— El Ejecutivo presentó la nueva ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal (MAPE). Esto luego de casi cuatro meses desde que la presidenta anunciara que ya tenían listo el texto. ¿Cómo evalúa esta fórmula? ¿Es realmente una solución?
Para poner los puntos claros desde el inicio, el Reinfo empezó en el 2017, después de siete años, que va a ser este 2024, ha sido un rotundo fracaso y eso es evidente. Yo soy ingeniero de formación. Hay 87 mil [mineros informales] registrados en el Reinfo y solo se han formalizado un poco más de 2 mil, eso es 2,3%, casi el 98% no se ha formalizado. Por ahí estamos mal.
Esta ley nueva que el Ejecutivo ha presentado al Congreso va a ayudar en algo y solo sí pasan dos cosas, si el Ministerio de Energía y Minas tiene los recursos necesarios y si los gobiernos regionales tienen la capacidad técnica para controlar a estos nuevos mineros que quieren acceder a esta nueva ley. Eso es básico.
Pero sinceramente, te digo que hay mineros que no se quieren formalizar, los estoy llamando mineros, por qué no sé cómo deberíamos llamarlos. Ellos quieren estar en la parte informal, o vamos más allá y quieren quedarse de ilegales. Si la persona no quiere, ahí es muy difícil que el Estado los persuada, pero sí hay un gran grupo que sí quiere. En ese sentido, este proyecto de ley, yo estoy de acuerdo con una transitoriedad, aquí han dado un período de seis meses más.
— La Ley MAPE establece seis meses para que los mineros informales puedan concluir su proceso de formalización. ¿No es una continuidad del Reinfo?
No, no lo es. [Que no haya una nueva ampliación] tiene que ser garantizado por el Ejecutivo y el Congreso. La cifra [de formalización] ha sido un fracaso, ha sido de solo 2,3%, no tiene sentido continuar con el Reinfo, pero sí tiene sentido no cortarlo abruptamente, sino dar este espacio para que se adapten a esta nueva ley. Y por lo que he estado leyendo de esta nueva ley, el Estado sí va a dar unos incentivos. Estamos hablando de darles las concesiones, las autorizaciones respectivamente para que la pequeña minería trabaje en esas concesiones y estas no puedan ser trasladas a otras personas. Habrá zonas especiales donde se llevarán a cabo estos trabajos de minería y se va a promover sociedades y tecnologías limpias.
Y había un tema crítico con el Reinfo con los explosivos, el proyecto establece que con Sucamec se va a abrir un régimen especial para la pequeña minería. Pero todo esto va a funcionar si es que tenemos los recursos económicos y la capacidad técnica, nada más.
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— Desde el 2020, mineros ilegales coludidos con bandas delincuenciales han realizado 628 incursiones en la Minera Poderosa, en Pataz, han asesinado a 18 empleados, han destruido 14 torres eléctricas y han robado más de US$3.553 millones en oro. ¿De quiénes es la responsabilidad de esta lamentable situación?
Esta responsabilidad es principalmente del Estado, somos un Estado fallido en ese sentido, el Estado ha fallado en darle seguridad a la empresa privada, somos un Estado que no ha sabido formalizar a los que sí quieren formalizarse. Lo que tú me has dicho es un acto delincuencial, esos [que han atentado contra la Minera Poderosa] son delincuentes, no son mineros informales, son delincuentes. Lo que ha pasado en Poderosa es el crimen organizado, el alto precio del oro y de otras materias primas ha llevado a una demanda de este metal para sacarlo a cualquier costo, incluyendo vidas humanas y destrozando infraestructura del Estado.
— ¿A su juicio, un sector del Congreso juega a favor de los intereses de la minería ilegal? ¿Por qué?
Definitivamente que sí están jugando a favor de la minería ilegal. ¿Y por qué? Porque están siendo financiados por la minería ilegal, han llegado al Congreso financiados por la minería ilegal. Entonces, tiene que haber una reciprocidad, “yo te puse en el poder, ahora me defiendes”, eso es clarísimo.
Pero sí hay otro sector [del Congreso] que sí está viendo esto como una misión realmente de formalización. Por eso, hay que apoyar esta nueva ley. Yo sé que tiene sus fallas, puede haber obstáculos en el camino, pero hay que ir perfeccionándola y tener la voluntad de cambio y de apuntar a la mayor cantidad de formalización posible de los mineros.
— ¿Cuánto del oro que exporta el Perú es ilegal? ¿ADEX tiene cifras sobre este punto?
En estas economías ilegales es muy difícil manejar cifras. Pero nosotros estimamos que las economías ilegales más o menos se estiman en US$12.000 millones, contrabando, extorsiones, sicariato, narcotráfico y minería ilegal. De esta cifra, US$6.000 millones son por minería ilegal. Más del 50% se debe a este tema delincuencial de minería ilegal. Es crítico solucionar, dar el apoyo, conseguir los recursos, esto ya no solo es una tarea del Ministerio de Energía y Minas, esto ya tiene que ser una cruzada nacional. El Perú es un país minero, somos el octavo productor mundial de oro. Y podríamos llegar a quinto o cuarto si ese oro ilegal que se saca entra en las estadísticas y fuera legal.
— ¿El crimen organizado se ha instalado como “un gobierno paralelo” en el país, como lo alertó ADEX y otros 22 gremios empresariales?
Definitivamente que sí, el crimen organizado se ha instalado como un gobierno paralelo, está instalado en el Congreso, está instalado en muchas otras organizaciones y nosotros lo vivimos todos los días, nuestros trabajadores son extorsionados todos los días, los pequeños comerciantes son extorsionados todos los días, son asesinados todos los días. Es evidente que el crimen organizado se ha insertado en la sociedad tanto en la parte económica como en la parte política.
— Por medio de un comunicado, los empresarios exhortaron al Congreso a derogar la Ley N°32108 (la cuestionada primera modificación a la norma de crimen organizado), porque esta “relajó la persecución” de este delito. Pero el Parlamento solo cambió cinco artículos. ¿Fue suficiente?
No, no ha sido suficiente. Tenemos muchísimas leyes, hay que corregir varias, pero el tema acá es la acción concreta que tiene que tomar el Estado. Lo que yo he visto con beneplácito es la reunión, el llamado que hizo la presidenta al Consejo de Estado, sinceramente yo creía que no iban a acudir las autoridades, pero acudieron todos. Fue el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el contralor. Los gremios en diferentes comunicados decíamos “por qué no se reúne el Consejo de Estado”, el Consejo de Estado se ha reunido y ha llegado a ciertos acuerdos, pero si estos se quedan en el papel y no se ejecutan, no vemos medidas concretas vamos a seguir en lo mismo. Y sobre las leyes, tenemos muchas en el Perú que no se cumplen, lo que queremos la ciudadanía, los gremios empresariales es ver actos concretos. Yo, por ejemplo, quisiera que el gobierno salga cada semana a decir en qué porcentaje y por territorio se ha reducido la criminalidad.
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— Según la última encuesta de Datum para El Comercio, la presidenta Dina Boluarte tiene 3% de aprobación. ¿Cómo interpreta esta cifra?
Acá hay un tema, la tecnología de la información moderna juega a veces a favor y otras veces en contra, acá, ha habido, digamos un enconamiento perverso contra el gobierno. Obviamente, la ciudadanía tiene razón en mucho de lo que reclama, como la inseguridad y la falta de oportunidades. Pero hay otras cosas que el gobierno está trabajando, lo que falta acá es mayor comunicación. He visto que los ministros están declarando, pero la presidenta debe declarar más seguido. Obviamente, la prensa debe ser respetuosa de la institución de la Presidencia de la República cuando se hacen las preguntas. Tiene que haber una comunicación fluida con la prensa, el gobierno está haciendo cosas buenas, no es todo malo.
[…] A este gobierno le queda poco tiempo y sí debería llegar al 2026, porque si no entraríamos en una espiral de caos, hay que escoger bien y atacar los problemas estructurales, como infraestructura, educación y salud. La anemia es alarmante, el 40% tiene.
— El Foro APEC ya concluyó. ¿Es momento de que la presidenta Boluarte realice un cambio de Gabinete Ministerial?
Yo creo que sí, no sé en qué sectores, pero sí debería hacer un cambio mirando el tema de forma más amplia. Por eso, te hablaba del problema estructural. Necesitamos ministros que no vean la popularidad del momento, de que la ciudadanía esté contenta o no, tienen que ser ministros con visión de futuro, no estamos buscando votos. Los ministros que pudiesen venir tienen que tener esta visión.
— El Estado de emergencia en Lima y el Callao no ha detenido los asesinados, las extorsiones y los robos. ¿Esta medida ha fracasado?
Yo no diría que ha fracasado, porque necesito más argumentos, más números, por eso yo solicito al gobierno, especialmente al Ministerio del Interior, que saque las estadísticas concretas y de fuentes razonables y fidedignas para ver ese avance. Se han dado muchas leyes y decretos, y se declaró el Estado de emergencia para minimizar la inseguridad, hasta yo no ver cifras, una cosa es la percepción, la mayoría de personas siente esa percepción negativa, de que la inseguridad no ha bajado, pero yo creo que ha bajado un poco. Pero necesitamos cifras de parte del Estado.
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— El ministro del Interior dijo que daría un paso al costado si el Estado de emergencia no tenía éxito. ¿Debe renunciar al cargo?
Hasta que no den las cifras concretas […] Esperemos que termine el Estado de emergencia y que saque los datos, si ha fallado, que cumpla su palabra y si se ha avanzando en algo debería continuar.
— ¿Cuál es su balance del Foro APEC? ¿Qué le ha dejado al Perú este encuentro internacional?
El Foro APEC nos ha dejado un balance muy positivo, como Estado hemos firmado 20 documentos, y estos han sido aprobados por consenso. Por ejemplo, el TLC con Hong Kong, se abre una nueva puerta para los productos peruanos y para un nuevo sector que es el de servicios, que es el sector más dinámico del mundo, que crece en mayor porcentaje cada año. Además, se ha perfeccionado el TLC con China, se abre la puerta a exportar nuevos productos, el Perú está libre de fiebre lactosa, podemos exportar carne de ganado vacuno para alimentar a ese gran país.
Y, por otro lado, tenemos el puerto de Chancay. Probablemente, en enero ya comience a funcionar como debe ser, se abre una oportunidad inmensa para nuestros productos. Y esto va a la par de que el gobierno ha destrabado tierras, Chavimochic III, Majes Siguas II, entre otros para sembrar más productos y ya tenemos la puerta más grande de entrada.
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— ¿Se requiere una nueva ley agraria? ¿Por dónde pasa la propuesta de ADEX?
ADEX está apoyando la nueva ley agraria, que ha tenido una pequeña demora en el Congreso, donde se va a revisar y estudiar mejor. Eso es, por un lado. Pero por otro, el Estado ha destrabado terrenos, entonces esos terrenos ya están libres para ser usados. El tema es que la ley agraria es un complemento para darle más eficiencia al sector agro para ser más competitivo, porque hay otras economías que están avanzando, y Perú no puede dejar de ser competitivo. El sector agrario, hay que recordar, es el que más empleo formal crea en el país. Hay que tener mucho cuidado con eso y apoyar en ese sentido.
[…] Antes de concluir, también quisiera decir que en estas nuevas elecciones, los empresarios tienen que participar en política, eso es clave. Hay 38 partidos, acá una muestra del sector empresarial para hacer alianzas es que la representatividad empresarial se una no para postular como candidatos, sino para ofrecer políticas y soluciones para el país. Yo estaría pensando en una nueva plataforma que aglutine a todos los empresarios, tenemos a la Confiep, por un lado, a la Unión de Gremios, donde está ADEX y otros. No estoy diciendo que participemos todos en Confiep, hay otros gremios, pero sí un nuevo ente que agrupe las principales ideas de los gremios empresariales con cara a las nuevas elecciones y trabajar por el desarrollo del país.
