Desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón demandó al Estado por supuestos daños y perjuicios, y exigió una indemnización de S/ 8.6 millones por presunto daño moral, lucro cesante y afectación a su proyecto político.
El candidato presidencial de Perú Libre demandó al Poder Judicial, al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General del Estado ante la Corte Superior de Justicia de Junín.
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El recurso lo presentó a través de su madre, Bertha Rojas, candidata a la segunda vicepresidencia de la República con Perú Libre. Esto a pesar de que ambos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, por supuestos aportes ilícitos que habría recibido su partido.
“Vengo en representación de mi hijo porque viene sufriendo demasiado abuso, persecución, acusaciones que al final quedan en nada. Lo acusan de una y otra cosa, y esto no tiene nombre, vienen causando a mi hijo un daño moral y psicológico, y no solo a él, sino a toda mi familia y a la familia política de Perú Libre”, dijo Rojas en declaraciones recogidas por el portal de noticias “Contracorriente”.
Rojas argumenta que Cerrón sufrió daños irreparables por las sentencias dictadas en los casos Aeródromo Wanka y La Oroya, que posteriormente fueron anuladas.
Cerrón permanece en la lista de los más buscados.
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Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023, cuando fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por colusión (corrupción). Esto debido a irregularidades en la licitación del proyecto que buscaba construir un aeropuerto internacional en Jauja, conocido como el Caso Aeródromo Wanka.
Aunque la Corte Suprema lo absolvió y anuló la condena en marzo del 2025, Cerrón permaneció en la clandestinidad porque debe cumplir 24 meses de prisión preventiva por el caso de aportes irregulares. Aún así, realiza su campaña electoral de manera virtual y dirige a la bancada parlamentaria de Perú Libre.
El también exgobernador regional de Junín tiene una orden de captura nacional e internacional. La Policía Nacional del Perú ofrece una recompensa de S/ 500 mil para quien entregue información que dé con su paradero.
Cerrón enfrenta un proceso por presuntos actos de lavado de activos cometidos entre el 2008 y el 2021, en el contexto de la conformación, financiamiento y expansión del Movimiento Regional Perú Libre, luego convertido en partido político.
El Ministerio Público atribuye al líder de Perú Libre operaciones sospechosas que incluirían la compra de un local partidario por US$ 200 mil, el manejo de un origen de dinero desconocido cuantificado en más de seis millones de soles, un abono de más de S/ 879 mil a una cuenta del BBVA, la recepción de S/ 15 mil provenientes de una cuenta mancomunada de la expresidenta Dina Boluarte y Braulio Grajeda y la venta de un inmueble en Huancayo por S/ 162 mil.
Para la fiscalía, estas operaciones formarían parte de un esquema de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de origen ilícito, alimentado —según distintas declaraciones, actas e informes— por una red de corrupción instalada en el gobierno regional y reforzada por militantes y funcionarios afines.
El abogado penalista Vladimir Padilla señaló que el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de reclamar una reparación económica contra el Estado; sin embargo, precisó que está condicionada a la acreditación de una falla judicial determinante y no a simples discrepancias propias de un proceso.
“Si bien es cierto la Constitución y el Código establece que es posible pedir una indemnización, eso se hace en tanto y en cuanto haya habido un error judicial. Entonces, ¿Cómo entender eso? Si tú estableces y verificas que ese error ha sido gravitante, sí; pero si es parte del proceso, entonces automáticamente no se genera una indemnización”, dijo en diálogo con El Comercio.
Padilla añadió que este tipo de compensaciones no ha prosperado en el país y que su eventual reconocimiento implicaría consecuencias severas para los magistrados involucrados, al suponer la constatación de irregularidades graves en su actuación.
“En el Perú, que yo tenga conocimiento, nunca se ha pagado una indemnización por ningún tema de error judicial. Inclusive en el supuesto de que cupiera, no se ha dado eso porque sería reconocer no solamente un grado de gran irregularidad en el magistrado. Si un juez determinara que los jueces tal y cual han cometido una grave irregularidad y se tiene que pagar una indemnización, conllevaría inmediatamente a que esos jueces deben ser destituidos”, afirmó.
Consultado por las posibilidades de Cerrón, añadió: “Yo no le veo mucho éxito”.
En la misma línea, el abogado penalista Carlos Caro dijo que es poco probable que Cerrón gane la demanda.
“Esta es una demanda de conocimiento, un proceso ordinario. Podría durar 3 o 4 años por lo menos. Posteriormente, la segunda instancia puede durar un año y medio más. Y desde mi punto de vista, la probabilidad de que gane es limitada”.
Caro afirmó que estamos frente a “un típico caso de riesgo permitido de la administración de justicia”. Según este concepto, las autoridades no responden por casos en los cuales hay razonabilidad; solamente responden en los casos en los cuales hubo una actuación dolosa o negligente.
Añadió que el hecho de que existieran fallos condenatorios previos que luego fueron dejados sin efecto por las máximas instancias “no refleja una actuación dolosa o negligente, y está dentro del riesgo permitido”.
Finalmente, dijo que las entidades demandadas podrían deslindar responsabilidades entre sí, dado que cada una cumple funciones diferenciadas dentro del sistema de justicia y control.
“Lo curioso es que ahí no solamente denuncia a la Fiscalía, denuncia a la Contraloría y al Poder Judicial. Pero la Contraloría puede decir: ‘Yo realicé mis funciones. El Ministerio Público es el que valora y determina si va o no a un proceso, no yo’. Y el Ministerio Público dirá: ‘Yo no soy el que determina. El que determina es el Poder Judicial. Tan es así que puede rectificar errores regulares, que para eso está la apelación’”.
