Intervenciones focalizadas y sostenidas en rutas de transporte, mercados, barrios y otros espacios afectados por la extorsión fueron parte de la propuesta presentada por Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología, durante el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El planteamiento buscó articular a las entidades responsables de enfrentar este delito para recuperar el control de los territorios y permitir que los negocios operaren con mayor seguridad.
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La propuesta contempló un sistema de intervención territorial bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con participación de la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los gobiernos subnacionales.
“La PCM es la única entidad que tiene capacidad de poder articular más que bien a los sectores involucrados en esos temas”, sostuvo Zevallos. También señaló que esa coordinación debía traducirse en decisiones operativas y vinculantes, pues cuestionó que los espacios existentes se limitaran a repetir discusiones sin asegurar su cumplimiento.
El planteamiento incluyó compartir información de inteligencia y conectar las bases de datos de las entidades. El especialista destacó la importancia de la inteligencia penitenciaria y cuestionó las dificultades que enfrentan las instituciones públicas para intercambiar información.
Asimismo, propuso que la Policía pudiera activar investigaciones a partir de información de inteligencia, sin depender de que la víctima acudiera a presentar una denuncia. “La policía sabe, tiene la información de inteligencia que le permite saber dónde están esos actores criminales”, afirmó y vinculó esta medida con el temor a represalias y a la filtración de datos personales.
Zevallos señaló que ocho de cada diez víctimas de delitos no denuncian. En ese contexto, advirtió que el aumento de las denuncias de extorsión era especialmente preocupante, por los riesgos que enfrentan quienes deciden reportar las amenazas.
La propuesta también contempló indicadores verificables, informes periódicos y ajustes a las intervenciones. El objetivo es evaluar la seguridad de los territorios y la afectación a las víctimas, además de los resultados de los operativos policiales.
Durante un panel de conversación posterior a la exposición de Zevallos, Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, advirtió que la inseguridad había obligado a comerciantes a cerrar sus establecimientos o modificar su forma de atender al público.
Según indicó, existen más de 350 mil bodegas en el país y el 70% está liderada por mujeres. Explicó que las comerciantes habían tenido que invertir en cámaras y rejas para protegerse, mientras que algunas de sus asociadas han abandonado sus negocios e incluso emigrado por las amenazas contra ellas y sus familias. “Ya no tenemos la libertad de trabajar a puerta abierta, porque ya no sabemos si un cliente viene a comprarnos o viene a extorsionarnos”, afirmó.
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Campos también señaló que algunas víctimas evitan denunciar porque sienten que se exponen a nuevas represalias. Cuestionó que los estados de emergencia no han resuelto el problema y pidió medidas sostenidas para que las bodegueras puedan continuar trabajando. “Nosotros no pedimos dinero, pedimos seguridad, respaldo para poder seguir luchando en nuestros negocios”, sostuvo.
Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, respaldó el enfoque territorial y planteó crear espacios de participación para los pequeños negocios en las municipalidades, similares a las juntas vecinales.
Explicó que bodegas, panaderías, farmacias, bazares y mercados podían contribuir a diseñar estrategias de protección adaptadas a su actividad. Entre las posibilidades mencionó la compra conjunta de cámaras de vigilancia y la integración de esos equipos con los sistemas policiales.
Hermoza también advirtió que las organizaciones delictivas cambiaban de modalidad y se desplazaban entre territorios, lo que dificultaba una respuesta centrada únicamente en reaccionar a cada nuevo caso.
Al cierre del panel, Zevallos planteó recoger información de los propios gremios sobre las formas de extorsión y la afectación a sus asociados, sin exponerlos. También propuso impulsar encuestas de victimización empresarial que permitan mostrar al Estado la situación de los negocios y orientar las intervenciones.