Detrás de la presunta mafia de proxenetismo dentro del Congreso, estaría Jorge Torres Saravia, quien hasta hace unos días era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, según el programa periodístico. El pasado 13 de diciembre, solo tres días después del atentado, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, firmó su destitución. Actualmente, diversos congresistas y bancadas exigen una investigación exhaustiva para conocer la realidad detrás de las acusaciones expuestas por el programa de Willax.
Es importante señalar que la página oficial que presentaba a Torres Saravia como jefe fue eliminada después de su destitución y vinculación con la presunta organización criminal.
¿Cómo funcionaba la presunta red en el Congreso?
Según el reportaje emitido la semana pasada, la presunta red de prostitución estaba liderada por Jorge Luis Torres Saravia, conocido con el alias de ‘Koki’, un militante de Alianza para el Progreso (APP) y hombre de confianza de César Acuña, líder del partido mencionado. En la entrega periodística, una extrabajadora del Congreso declaró que Torres Saravia habría contratado a mujeres sin experiencia para cubrir diversos puestos, cuando en realidad estaban supuestamente recluidas para realizar trabajos sexuales.
El informe menciona que Vidal actuaba como la presunta cómplice de Torres Saravia, y era ella quien aparentemente se encargaba de captar a las mujeres para colocarlas como asesoras o secretarias. Así la joven de 28 años también habría obtenido su puesto de asesora legal, bajo la presunta recomendación del excongresista Luis Valdez, señaló el programa.
La hipótesis presentada en el informe sugiere que Vidal habría sido víctima del atentado debido a que, tres meses antes, fue destituida de su puesto de asesora legal tras una discusión con Torres Saravia. Es así que habría sido silenciada por conocer información comprometedora sobre las acciones criminales de Torres Saravia dentro de la institución.
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El mismo programa, “Beto a Saber,” reveló que en 2020 una mujer denunció a Torres Saravia por una presunta violación sexual durante la campaña del excongresista Luis Valdez. Según la víctima, fue drogada y abusada. Un audio divulgado en el programa parece mostrar que Torres Saravia habría admitido la acusación y ofrecido una indemnización.
Cabe destacar que Vidal trabajó en el Gobierno Regional del Callao en 2019, con un sueldo de S/ 15.000. Hasta septiembre de este año, se desempeñó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde recibía un salario mensual de S/ 10.000. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vidal era abogada, pero no tenía especialidad ni maestría registrada.
Exigen acciones inmediatas
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, señaló que investigarán a fondo la presunta red de prostitución dentro de la institución, promovida por Torres Saravia. En comunicación con El Comercio, Burgos enfatizó que el 26 de diciembre se convocará una reunión de urgencia, en la que deberán estar presentes los investigados.
“Este tema tan escabroso, relacionado con la presunta red de prostitución y los asesinatos de dos personas, amerita que la Comisión de Fiscalización tome cartas en el asunto”, declaró el parlamentario. Asimismo, solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que inicie las investigaciones.
Por su parte, la bancada de Renovación Popular expresó su preocupación e indignación ante las denuncias difundidas sobre la presunta red de prostitución y proxenetismo dentro del Congreso. Mediante un oficio dirigido a la fiscal Espinoza, solicitaron el inicio inmediato de diligencias preliminares para determinar la veracidad de los hechos e identificar a los presuntos responsables.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sitrapol) también criticó la presunta existencia de una red de prostitución y exigió, a través de un comunicado oficial, que se investiguen los hechos. Su representante, Tulio Vizcarra, indicó a El Comercio que ha solicitado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, la creación de una comisión investigadora que se encargue de “aclarar qué está sucediendo realmente” en la institución.
“Actualmente, hay un copamiento de trabajadores que han llegado con Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, Perú Posible y Avanza País, aliados de la mesa. No se ha restituido el Estatuto del Servicio Parlamentario, que es el documento que hubiese impedido que todo esto ocurriera”, comentó en relación a la contratación de personas por recomendaciones que no cumplen con la preparación necesaria.
Tulio Vizcarra también informó que la fallecida Andrea Vidal formaba parte del sindicato de trabajadores del Congreso. “Si Beto Ortiz tiene las pruebas de que hay una red de prostitución, que las muestre”, dijo.
En tanto, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) indicó que rechaza rotundamente las afirmaciones respecto a la presunta red de proxenetismo vinculada al partido y exige que se inicie una investigación exhaustiva.
“La bancada siempre estará a favor de las investigaciones que se hagan en el ámbito policial, judicial y administrativo, dejando en claro que nuestros miembros o los integrantes son respetuosos de las leyes vigentes en nuestro país”, concluyó su comunicado oficial.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la formalización de una investigación respecto a la presunta red de proxenetismo en el Congreso. De igual manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha realizado comentarios al respecto.
