Miércoles, Diciembre 18

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A las 5:45 a.m. de este martes 17, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, junto a la policía anticorrupción y el grupo especial GRECCO, ejecutaron el allanamiento en diversos inmuebles en Lima y Huaura, vinculados a 14 investigados.

El caso tiene que ver con la empresa Frigoinca y la presunta red de corrupción que se habría tejido con funcionarios de distintos niveles y regiones del programa Qali Warma, que brinda servicio alimentario a escolares de colegios públicos y que ahora tiene un nuevo nombre y nueva imagen, tras el escándalo.

Además…

Midis anuncia que reemplazará programa Qali Warma por Wasi Mikuna a partir del 2025

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, señaló que el programa de alimentación será reemplazado, desde el 2025, por una nueva iniciativa llamada Wasi Mikuna (Comida casera), tras las denuncias de entrega de alimentos en mal estado.

El funcionario explicó que el modelo que venían aplicando “ya no era suficiente”, motivo por el que optaron por una nueva alternativa donde se reforzará la participación de los padres a través de la APAFA.

El ministro Julio Demartini, quien se salvó de la censura en el Congreso, contó que pidió la renuncia del jefe de Qali Warma, Pedro Ripalda, ante los últimos escándalos. En su reemplazo fue designada Cecilia Barbieri.

La fiscalía apunta a la existencia de una presunta organización criminal que operaba “bajo un mecanismo de corrupción consistente en sobornos a diversos funcionarios y servidores públicos” del citado programa y otros estamentos del Estado, desde aproximadamente el 2020 hasta este año, antes de revelarse el caso.

Según la resolución judicial, a la que accedió El Comercio, la fiscalía anticorrupción había solicitado la detención preliminar por estos hechos de 13 personas, entre las cuales se encuentra el exdirector ejecutivo del programa Qali Warma y actual vocero presidencial, Fredy Hinojosa. El plazo solicitado para la detención era por diez días.

Sin embargo, una ley aprobada por el Congreso —aún en vigencia— frenó ese procedimiento. La jueza Leky Chagua Payano solo autorizó, producto de la norma, los allanamientos en diecisiete inmuebles, entre ellos la propia empresa Frigoinca, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Lo que gatilló el caso

El caso fue destapado por el dominical “Punto Final”, tras una exhaustiva investigación publicada a inicios de octubre. Al programa periodístico le llegó, de una fuente en reserva, un equipo celular y USB, conteniendo una serie de conversaciones de WhatsApp. La línea celular era de la empresa Frigoinca, la cual fue cedida a Noemí Alvarado, una de sus trabajadoras de ventas.

En los mensajes, se evidenciaba una serie de pagos a favor de funcionarios públicos gestados desde la empresa Frigoinca. En una primera línea de investigación, se reveló cómo se había sobornado, en Puno, a un funcionario para efectuar el cambio del producto estrella de Frigoinca: conservas Don Simón. Y así no verse perjudicados ni paralizados sus contratos.

Meses atrás, varios alumnos de un colegio en la localidad puneña de Cabana se habían intoxicado tras consumir ese producto, por lo que las muestras iban a ser objeto de un análisis. En los mensajes de WhatsApp, quedó evidenciado toda la operación que hubo detrás para cambiar las muestras y que así el análisis arroje que el culpable fue el agua del colegio, mas no la conserva.

Desde el Midis, se anunció entonces la suspensión de la distribución de los alimentos a nivel nacional de la marca Don Simón, entre otras acciones. Sin embargo, el escándalo recién empezaba. A través de otros reportajes, se evidenció más hechos y más funcionarios implicados con esta empresa que, solo en lo que va del año, había obtenido —en consorcio— contratos con el Estado por más de S/88 millones.

En noviembre, el dominical “Cuarto Poder” dio a conocer el testimonio de Noemí Alvarado, la extrabajadora implicada en las conversaciones. Su versión generó indignación y terminó por evidenciar el nivel de corrupción que había detrás de esta historia, donde se facturó a costa de la salud de los estudiantes más humildes.

Alvarado, quien dijo temer por su vida y pedía acogerse a la colaboración eficaz, dio a conocer públicamente que la empresa Frigoinca alteraba los productos para reducir costos y narró cómo, bajo las órdenes de Nilo Burga, dueño de la empresa Frigoinca, incluso se comercializaba carne de caballo.

“La carne supuestamente era de res, pero no era de res. La carne era carne de caballo” [¿Lo que venía era carne de caballo?] “Sí, mezclado. Como le comento, en algunos lotes era puro caballo, algunos lotes era puro res y algunos lotes eran cabeceados”, reveló Alvarado al dominical “Cuarto Poder”.

En su testimonio, Alvarado también señaló a Víctor Salazar Cóndor, exfuncionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022, como la persona que servía de contacto. Y el caso empezó a salpicar al actual vocero presidencial Hinojosa.

“Hablaban [Salazar] con mi jefe para que no hagan las pruebas de ADN a las conservas cárnicas. Le decía que por favor no vayan a hacer para el 2023 (…) entonces le decía: ‘no hay problema, yo lo manejo. Yo voy a hablar con Freddy, él hace lo que yo le digo. [¿A quién se refería, al señor Freddy Hinojosa?] Sí, al señor Freddy Hinojosa”, relató.

“No existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción”.

Fredy Hinojosa Exdirector ejecutivo de Qali Warma y actual vocero presidencial

Las indagaciones fiscales

A las denuncias periodísticas, se sumaron las pesquisas fiscales. Para el Ministerio Público, Frigoinca S.A.C. habría realizado diversos actos de corrupción, realizando pagos mensuales y anuales de dinero a funcionarios y servidores del programa Qali Warma a nivel nacional, extendiéndose esto a otras entidades.

Se habría diseñado para ello “un plan de acción de sobornos a nivel nacional”. El objetivo: generar ganancias económicas de manera ilegal y mantenerse en el mercado comercializando sus productos “sin reunir los requisitos de calidad exigidos por el programa Qali Warma, al parecer no apta para el consumo humano”.

En la estructura de la presunta organización criminal que maneja la fiscalía se han ubicado a un total de 14 personas, siendo ubicado a la cabeza Nilo Burga Malca, presidente del directorio de la empresa Frigoinca.

La fiscalía le atribuye a Burga, entre otros, el haber coordinado “la forma de producción de los productos cárnicos para abaratar los costos, utilizándose aditivos como: soya, gelatina, ácido cítrico, carne de caballo, piltrafa, que son los desechos de la res”.

También “recortes de pechuga, que se llama solomío, y hacía pasar pollo por pavo (…) y mandaba a fabricar algunos lotes de pura carne de caballo, otros lotes cabeceados (combinados) y otros de pura res”.

A Nilo Burga, además, se le atribuye el haber dispuesto la creación de empresas ‘testaferros’ —se consignan al menos cinco— “para los fines de los intereses de la presunta organización criminal”.

En el caso, también está comprendido su hijo, Michael Burga Farro, jefe de ventas de la empresa y señalado ahora por la fiscalía como “hombre clave” de la presunta red.

“Enviaba y coordinaba con Noemí Alvarado, [brazo operativo necesario] para que contacte con los funcionarios y servidores de Qali Warma y ofrezca el soborno (bonos anuales y cuotas mensuales)”, se indica.

La fiscalía investiga a los implicados por el presunto delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo propio.

Según se anunció, en los allanamientos en total a 17 inmuebles vinculados a los 14 investigados se incautaron “documentos y dispositivos relevantes para la investigación”, los cuales serán objeto de extracción de información.

También se indicó que, adicionalmente a esta medida, se confirmó por orden judicial la incautación de más de mil conservas de la marca Don Simón, que habían sido inmovilizadas en un almacén de Lima norte, en noviembre.

El caso todavía parece guardar algunos secretos.

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