Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros junto con Luis del Carpio, presidente del Proinversión, se refirieron al reciente Decreto de Urgencia N° 003-2026 que permitirá estructurar un fideicomiso para financiar hasta US$2.000 millones la operatividad de Petro-Perú.
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“No es más de lo mismo, es un procedimiento totalmente diferente donde la responsabilidad la va a llevar Proinversión. Se va a llevar a cabo mediante un procedimiento de fideicomisos u obviamente no va a ser con dinero del tesoro público, será con dinero del financiamiento externo, de la banca internacional”, explicó el premier en entrevista en RPP.
Por su parte, Del Carpio detalló que este fideicomiso va a ser administrado por Proinversión y que tiene un solo fin: asegurar la operación de Petro-Perú.
“¿Para qué sirve esta línea de financiamiento? Para que Petro-Perú siga operando. Si es que Petro-Perú deja de comprar crudo, pues no puede operar y no puede producir combustible. Es exclusivamente para asegurar la operatividad de la empresa, no vamos a destinarlo a deudas históricas”, remarcó el titular de Proinversión.
“La empresa ha sobrevivido con líneas de crédito de US$2.500 millones, que en los últimos años por la pérdida y el grado de inversión y por las distintas crisis ha ido perdiendo. Hoy Petro-Perú para que funcione tiene que pagar por adelantado la compra de crudo y eso limita sus operaciones”, agregó.
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Recalcó que no se le “está prestando a Petro-Perú”, sino que se le está prestando a una sociedad de propósito especial financiada por al menos cinco entidades financieras, cuyos nombres no reveló. “Se le está prestando a esta sociedad de propósito especial creada por nosotros con fideicomiso. Hay por lo menos cinco entidades financieras de nivel internacional con la cual venimos conversando y están dispuestas a financiar esta operación”.
Luis del Carpio afirmó además, que si no se tomaban medidas inmediatas, Petro-Perú podía entrar en un escenario de “cross default”, es decir, el vencimiento acelerado de sus obligaciones financieras, hecho que habría obligado al próximo Gobierno a asumir pagos millonarios. “Le estaríamos dejando una bomba de tiempo al siguiente Gobierno que es lo que responsablemente no queremos hacer”, sostuvo.
Por otro lado, el premier Arroyo señaló que el Gobierno defenderá el Decreto de Urgencia 010-2025, que impulsó la exministra de Economía, Denisse Miralles, y que el Congreso planea derogar. “Tenemos la esperanza de que no suceda”, subrayó.
