Una reciente propuesta legislativa ha sido presentada en el Congreso de la República: el Proyecto de Ley N.º 11850/2024-CR, cuyo autor principal es el congresista Nirvardo Edgar Tello Montes, de la bancada de Perú Libre. Esta iniciativa plantea autorizar a conductores con licencia de categoría A-I, es decir, sin licencia profesional, a brindar el servicio de taxi.
Según el documento oficial, la propuesta tiene como finalidad generar mayores oportunidades laborales y fomentar la formalización del servicio de taxi, “flexibilizando los requisitos administrativos sin afectar la seguridad vial ni la calidad del servicio”.
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Entre los principales requisitos para que los conductores con licencia A-I puedan ofrecer el servicio de taxi se incluyen: no registrar infracciones graves ni muy graves durante un año, contar con autorización municipal vigente, aprobar un curso básico de seguridad vial y atención al usuario acreditado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la entidad competente, tener un vehículo inscrito en el Registro de Servicio de Taxi, contar con el SOAT vigente, y aprobar la inspección técnica vehicular correspondiente.
Además, el proyecto busca devolver a las municipalidades provinciales la competencia para regular y autorizar este servicio —a nivel de Lima y Callao—, lo que, según expertos consultados, desplazaría a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
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En la actualidad, para brindar el servicio de taxi se debe contar con una licencia de conducir A-IIa, un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente, así como con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), de acuerdo con lo establecido por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
Además, se requiere una autorización de servicio vigente, la habilitación vehicular y la credencial de conductor otorgada por la misma entidad. Asimismo, es necesario haber aprobado el curso de conductor profesional en una Escuela de Conductores autorizada.
En el caso de las personas que brindan el servicio temporal de taxi por aplicativo, actualmente no existe una regulación específica. Por ello, los conductores deben contar con una licencia de conducir vigente, un SOAT activo, un Certificado de Antecedentes Penales, una prueba de confianza y una foto de perfil, según los requisitos establecidos por cada aplicativo.
Cabe resaltar que el presente proyecto de ley busca precisamente brindar facilidades a los conductores que trabajan bajo esta modalidad y que únicamente cuentan con una licencia de conducir básica.
Expertos alertan sobre riesgos y baja en la calidad del servicio
Franklin Barreto, exjefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), criticó el proyecto señalando que refleja una visión errada del transporte como salida económica improvisada. Según advirtió, se ha considerado al transporte y al tránsito como una especie de último recurso económico del país, amparado bajo un supuesto problema social que solucionar. Para él, esta lógica convierte el sistema de transporte en un espacio vulnerable que pone en riesgo la vida y la salud de las personas.
Barreto también recalcó que una licencia A-I no capacita completamente a un conductor para brindar el servicio de taxi. “Una persona que obtiene licencia de conducir particular no está preparada para realizar el transporte de personas”, declaró.
Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, reconoció que los conductores de las categorías A-I, A-IIa y A-IIb cometen infracciones similares, pero enfatizó la necesidad de una evaluación periódica y formación continua. “La licencia A-I se entrega por 10 años. Durante ese tiempo, el conductor no revisa la norma, no se actualiza en nada”, criticó.
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En esa línea, propuso retomar el modelo que alguna vez se aplicó en Perú y que actualmente funciona en España, donde la primera licencia se entrega por un año, luego por tres, por cinco y recién por un periodo indefinido.
Barreto defendió con firmeza el sentido de la formación profesional. “El reglamento nacional de licencias habla sobre una formación de conductores y el haber tenido unos cuantos años de experiencia con una licencia inferior”, recordó. Por eso, considera inadmisible que se habilite a cualquier conductor A1 a ofrecer un servicio que requiere pericia.
Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, alertó que el proyecto trasladaría facultades de control a las municipalidades, debilitando el rol de la ATU. También advirtió que Lima ya enfrenta una sobreoferta de taxis que contribuye a la congestión vehicular.
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Ojeda destacó además las diferencias entre las licencias A-I y A-IIa, señalando que esta última exige formación en atención al usuario, mecánica y derecho del consumidor, requisitos ausentes en la A-I. “La diferencia entre una licencia A-I y una A-IIa implica que el conductor tome cursos de atención al usuario, capacitación en mecánica, derecho al consumidor, entre otros, que no se obtienen con una A-I, donde solo se solicita una prueba de conocimiento”, explicó.
Transporte deficiente y falta de integración
Uno de los criterios del proyecto es permitir únicamente a conductores sin infracciones graves o muy graves acceder a esta habilitación. Pero Barreto rechazó ese enfoque.“El hecho de que una persona no tenga infracciones no significa que maneje bien. Simplemente nunca se cruzó con un policía”, dijo.
La propuesta también coloca en la mira la Ley N.º 31096, que establece la Formalización del Transporte de Pasajeros en Autos Colectivos, aplicable a nivel nacional —excepto Lima y Callao—, y que exige que los conductores cuenten con licencias de categorías A-IIa o A-IIb. Según expertos, de aprobarse el nuevo proyecto, los conductores podrían operar solo con una licencia básica.
Quispe, en tanto, señaló que el fenómeno del colectivo informal responde a la ausencia de un sistema de transporte eficiente. “El auto colectivo es una consecuencia de un deficiente servicio de transporte urbano”, afirmó.
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Para Ojeda, la ley ocasionarían una caída en la calidad del servicio de taxi que actualmente se brinda en el país. Además, expresó su preocupación respecto a que, de aprobarse la norma, los choferes de taxi colectivo podrían conducir sus vehículos con una licencia básica, lo que complicaría aún más los problemas alrededor de este sistema.
Quispe propuso una solución estructural: implementar un sistema integrado de transporte mediante una Asociación Público-Privada. “Lo que debe hacer el Estado es implementar el sistema integrado mediante una APP, comprar 10.000 buses con el privado”, propuso. Estimó que la inversión sería de aproximadamente 2.200 millones de dólares si se eligen buses eléctricos, y que en un plazo de tres a cuatro años se podría transformar el transporte urbano de Lima.
