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“Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, que todo se aclare y pedir tranquilidad para las personas que confían en mi trabajo”, fueron sus primeras y únicas palabras ante la prensa mientras caminaba con las manos esposadas.
La orden de detención preliminar de 15 días es contra 13 personas, entre las que están Agustín Lozano, Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), Gisella Mandriotti (presidenta de Cantolao). Además se allanó 17 inmuebles, 12 de ellos en Lima y 5 en el interior del país.
Entre los delitos que se le acusa como fraude en la administración y lavado de activos, a Lozano también se le investiga por usar el patrimonio de la FPF para beneficiar a terceros a través del aporte ilegal de dinero a clubes y ligas departamentales. Además de haber gestionado conjuntamente con la Junta Directiva de la FPF una licitación pública en la que existió un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports (dueña de los derechos televisivos de la Liga 1) y, posteriormente, coaccionar a clubes de la Liga 1 2023.
En el expediente se hace referencia al Código de Ética de la FIFA del año 2018, que en su artículo 19° señala que “las personas sujetas a este código no podrán ejercer sus funciones (en particular preparar y participar en la toma de decisiones) en situaciones en las que haya un conflicto de intereses, sea este real o posible, que pueda afectar a su actuación. Un conflicto de intereses surge cuando las personas sujetas al presente código tienen, o dan impresión de tener, intereses secundarios que puedan influir en el cumplimiento de sus obligaciones de manera independiente, íntegra y objetiva. Se entiende por intereses secundarios toda posible ventaja que redunde en beneficios de las personas sujetas al presente código o sus partes vinculadas, según la definición de este código”.
¿Puede ser sancionado?
Agustín Lozano, hoy recluido en la carceleta de la Prefectura, tiene mandato hasta diciembre de 2025. Sin embargo, tal como señala el abogado deportivo argentino Marcelo Bee Sellares, su detención es una falta muy grave, por lo cual es causal de destitución. “La competencia por Estatuto es de la Asamblea de bases, quien puede con una mayoría simple, destituir al presidente e integrantes de la Junta Directiva”, tuiteó el letrado.
Pero esa no sería la única consecuencia deportiva que sufriría el directivo de Chongoyape. El Código de Ética de la FIFA, en su nueva versión publicada en el 2023, se refiere a las normas de conducta y deberes generales de un dirigente.
En el artículo 14°, el documento indica que “las personas sujetas al presente código deberán ser conscientes de la importancia de su función y de las obligaciones y responsabilidades concomitantes. En particular, las personas sujetas a este código deberán cumplir y ejercer sus deberes y responsabilidades diligentemente, en especial en relación con las cuestiones de carácter económico”.
En ese sentido, el Código decreta que el incumplimiento del artículo mencionado “será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de diez mil CHF (franco suizo), así como la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años”.
De momento, lo último que estaría pensando Agustín Lozano es en alguna sanción deportiva. Sin embargo, de quedar en libertad pasado los 15 días de detención preliminar, el directivo podría quedar fuera de todo.
