— Hace tres semanas, la Confiep y otros 22 gremios empresariales, a través de un comunicado, exhortaron al Congreso a derogar “la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”. Pero el Parlamento solo modificó cinco artículos. ¿Esos cambios son suficientes?
No sé si son suficientes o no, porque no he visto [a profundidad] las modificaciones. Lo que sí le puedo decir es que tenemos estar alineados todos los actores en el Perú para enfrentarnos a este terrible flagelo que estamos sufriendo. No sé cuáles son los cinco artículos modificados en esta ley, pero cualquier cosa que relaje la lucha contra la criminalidad es una barbaridad, le están dando la espalda a la ciudadanía que está sufriendo ataques que ya se pasaron de la raya.
Hasta ahora la inseguridad ciudadana, le ha costado al Perú el 3,09% del PBI, eso es una barbaridad, S/31.500 millones al año nos cuesta la criminalidad. Y las extorsiones, que no habíamos visto antes en el Perú [a gran escala], suman S/6.000 millones. Siete de cada diez transportistas son extorsionados.
— El Congreso, además, ha establecido con los allanamientos deben realizar “con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública”. Este Diario ha advertido un déficit en los letrados del Estado. ¿No se mantiene uno de los principales problemas de esta norma?
Es terrible lo que ha sucedido y eso está muy mal y eso son parte de las cosas que el Congreso debe enmendar también. No es lógico que la Policía y la fiscalía pierdan el elemento sorpresa ante los allanamientos y, entonces, ya hasta ha habido memes y burlas. Hay que coordinar con el presunto criminal. El elemento sorpresa es parte importante para evitar la destrucción de pruebas en el allanamiento. Ahora, esto también hemos visto en muchos casos que eso se ha venido utilizando de mala manera para hacer uso político de esos allanamientos. Lo que tiene que haber en todas las instituciones, en la fiscalía, en la Policía es integridad. Utilizar esto para fines políticos, para investigaciones trasnochadas, donde ya tuvieron muchísimo tiempo para investigar y de la noche a la mañana cuando se acerca alguna elección hacen un allanamiento. Eso es hacer mal uso de las funciones. Ante esas cosas encontramos una terrible respuesta del Congreso, que debilita la función real que tiene la fiscalía y la Policía en la lucha contra el crimen organizado.
— En el mismo comunicado, los empresarios señalaron que “existe un gobierno paralelo” y que este es “el crimen organizado”. ¿Quiénes son los principales responsables de este escenario?
A lo que nos hemos referido con eso es que existe una actividad criminal hoy día impune, que es difícil de atacar en la situación en la estamos, si no hay un compromiso desde la cabeza, es decir la presidenta de la República y los otros actores, pasando por las fuerzas armadas y policiales y la ciudadanía, vamos a vivir dos mundos. Por ejemplo, la minería es un caso extremo, existe la minería ilegal que opera por canales paralelos que no son supervisados por las autoridades. Tenemos un set de reglas para realizar la minería, pero hay un grupo que va por la libre y se ha criminalizado. El relajar el Reinfo, que en su condición original tuvo buenas intenciones, que era formalizar a la minería artesanal, lo que hizo fue fomentar la criminalización de la actividad haciendo daño a esos pequeños mineros artesanales que son esclavizados por el crimen organizado, que no respeta leyes.
Y, además, cómo es posible que escudándose en un papelito o una declaración jurada puedan algunas de las procesadoras de mineras procesar oro teñido de sangre. En el caso de la minería ilegal alcanza US$4.000 millones, es una barbaridad. Hay una economía paralela, que a punta de pistola o metralla puede abrirse camino sin problemas. Esto amerita acciones. No podemos perder el Perú. Colombia en las décadas de 1980 y 1990, el Estado colombiano había perdido dominio sobre casi la mitad de su territorio. Oiga, cuidado que nos vayamos a acercar a una situación como esa.
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— ¿La presidenta Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere ante el desborde de la criminalidad?
No, y así lo hemos hecho saber. Lo que falta de la presidenta es el liderazgo que ella, no sus ministros, que ella presente una estrategia clara que controle, siga y persiga esto [la criminalidad organizada]. Para nosotros, en el sector privado conjuntamente con los sindicatos de trabajadores y los gremios empresariales hemos conformado un comité contra la delincuencia y por la paz, nos hemos reunido con la presidenta y su Gabinete en varias oportunidades. Y ahí se le ha hecho entrega de propuestas, pero lamentablemente ha pasado un año desde nuestra primera reunión y no hemos visto que estas sean implementadas, se han quedado en el tintero, en el papel, pareciera que hemos cumplido con la foto. Pero de ahí a ejecutar, por eso se llama Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejecutar, no lo ha hecho.
— Usted ha referido que la promocionada ley contra el terrorismo urbano, hoy llamada de criminalidad sistemática, “difícilmente resolverá la inseguridad ciudadana”. ¿Qué otras medidas se requieren?
La Policía Nacional requiere de respaldo, no solamente presupuestal, sino organizacional. También se requiere centros de flagrancia para acelerar los trámites, no queremos que los criminales capturados en flagrancia salgan por la puerta trasera, porque no se haya completado la acusación, necesitamos el alineamiento de la Policía Nacional, la fiscalía y el Poder Judicial. Y esto se hace en los centros flagrancia. También necesitamos peritos para que esto funcione. Muchos de esos procesos quedan truncos por falta de peritos. Esta información la he obtenido directamente del fiscal de la Nación.
Otra propuesta es que se evalúe la participación de las Fuerzas Armadas en acompañamiento a la Policía Nacional, no como actores principales, sino como respaldo. Eso tampoco lo ha visto [el gobierno]. También hemos hecho propuestas sobre las cárceles, tenemos, por ejemplo, desde que se dejó el servicio militar obligatorio hay muchos cuarteles que están vacíos y, sin embargo, las cárceles están hacinadas y no pueden recibir a más criminales. Una manera para ampliar el servicio carcelario de manera rápida y eficiente es adecuar los cuarteles que hayan quedado en desuso como cárceles.
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— Usted consideró que el paro de transportistas de inicios de octubre se justificaba ante la ola de criminalidad. ¿La Confiep respaldará la próxima paralización? ¿Los empresarios evalúan unirse a la protesta?
Mire, lamentablemente hemos visto que se vienen sumando propuestas con fines más políticos, reivindicatorios de economías ilegales, como la minería ilegal, que quieren sumarse a esto, porque van a perder sus derechos con la eventual promulgación de la nueva ley de minería. Por supuesto que no nos podemos juntar con ellos, no pretendemos desestabilizar al gobierno ni dar pie a economías ilegales para que se sumen a una propuesta que debe ser legítima y por la paz. Y debe ser pacifista y sin fines políticos, vemos que se está desnaturalizando la propuesta. Por ello, la Confiep propone al resto de los miembros del equipo de seguridad que hemos conformado que hagamos una conferencia de prensa para no incentivar a estas otras economías se sumen y creen más inseguridad, que es contra la que justamente estamos protestando.
— En los primeros 19 días del estado de emergencia, 23 ciudadanos han sido asesinados por sicarios. ¿Esta medida ha fracasado?
Claramente, no es suficiente, claramente la medida del estado de emergencia puede ser puntual, paliativa. Por sí solos los estados de emergencia no resuelven nada y ya lo hemos visto con las cifras que usted acaba de mencionar. Lo que está faltando es todo lo demás, cómo patrullamos las calles, cómo damos respaldo a los pequeños negocios. En el 2023, 3.000 bodegas han cerrado solo por temas de inseguridad, 3.000 pequeños negocios han tenido que cerrar.
Entonces, claramente una ley de solo declaratoria de terrorismo urbano o medidas de emergencia no son suficientes si vienen solas, tienen que venir acompañadas de esa estrategia policial de captura y de prevención del crimen y no es lo que está ocurriendo.
— ¿Entonces, el ministro del Interior debe dar un paso al costado, como lo prometió?
Yo no voy a decir qué debe o no debe hacer. La inseguridad que está viviendo el país no tiene precedentes y requiere del concurso no solamente del ministro del Interior, sino de todos los actores, especialmente de la presidenta de la República […] Lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos y poner las barbas en remojo para ver una medida, no salgamos del paso con la dación de una medida, cinco artículos, tenemos que tener una estrategia completa, conjunta que ataque el problema de verdad.
— Durante la administración de Dina Boluarte, los índices de inseguridad aumentaron, la pobreza creció y el Ejecutivo no ha observado leyes polémicas, como la de crimen organizado, la que debilita la colaboración eficaz, la que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, entre otras. ¿Cuál es su balance de este gobierno?
[…] Le puedo decir que el crimen organizado está incrementándose por un montón de razones, la razón principal es que no tenemos una estrategia integral de defensa. Hay muchísimos inmigrantes venezolanos honestos y que vienen a integrarse de buena manera al Perú, añadiendo valor con su trabajo y esfuerzo, pero una pequeña parte de ellos [no] y los crímenes que sucedían en Venezuela también han llegado acá. El otro factor que ha influido es que el precio de los minerales, el precio del oro se ha duplicado, frente a lo cual la presión de la minería ilegal es mucho mayor hoy día por los incentivos económicos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar consciencia de estos dos factores que acabo de mencionar. Esto no es normal, no son condiciones normales, son condiciones extraordinarias que ameritan medidas extraordinarias para resolver. No quisiera decir que el gobierno ha fracasado. Al gobierno le corresponde tomar medidas extraordinarias y ese es el llamado que estamos haciendo, estamos a tiempo todavía, no quiero sentenciar a nadie. Si no, al contrario, seguir proponiendo medidas.
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— ¿Qué tipo de autocrítica debe realizar el empresariado ante la situación límite en la que se encuentra el país frente al crimen organizado?
Mire usted, la seguridad nacional es tarea del gobierno, los privados lo que tenemos que hacer para defender nuestros fueros es contratar seguridad cuando no lo haga el Estado. Y lo que estamos viendo es eso. Con respecto a su pregunta, yo quiero decirle que nos hemos reunido más de cinco veces con la presidenta Boluarte y con su Gabinete en pleno puntualizando esto que tenemos hoy en queja, porque no estamos siendo escuchados. Hemos hecho ofrecimientos concretos de apoyos ante los temas de flagrancia. Hemos ayudado desde la Confiep financieramente en apoyar la creación del grupo Grecco, que es el equipo especial de la Policía Nacional contra el crimen organizado, que lamentablemente nació sin presupuesto. Encontramos a los oficiales de la Policía trabajando en el suelo y con sus ordenadores personales. Lo que hicimos nosotros fue usar un financiamiento privado de los gremios para ayudar a construir el local donde opera Grecco, ponerle paredes, comunicaciones, dotar de computadoras, de drones, hemos firmado un acuerdo con la Policía para que ellos sean receptores de bienes que estos requieren o recursos económicos para ello. ¿Hubiésemos podido hacer más? Siempre se puede hacer más. Pero le recuerdo que nada de esto son las funciones del privado, sino del Estado.
