Siete de cada 10 peruanos opinan que el Perú está en retroceso, según Ipsos. Y es una percepción que se ha venido agravando sostenidamente. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, años dominados por alta inestabilidad política, retroceso institucional y elevada conflictividad social, el pesimismo escaló de 32% a 75%. Superada la pandemia, la inseguridad ciudadana ha desplazado a estos problemas y hoy se constituye como la principal preocupación de los peruanos.
Estando a 16 meses de las próximas elecciones generales, existe el riesgo de que esta sensación nuevamente conduzca a la mayoría de electores a caer seducida por planteamientos maximalistas para resolver los problemas cotidianos. Y no es un riesgo menor, considerando la ausencia de resultados del Estado en todos sus niveles de gobierno.
En un país tan heterogéneo como el nuestro, urge tener un mejor entendimiento de los problemas que aquejan a los ciudadanos, tanto en sus localidades como en su vida cotidiana. Por ello, hace dos meses y por encargo de Videnza, Ipsos realizó una encuesta en seis ciudades clave por su importancia económica, demográfica y social: Arequipa, Cajamarca, Cusco, Juliaca, Piura y Trujillo.
Los resultados confirman que, en promedio, a nivel de país, los dos principales problemas de las seis ciudades analizadas son la delincuencia (53%) y la corrupción (49%). A nivel de ciudad, los porcentajes se dividen en 50% y 33%, respectivamente. Entre las preocupaciones cotidianas destacan el costo del transporte público (31%), el tráfico (28%), la falta de ingresos (32%), la dificultad para ahorrar (20%) y el desempleo (18%).
La calidad de los servicios públicos esenciales es otra preocupación generalizada en estas seis ciudades. Menos del 37% de sus habitantes se muestra satisfecho o muy satisfecho con la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.
El caso más crítico es Juliaca, donde solo 1 de cada 10 ciudadanos está conforme con estos servicios públicos. Ninguna ciudad supera el 30% de satisfacción con la calidad de las escuelas públicas. Y la percepción sobre los servicios de salud es incluso más negativa: menos del 17% está satisfecho, y en Arequipa esta cifra desciende a menos del 10%.
Este descontento generalizado –que se refleja en el 96% de la población de estas seis ciudades que exige cambios al modelo económico–, en realidad está profundamente arraigado en las brechas estructurales de acceso y calidad de los servicios públicos.
Lo que se pide son mejoras en los servicios de salud (48%), educación (47%) y seguridad ciudadana (41%). No se exige reformas al modelo económico o un mayor estatismo, como sí lo vimos en las elecciones de 2021, especialmente en el sur del país votando por candidatos “antisistema”. En esa línea, resulta llamativo que ahora sea Trujillo donde el deseo de cambios radicales es mayor (61%), frente al 46% de Cusco y al 52% de Juliaca.
El clamor por el cambio es real, pero no por cualquier cambio, sino por uno que encare los flagelos antes descritos. La mayoría de los peruanos no quiere “patear el tablero”. Lo que pide al Estado es que cumpla con prestar servicios básicos de calidad y de forma transparente. Es decir, que, como mínimo, cumpla con su deber.
