Los meses de noviembre y diciembre suelen ser los más peligrosos en el terreno legislativo. Es el momento en el que los congresistas buscan aprobar todo lo pendiente de los meses anteriores y, en medio del desborde de temas ingresados al pleno, se suelen colar algunas iniciativas perjudiciales. Para este cierre de año, hay que tener en cuenta dos iniciativas en particular vinculadas a la minería ilegal y a los taxis colectivo.
Las comisiones de Energía y Minas y de Transportes acaban de poner el pie en el acelerador para aprobar dos iniciativas que han sido muy cuestionadas, pero que están apuradas en sacar adelante antes del 15 de diciembre, cuando cierra la legislatura (la Junta de Portavoces acaba de aceptar que la semana de representación del último mes inicie el 16 de diciembre, con lo que se entiende que, por el momento, no están pensando en una ampliación).
La Comisión de Transportes presentó el lunes 28 un predictamen para prorrogar los alcances de la norma que formaliza a los taxis colectivo, cuyo plazo vence el 24 de diciembre. El debate quedó en un cuarto intermedio, pero se desprende que se aprobará; lo único que se pidió es un cambio en el plazo de la prórroga. El texto propuesto planteaba cuatro años adicionales, y en el debate se pidió que sean entre dos y tres años. Una cuestión de forma que, una vez subsanada, volverá al debate en unas semanas para aprobar el fondo.
Esta iniciativa busca ser aprobada pese a las opiniones negativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). El MTC señala que, al no excluirse a Lima y el Callao, “afecta el desarrollo y modernización del transporte regular, especial y urbano”. Esta última respondió que “no se evidencia sustento técnico alguno” en tres puntos que plantea el predictamen.
Lo mismo pasa con la Comisión de Energía y Minas, que, en su sesión de ayer, debatió –y dejó en un cuarto intermedio– el predictamen que busca ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence el 31 de diciembre.
Este mecanismo ha demostrado su disfuncionalidad y diversos especialistas coinciden en que los mineros ilegales han encontrado en el registro una suerte de manto de impunidad para sus actividades ilícitas. El mismo predictamen apunta que el Ministerio de Energía y Minas se ha pronunciado en contra de la medida.
Las dos propuestas detalladas provienen de las diversas bancadas de izquierda, pero han sido secundadas por las bancadas que en este espacio hemos bautizado como “surfistas”, como APP y Podemos Perú. La responsabilidad de poner un alto a estas peligrosas propuestas queda en manos del bloque de derecha.
Aunque la verdadera prueba de fuego será para el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que en su primer discurso aseguró que no impulsaría iniciativas relacionadas al sector minero. Pero más importante aún sería que la máxima autoridad legislativa marque una postura clara frente a propuestas que alargan la vida de sectores informales y constituyen espacios para la infiltración de actividades ilegales.
