresponsable. Es una narrativa nada forzada si uno revisa este antecedente: En el 2017, tras el escándalo Lava Jato que judicializó los aportes de Odebrecht a las campañas de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán y Lourdes Flores, entre otros; la reacción congresal, a guisa de penitencia legislativa, fue prohibir el aporte privado en general (esto se aprobó en el referéndum que promovió Martín Vizcarra, pero la idea del recorte no vino en el paquete de reformas del gobierno sino que lo agregó el propio Congreso). Se prohibió el financiamiento a través de empresas y se puso tope al de personas naturales. Los empresarios, por su lado, se curaron de espanto tras desfilar por el Ministerio Público a explicar porqué dieron lo que dieron y porqué no lo hicieron público. No solo se llamó a los que aportaron en secreto como, por ejemplo, Dionisio Romero o el Grupo Rassmuss, a la campaña de Keiko en el 2011; sino hasta a los aportantes que compraron sin complejos una entrada para un cóctel pro fondos.
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Para apoyar la narrativa, se suele citar, pues calza como un guante a este relato, el caso de Ricardo Briceño, ex presidente de Confiep, perseguido judicialmente porque su gremio hizo una bolsa de la que participó la entonces muy formal Odebrecht, para financiar una campaña genérica pro inversión. Como esto se hizo en la polarizada segunda vuelta del 2011 entre Keiko y Ollanta, en la hipótesis criminal se convirtió en un apoyo a Keiko con fondos oscuros provenientes de lavado de activos. Establecida la prohibición en el 2017, ¡imaginen cuánto dinero ajeno a la Confiep, a Briceño y a mínimos estándares de legalidad, ha entrado a las campañas!
El fondo ciego
En la tarde del viernes 8, otro evento, en el Hotel José Antonio, también versó sobre el financiamiento. Conversé con Percy Medina, jefe de misión de Idea Internacional, que fue uno de los anfitriones y panelistas y está de acuerdo con reabrir la cancha más allá del financiamiento público que existe desde la década pasada. En el mismo evento intervino virtualmente la argentina Delia Ferreira, ex presidenta de Transparencia Internacional y eminencia en el asunto del financiamiento partidario. Le dio su bendición al propósito local con dos recomendaciones esenciales. “Hay que priorizar el principio de transparencia, para saber de dónde viene la plata. Que los electores tengan esa información. Yo suscribo este pensamiento”, me dice Percy, resumiendo lo que dijo Ferreira.
Franco Olcese, del Centro Wiñak, defiende con ardor la reapertura del financiamiento privado. Le digo que los ilegales ya aportaban cuando se permitía el aporte privado y seguirán haciéndolo si este se permite. “Pero dejaría de existir ese incentivo perverso para la entrada del dinero sucio” me replica Franco con razón. “Nosotros hemos expuesto el tema a varios políticos y planteamos la propuesta de un ‘fondo ciego’, que el Banco de la Nación, pueda recibir donaciones de quienes no quieren que se sepa a quién aporta”. El portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, recogió la propuesta y ha presentado un proyecto de ley que la incluye, además de permitir el financiamiento abierto de empresas y aumentar el tope para el aporte de personas naturales. El proyecto está en Constitución y cuenta, en su esencia de reabrir la cancha a los privados, con el respaldo del presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi, que me dijo, para una crónica que hice sobre la bicameralidad que, resuelto ese dictamen, contaba con aprobar otro sobre financiamiento.
Percy Medina toma la idea del ‘fondo ciego’ con reservas, pues si bien se garantiza que la ONPE sí sabrá quién y cuánto aporta, el elector no lo sabría. Le comenté esta atingencia a Olcese y me replicó: “Hay que tener presente que estamos en una situación particular, dónde las economías ilegales han penetrado la política y hay que tener herramientas extraordinarias para eso”. Percy me dijo algo conciliador: “hay que estudiar el caso chileno, donde ese mecanismo se implementó y se dejó de usar y ver el justo medio para hacerlo lo más voluntario y transparente posible”.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, inauguró el evento de la tarde del viernes 8 y repitió la narrativa de reabrir la cancha a pesar de que podría dar asidero a otra que se cuenta sobre él: que en Madre de Dios, región de la que es el único congresista, hay un imperio de la minería ilegal al que no se habría sustraído su campaña. Él, por supuesto, niega esto categóricamente, pero vaya su caso para sustentar que bien haríamos si para futuros Salhuana o presidentes de Congreso, se abriera sin tapujos la baraja del aporte privado formal.
Muchas autoridades y congresistas actuales han recibido, en una cantidad imposible de determinar, aportes clandestinos en ‘cash’ o en especies (desde pines hasta avionetas privadas) de la minería ilegal y el narcotráfico, para solo mencionar las dos más importantes economías ilegales. Se lava mucho en la política y, especialmente, en las campañas. Se va a lavar mucho en la del 2026 y la idea es que el dinero formal entre sin restricciones para minimizar la tentación del aporte oscuro. Hay otra tendencia, que no es ilegal, pero incide en la subrepresentación de las mayorías: los partidos buscan fichar a candidatos que se autofinancien y, de paso, ayuden a financiar la campaña de la plancha presidencial. En otras palabras, venden puestos en la lista a empresarios solventes, afanosos por entrar a la política para que esta proteja sus intereses. Billetera mata carisma y afán de servicio. Para intentar corregir este y otros retorcimientos electorales, vigilemos si los congresistas aplican algún remedio o agravan la enfermedad.
