El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata Ríos, afirmó que el problema de la inseguridad no se resuelve de la noche a la mañana, pero remarcó que el empresariado y la sociedad civil exigen al gobierno de Dina Boluarte “una ruta y un plan articulado” para enfrentar la ola de criminalidad.
— En las últimas semanas, se han realizado tres paros, donde el principal reclamo es que el gobierno garantice el derecho a la seguridad y a la vida. ¿Cómo puede interpretar esto?
La población, los transportistas y los gremios de bodegueros y de la pequeña empresa están afectados, están totalmente complicados con esta situación de violencia y de extorsión, que no solo pone en peligro sus negocios, sino sus vidas. Se ven obligados a salir a protestar. Es cierto que hay gente que aprovecha para meter otra plataforma política, otras exigencias y politizar el asunto. Pero yo creo que la legítima protesta por la ola de violencia y delincuencia que estamos viviendo es totalmente justificada.
— ¿Ayuda a la compleja situación del país que desde el Ejecutivo se minimice las paralizaciones e, incluso, se le relacione con el terrorismo?
No, yo creo que no ayuda, yo creo que la presidenta Boluarte y el primer ministro Adrianzén lo que tienen que hacer es escuchar y más que calificar de alguna forma estas movilizaciones, lo que tienen que hacer es mostrarle a la población de que están haciendo un trabajo articulado y tener un plan para combatir la delincuencia que está desbordada. Y ese plan articulado involucra a la convocatoria de un Consejo de Estado para que entre los tres poderes [Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial], cada uno se encargue de su parte correspondiente y se trace una ruta para salir de esta situación. Todos sabemos que esto no resuelve de la noche a la mañana, ni en semanas, ni en meses, pero sí exigimos que por lo menos haya una ruta, un plan articulado, y no a que cada uno trabaje por su lado. Es incomprensible que el Congreso dé normas y después el Ministerio Público diga “no, no la vamos a acatar”.
— ¿Capeco se sumará a la paralización convocada para el 12 de noviembre?
No, Capeco tiene una convocatoria, pero no es un paro, no se va a sumar a ningún paro, menos el 12 de noviembre. Hay una actividad que se ha realizado en el Campo de Marte el jueves. Fue organizada por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, cuyo único pedido fue es empezar a articular algún plan, exhibir mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, porque la construcción es uno de los más afectados con toda esta ola de criminalidad.
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— ¿Cuál ha sido el impacto de la criminalidad organizada en el sector construcción?
Las extorsiones en construcción se vienen dando hace mucho tiempo, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil ha sufrido 24 asesinatos en los últimos 12 años, 24 de sus dirigentes han sido eliminados por mafias, por delincuentes que se quieren apropiar de las obras. Es muy difícil tener un porcentaje de las obras extorsionadas porque hay muchos que no denuncian. Y hay mucho constructor pequeño que no está en la cámara. Por el contacto que tenemos con los constructores sabemos que son extorsionados y mientras la obra esté un poco más alejada de las zonas más consolidadas de la ciudad es más complicado. Y cuando uno denuncia una extorsión, si es que lo hace, quiere que se trate con la mayor reserva posible.
— A fines de setiembre, la Confiep- del cual es parte Capeco- y otros 22 gremios empresariales, señalaron, por medio de un comunicado, que “existe un gobierno paralelo” y que este es “el crimen organizado”. ¿Quiénes son los principales responsables de este escenario?
Bueno, los responsables, principalmente es el deterioro que hemos sufrido en la política y en la gobernanza del país en los últimos años. La inacción también es responsable. La falta de coherencia y de compromiso para llegar a acuerdos por parte de los poderes del Estado también es responsable. La falta de compromiso para llegar a acuerdos en el Congreso también es responsable. Lamentablemente, la política, las instituciones se han venido degradando en su capacidad de atraer a buenos funcionarios. El gobierno de Pedro Castillo hizo muchísimo daño en ese sentido, y lo que ahora toca es recuperar todo eso que hemos perdido en los últimos años.
— En el mismo comunicado, los empresarios exhortaron al Congreso a derogar “la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”. Pero el Parlamento solamente cambió cinco artículos. ¿Esos cambios han sido suficientes?
Mire, ese es un tema interesante e importante sin duda, pero yo no soy especialista en materia penal, no soy abogado. Escucho versiones de las dos partes, unos señalan que lo aprobado por el Congreso no es contraproducente en la lucha contra la delincuencia y hay otro sector que señala lo contrario. De hecho, que debilitar cualquier norma que te permita luchar eficazmente contra la violencia, la delincuencia y el crimen organizado es deplorable. Y hay que buscar que las normas permitan a las autoridades una pelea frontal contra la delincuencia.
Por ello, llamamos a que los poderes del Estado se pongan de acuerdo, por eso es que necesitamos que se sienten en una mesa el fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y sus equipos para ver qué normas son las que necesita el país, qué normas necesitan como herramientas para no soltar a delincuentes y que esas normas se trabajen en conjunto […] Nosotros pagamos impuestos para que el Estado nos proteja, no para que entre los poderes se estén peleando.
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— Usted criticó el enfrentamiento que existe entre el Ejecutivo, Congreso y el Ministerio Público. La presidenta Boluarte, el primer ministro Adrianzén y el titular del Mininter Santiváñez han acusado a la fiscalía de soltar a delincuentes. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Qué medidas concretas se puedan adoptar?
No se puede tratar de solucionar el problema, culpando al otro poder, a la fiscalía en este caso. Efectivamente, es lo que manifiesta el ministro del Interior. Un líder qué es lo que hace, pues convoca al fiscal de la Nación para en conjunto ver cuáles son los problemas y ver cómo resolverlos. Pero tampoco es coherente responsabilizar exclusivamente al Ejecutivo. Sabemos que el Ministerio Público viene en una decadencia espantosa, la calidad de fiscales cada vez es peor y la pugna de poder es evidente.
— ¿La ley de criminalidad sistemática (o la promocionada ley contra terrorismo urbano) ayudará a resolver la inseguridad ciudadana?
Es una tipificación, básicamente, se le quiso poner terrorismo urbano, algunos especialistas dijeron que no era lo más conveniente y le pusieron criminalidad sistemática. Es un tipo más de delito y con penas drásticas, que supuestamente puede contribuir a que sea más efectiva la lucha contra la delincuencia. Pero si estas normas no salen del consenso, no salen de una coordinación con la fiscalía y los jueces poco es lo que pueden hacer. Yo lo que reclamo es que haya una articulación entre los distintos poderes para que las normas sean las más adecuadas posibles.
Y las normas son una parte del problema, solamente con normas no vamos a combatir a la delincuencia, la tenemos que combatir también con logística, equipamiento a la Policía y centros de flagrancia, que se necesitan. Y debe haber una serie de medidas más, como construcción de cárceles y un verdadero plan.
— ¿La presidenta Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere ante el desborde de la criminalidad?
Parece que no, porque si tuviera ese liderazgo no andaría cada poder por su lado y peleándose entre ellos, ella personifica a la Nación, es la primera autoridad del Estado peruano y es la llamada a ejercer ese liderazgo.
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— La mandataria cerró filas con el ministro del Interior y dijo que “hay que darle tiempo”. Esto a pesar del rosario de cuestionamientos que arrastra y la escalada de inseguridad que no frena con el estado de emergencia. ¿Juan José Santiváñez ha cumplido su ciclo en el Mininter?
Mire, yo no voy a sugerir un cambio de ministro ni voy a pronunciarse por algo parecido, porque tampoco creemos que esa sea la solución. ¿Cuántos ministros del Interior hemos tenido en los últimos años? Yo no me sumaría a ese pedido, pero sí me sumo a que haga un trabajo más articulado, sí me sumo a un pedido, que en lugar de que nos diga que la fiscalía tiene culpa de todo, que se siente con los fiscales y en conjunto busquen cómo solucionar el problema.
— ¿Es urgente un cambio real en el Gabinete Ministerial?
Tenemos cambios de Gabinete cada vez que tenemos un problema, tenemos cambios de ministros con mucha frecuencia, yo no soy quién para saber qué cosa pasa adentro [del Ejecutivo] ni para sugerir ese tipo de cambios, porque hay una dinámica interna que desconocemos. Hay una dinámica entre el Congreso y el Ejecutivo, hay una dinámica política de la cual no estamos enterados cómo funciona en este momento. Yo me atrevo a recomendar lo que la ciudadanía percibe, hay un desborde de la violencia, que no deja progresar, no deja trabajar y que pone en peligro la vida. Y eso debe trabajarse a través de un plan, una ruta y articulación.
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— Con solo 5% de aprobación, sin bancada en el Congreso y con la criminalidad organizada desbordada, ¿el gobierno de Dina Boluarte agoniza? ¿Puede llegar a julio de 2026?
Ese es otro problema, tenemos un deterioro político, no solo es el gobierno que está en este momento que parece no tener la eficiencia que se necesita, a pesar de que hay sectores que funcionan bien. El problema es que tenemos un deterioro político. Si cerramos filas y decimos que se vayan y vamos a nuevas elecciones, nada nos va a garantizar que una elección apresurada nos otorgue un mejor gobierno. Soy un convencido, de además de lo que he dicho, que hay que respetar los procesos democráticos. Hay que empezar a entender como ciudadanos también que somos responsables de todo esto. Al gobierno no lo puso un extranjero, no vinieron del espacio, lo elegimos los peruanos. Así que también hay que asumir nuestros errores y respetar los procesos democráticos hasta que estos concluyan.
— En diciembre, el gobierno de Boluarte va a cumplir dos años, ¿cuál es su balance?
Hay sectores que caminan bien, Vivienda camina bastante bien, hay una política de vivienda que se ha seguido los últimos 20 años, que es exitosa. La obra pública ha reputando, hay mayor ejecución y crecimiento en la construcción. Hay una entidad que funciona bien en los últimos años, que es Pro Inversión, ha multiplicado la inversión en infraestructura, que estaba bastante paralizada. Y hay algunas instituciones que se han reconstruido después del desastroso gobierno de Pedro Castillo.
Sin embargo, en este tema de seguridad, que es el que más preocupa a la población en su conjunto vemos pues que acá faltan hacer muchas cosas.
— ¿Qué nota le pone a la administración de Boluarte, en un rango de 0 a 20?
Prefiero guardarme esa opinión, no quiero contribuir al cargamontón que hay en este momento que hay contra el gobierno.
— ¿Considera que es un cargamontón? ¿No hay argumentos sólidos para criticar al gobierno de Boluarte?
Es que el cargamontón no sale gratis, a nadie le hacen un cargamontón por hacer las cosas bien. Pero prefiero ser más propositivo, hacer más propuestas, dialogar, conversar y que se nos escuche. Tratar de articular desde el sector privado y desde la sociedad civil organizada con propuestas que conduzcan a mejorar las cosas.
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— Entiendo que los gremios empresariales han entregado propuestas a favor de la seguridad ciudadana. ¿Siente que están siendo escuchados por el gobierno?
Evidentemente, no se está haciendo lo suficiente, hay propuestas que hemos hecho y que necesitamos que se implementen. Por ejemplo, que sé velocidad a la construcción de los centros de flagrancia, que los expertos han coincidido que funcionan muy bien. También hemos pedido que se depuren los registros de los sindicatos, porque la delincuencia también se aprovecha de pseudo sindicatos o inscriben sus organizaciones criminales como si fueran sindicatos y eso hay que depurarlo.
Además, hemos propuesto que se reactive una división de protección de obras civiles, que había antes y que, lamentablemente, se le ha quitado recursos. Planteamos que, a través de obras por impuestos, se dote de mayor logística a la Policía, laboratorios, centros de investigación. Se está teniendo una respuesta muy lenta. Como gremios empresariales vamos a insistir en que tenemos que trabajar juntos, porque este problema [de la inseguridad] nos aqueja a todos.
