Un reciente decreto de urgencia busca facilitar la participación del sector privado en la gestión de Petro-Perú, lo que ha generado un debate sobre el rol del Estado en el sector hidrocarburos. La necesidad de acciones oportunas que permitan resolver las deficiencias estructurales de la empresa y asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos es cada vez más urgente. El reciente retiro de la calificación crediticia por Fitch Ratings y el intento de renuncia de la gerenta general a poco de ser designada son señales de que la situación institucional y financiera de Petro-Perú continúa deteriorándose.
Problemas financieros se agravan
Desde el 2013, el apoyo financiero estatal a Petro-Perú asciende a S/24.600 millones, según estimados del IPE. Con esos recursos, se habría podido construir cerca de 320 colegios de alto rendimiento (COAR) o 95 hospitales de mediana complejidad. Pese a ello, los aportes han sido insuficientes para revertir la situación financiera de la empresa. En el 2024, Petro-Perú registró pérdidas por más de US$770 millones, un monto superior al presupuesto conjunto de Juntos y Pensión 65 ese año (S/2.350 millones aproximadamente). Además, para el tercer trimestre del 2025, la empresa ya acumula una pérdida adicional de US$355 millones, según lo reportado en sus estados financieros (no auditados).
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Uno de los factores detrás del sobreendeudamiento de Petro-Perú fue la inversión en la nueva refinería de Talara que habría terminado costando más de US$6.500 millones. Además, es resultado de una gestión inestable en el tiempo: desde el 2021, Petro-Perú ha tenido 11 gerentes generales, con una duración promedio de cinco meses. Esta alta rotación es generalizada entre las empresas públicas más grandes del país. Ello dificulta la provisión adecuada de servicios básicos, refleja el alto nivel de injerencia política sobre estas entidades, y debiera llevar a los hacedores de política a asegurar que se cumpla el principio del rol subsidiario del Estado. En ese contexto, aunque no es determinante en términos relativos frente a otros gastos, resulta cuestionable que Petro-Perú haya destinado aproximadamente US$400 millones a bonificaciones para sus trabajadores entre el 2015 y el 2024.
Los problemas financieros y la débil institucionalidad han resultado en una menor producción de combustibles. Entre el 2019 y el 2025, Petro-Perú pasó de producir 25 mil barriles de gasolina al día a solo 14 mil, una caída de 44%. Así, desde la pandemia, pasó de cubrir casi la mitad del consumo a solo un cuarto. En contraste, para cubrir la demanda creciente se incrementaron la producción de este combustible en La Pampilla y las importaciones.
En busca de salidas
El decreto de urgencia publicado a fines del 2025 y las posteriores declaraciones del Ejecutivo buscan promover la participación del sector privado en Petro-Perú, lo cual incluiría dar en concesión un conjunto de sus operaciones, así como permitir la venta de sus activos no críticos. De ser así, está lejos de ser una privatización, por lo que discutir si lo es o no no debiera distraer el avance de las acciones necesarias para corregir sus deficiencias. Con miras al proceso electoral, al menos 11 partidos estarían a favor de dar paso a la participación de capitales privados según lo manifestado en sus planes de gobierno o en declaraciones recientes de sus candidatos presidenciales.
Otras petroleras estatales de la región han permitido la participación de capitales privados, como Petrobras desde fines de los noventa o Ecopetrol desde el 2007, empresas que exhiben mejores indicadores financieros. A diferencia de estas, a setiembre del 2025 Petro-Perú tiene una deuda que equivale al triple de su patrimonio neto y beneficios en negativo (Ebitda). Pemex de México, otra empresa estatal y con un grave deterioro en su gestión, se encuentra contablemente en insolvencia. Ser pública no es una excusa para gestionarse inadecuadamente: Enap en Chile, que lo es, tiene grado de inversión según las agencias calificadoras.
No hay nada de estratégico en una empresa pública en las condiciones en las que se encuentra Petro-Perú. Más allá de consignas ideológicas acerca de su propiedad, los esfuerzos del gobierno actual y el entrante deben enfocarse en limitar la injerencia política en su gestión y en que esta genere valor. La colaboración público-privada es el camino para cumplir estos objetivos.
