Mientras algunos municipios más que duplican su presupuesto para proyectos de inversión, otros, incluso con obras paralizadas por falta de recursos, sufren recortes en el 2026.
La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 deja un balance claramente contradictorio para los gobiernos locales del país. Si bien el presupuesto total asignado a las municipalidades registra un crecimiento de 1,34% respecto al PIA 2025, el análisis detallado revela una recomposición interna que debilita de manera significativa su capacidad de inversión.
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Mientras el gasto corriente aumenta en 7,3% en 2026, el gasto de capital —destinado al financiamiento de obras e infraestructura— se reduce en 8,8%. Este patrón no es nuevo, sino que consolida una tendencia observada en los últimos años: más recursos para salarios, bienes y servicios, y menos para inversión pública, con impactos directos sobre la ejecución de proyectos locales y el cierre de brechas territoriales.
El ajuste en el gasto de capital no es homogéneo entre municipalidades. En 20 de las 26 regiones del país, los gobiernos locales reciben menos recursos para inversión en comparación con el año anterior. Las caídas más pronunciadas se registran en Lima Provincias (-33,3%), Ucayali (-32,8%), San Martín (-28,8%) y Ayacucho (-27,8%). En contraste, solo un grupo reducido de regiones muestra incrementos, liderado por El Callao (22,3%), Lima Metropolitana (20,9%), Ica (17,7%) y Moquegua (17,2%). En el caso de la capital, los contrastes son igualmente marcados: distritos como Comas (110,3%), Surquillo (91,1%) y San Juan de Miraflores concentran los mayores aumentos, mientras que Barranco (-60%), Breña (-46,5%) y Miraflores (-45,8%) figuran entre los más afectados por los recortes.
En varios departamentos, la reducción del gasto de capital alcanza a casi la totalidad de municipalidades provinciales. Ayacucho, Tumbes y Ucayali registran caídas en el 100% de sus provincias, mientras que en Lima Provincias y Arequipa cerca de nueve de cada 10 municipalidades provinciales pierden recursos. Cusco también destaca por la magnitud del ajuste: apenas el 15% de sus municipalidades provinciales incrementa su presupuesto, frente a un 85% que lo reduce, lo que compromete seriamente la capacidad de sostener inversiones de alcance regional.
En términos agregados, de los 1.890 gobiernos locales analizados, el 65% reduce su presupuesto de gasto de capital en el 2026. En promedio, estas municipalidades contarán con solo la mitad de los recursos disponibles en 2025, y uno de cada dos municipios registra recortes superiores al 50%. El 35% restante sí incrementa su presupuesto, con aumentos promedio que superan el 80%; incluso, uno de cada cuatro municipios duplica o más sus recursos destinados a inversión.
Las disparidades extremas dificultan cualquier planificación de mediano plazo. A nivel provincial, algunas municipalidades quintuplican sus fondos, mientras que otras prácticamente los eliminan. Bolívar (La Libertad) incrementa su presupuesto de capital en 336%, Ica en 204% y Huancayo en 135%; en contraste, Bongará–Jumbilla (Amazonas) lo reduce en 97%, Canta (Lima) en 89% y Junín en 82%. Un escenario similar se observa a nivel distrital, donde algunas municipalidades multiplican por ocho su presupuesto de inversión, mientras otras lo recortan casi en su totalidad, generando fuertes discontinuidades en la ejecución de proyectos.
La escasez de recursos se refleja también en la continuidad de las obras. De acuerdo con información de la Contraloría, existen 427 inversiones paralizadas por falta de recursos financieros y liquidez en gobiernos locales. El 71% corresponde a municipalidades distritales y el 29% a provinciales. En total, 220 municipalidades concentran estas obras, y en 131 de ellas el presupuesto de capital fue reducido en el 2026. Cusco, Ayacucho y Apurímac destacan por concentrar el mayor número de municipalidades con obras paralizadas y, al mismo tiempo, con recortes en su presupuesto de inversión.
En conjunto, el PIA 2026 consolida un giro que debilita el rol del presupuesto como herramienta de planificación territorial. La caída del gasto de capital en la mayoría de las municipalidades, sumada a variaciones abruptas año a año, evidencia serios problemas de planificación y asignación de recursos. Esta dinámica limita la capacidad de los gobiernos locales para sostener una cartera de proyectos, dar continuidad a las inversiones y avanzar de manera sostenida en el cierre de brechas.
Frente a este escenario, resulta indispensable repensar los criterios de asignación presupuestal para los gobiernos locales. Se requiere mayor previsibilidad en los recursos de inversión, mecanismos que prioricen la continuidad de proyectos y una mejor articulación entre niveles de gobierno para evitar recortes en municipios con obras en ejecución o paralizadas. Fortalecer la planificación multianual, reducir la volatilidad presupuestal y alinear la asignación de recursos con objetivos de desarrollo territorial no solo permitiría mejorar la eficiencia del gasto, sino también recuperar el presupuesto público como una herramienta clave para el desarrollo local y el cierre de brechas.
