El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez Miranda, defendió la designación de Wilfredo Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera, un puesto clave en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esto a pesar de las críticas realizadas desde el Congreso a esta decisión del gobierno de José Jerí.
Portilla Barrera- ahora a cargo de la formalización del sector- fue uno de los más 50,000 depurados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no haber cumplido con los requisitos mínimos.
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Al ser consultado por El Comercio sobre si el Ejecutivo dejaría sin efecto este nombramiento, Álvarez respondió que el ingeniero de minas “sigue” a cargo de la Dirección General de Formalización, “porque cumple con todos los requisitos” para realizar esta tarea.
“Y ha anunciado las acciones que impulsará con prioridad, entre ellas la elaboración del marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, la articulación con los gobiernos regionales para completar la transferencia del acervo documentario referido a la formalización de actividades mineras, y la implementación del censo de trabajadores mineros”, remarcó.
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El primer ministro, además, refirió que Portilla ha explicado que las concesiones mineras que tenía en el distrito de Santa Rosa de Quives (Canta, Lima) “caducaron de oficio, luego de que abandonara su proyecto al no encontrar mineral”.
“Estas caducidades se oficializaron en 2019 y 2020, y no es cierto, entonces, que haya sido excluido el año pasado, sino que se ha declarado concluido el proceso de formalización por estar en calidad de suspendido”, complementó.
Álvarez dijo que el hecho de que Portilla haya tenido dos concesiones mineras, “no constituye conflicto de interés ni lo descalifica profesionalmente”.
“El referido funcionario cuenta con 35 años de experiencia en el rubro y cumple con los requisitos exigidos para dirigir la Dirección General de Formalización Minera, conforme lo señala la Resolución Ministerial Nº012-2026-MINEM/DM. Es ingeniero de minas, con experiencia operativa y trayectoria en reconocidas empresas del sector”, expresó.
Para finalizar, el jefe del Gabinete Ministerial afirmó que “las decisiones” del gobierno “no se toman por presión mediática”, sino bajo “criterios técnicos y dentro de la ley”.
“La lucha contra la minería ilegal requiere instituciones firmes, no decisiones apresuradas”, acotó.
Críticas desde el Parlamento
Antes del pronunciamiento de Álvarez, desde el Congreso, representantes de diferentes bancadas solicitaron al Ejecutivo corregir “el error” que constituye la designación de Portilla y removerlo del cargo.
Por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Diana Gonzales (Avanza País), consideró que el nombramiento del ingeniero de minas “no es una coincidencia, sino una clara y peligrosa señal que debilita la institucionalidad del Estado y destruye la credibilidad sobre cualquier discurso sobre” la formalización de la minería.
“¿Con qué autoridad este señor exigirá ahora a los pequeños mineros cumplir la norma, si él no pudo cumplirla en su momento? […] El Estado no puede ponerse la capucha de la minería ilegal […] Portilla no puede continuar en el cargo, el gobierno debe corregir esta designación. Sobre la interpelación, si n hay una rectificación, es un tema que discutiría definitivamente con mi bancada”, cuestionó.
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Desde la bancada de Fuerza Popular, su portavoz, César Revilla, calificó como “un error” del ministro de Energía y Minas el referido nombramiento, porque “puede haber conflicto de intereses, especialmente en un tema tan controversial como la minería informal, que también está vinculado a la inseguridad ciudadana”.
“Que alguien que estuvo catalogado como minero informal entre en una dirección clave genera suspicacias. El ministro debe ser citado [al Parlamento] para que dé una explicación. Los funcionarios deben ser intachables y transparentes, más aún en un gobierno de transición”, dijo en diálogo con este Diario.
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¿Una interpelación a corto plazo?
Por su parte, el parlamentario Edward Málaga (no agrupado) sostuvo que el nombramiento de Portilla “es un gravísimo error” y que la responsabilidad directa es del ministro Bravo De la Cruz. “Para mí, significa que el lobby de la minería ilegal ha copado espacio de poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo”, advirtió.
En declaraciones a El Comercio Málaga Trillo dijo que “políticamente urge” una interpelación en contra del titular de Energía y Minas.
Agregó que recogerá el sentir de otros congresistas, a fin de determinar si promueve o no esta acción de control.
“Tengo que ver si hay disposición de mis colegas para firmar y hacerles entender que se necesita de una convocatoria de un pleno extraordinario, que es lo más difícil. No quiero lanzar una interpelación si no tiene viabilidad”, manifestó.
Málaga afirmó que Portilla debe dar un paso al costado o ser destituido “por sus enormes conflictos de interés”.
“El problema de fondo es la impericia y la falta de capacidad del gobierno, del presidente Jerí. Se ve que hay conflictos de intereses, como cuando el presidente va a reuniones a escondidas con empresarios chinas o contratan a militantes de su partido vinculados a sectores específicos”, concluyó.
A su turno, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Popular Democrático) dijo que el nombramiento del director de Formalización Minera del MINEM revela que existe una alianza entre el gobierno, la mayoría congresal y la minería informal e ilegal. “Jerí es un títere de esta mayoría y no me extraña ni sorprende decisiones de este tipo”, refirió.
Bazán Narro se pronunció no solo favor de la interpelación al ministro de Energía y Minas, sino también de su renuncia.
“Portilla debe ser retirado, inmediatamente, no se puede tener al gato de despensero. Son muy preocupantes las decisiones que está tomando este gobierno con el respaldo de la mayoría congresal”, finalizó.
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Más información
En julio de 2025, Portilla Barrera fue excluido del proceso de formalización mediante la Resolución Directoral N.°0004-2025-MINEM/DGFM, como parte de los 50.565 mineros informales depurados del sistema por no cumplir con los requisitos mínimos y estar su inscripción suspendida por más de un año.
En la relación de los “mineros informales” excluidos, una decisión adoptada en la gestión anterior, a su nombre figuran dos registros: Río Seco XXII y Río Seco XXI, respectivamente, ambos ubicados en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta (Lima).
Sin embargo, además del Reinfo, Portilla Barrera figura en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), específicamente, a través de la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociados S.A.C.
Y es que, según información de la Sunat, Portilla se desempeña como su gerente general desde 1996, aunque la empresa registra actualmente la condición de “no habido” por su domicilio fiscal. Aun así, en el RECPO, aparece habilitada para la “compra/venta y refinación de oro”.
En 2002 postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Caujul (provincia de Oyón, Lima), de donde es natural. Y veinte años después volvió a intentar acceder a un cargo público, esta vez como candidato a consejero regional por la provincia de Canta (Lima), nuevamente sin lograr ser electo. Coincidentemente —o no— en ambas oportunidades postuló por el partido Somos Perú, actualmente en el gobierno.
