Ante el proceso de reorganización patrimonial de Petro-Perú, ProInversión sostuvo que la estrategia diseñada cuenta con un respaldo legal calificado, orientado a asegurar la viabilidad jurídica de una operación considerada compleja por su alcance y naturaleza.
Como parte de este proceso, la agencia contrató asesoría legal externa especializada para acompañar la ejecución del encargo otorgado por el Gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que le asignó la responsabilidad de estructurar la reorganización patrimonial de la empresa estatal.
La firma seleccionada fue el Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados, cuya elección —según indicó ProInversión— respondió a su experiencia técnica en reorganizaciones empresariales y operaciones corporativas de alta complejidad.
El rol del asesor legal externo será evaluar la viabilidad jurídica de la estrategia planteada y reducir los riesgos legales asociados al proceso, con el fin de permitir que la reorganización avance con la celeridad que demanda la situación de Petro-Perú.
De acuerdo con ProInversión, el acompañamiento legal resulta clave para ejecutar una reorganización patrimonial ordenada, bajo criterios técnicos y normativos, orientada a preservar la sostenibilidad de la empresa y garantizar la continuidad de la cadena de combustibles en el país.
