La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó este lunes su preocupación por la última encuesta de Datum que revela que seis de cada diez peruanos consideran que las leyes aprobadas en materia de seguridad han terminado favoreciendo a la delincuencia (62%).
“Por supuesto que esta se enmarca en el dolor de muchas familias que han perdido a sus seres queridos por la violencia criminal y exigen una acción conjunta, lo cual hice saber desde el momento que asumí el cargo este año”, comentó durante la ceremonia por el 64 Aniversario de la Corte Superior del Callao.
En ese marco, la presidenta del PJ señaló que frente a la inseguridad ciudadana se debe recurrir a una política de Estado que incluya a todos los poderes, como entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general.
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Tello Gilardi consideró que en los últimos meses se han promulgado leyes que no han reforzado el sistema y que, por el contrario, lo han debilitado en el ámbito penal, que resulta ser el más neurálgico.
En esa línea, recordó que la Corte Suprema hizo un análisis muy serio a cargo de una comisión de alto nivel, la cual elaboró un informe que fue enviado al Congreso de la República para que lo puedan revisar, modificar, derogar y/o hacer suyas las propuestas presentadas.
“Le vamos a hacer llegar nuestra voz con respeto absoluto y firmeza de que hay normas legales que no consolidan el sistema de justicia y, si no se modifica la percepción de inseguridad ciudadana, podría continuar”, alertó Tello Gilardi, quien recalcó que pondrá en conocimiento el referido informe ante la comisión del Congreso que trabaja una propuesta de reforma sobre la administración de justicia.
Por otro lado, la titular del Poder Judicial pidió que promulguen la Ley que crea el Sistema Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva, el cual dijo debe contar con su presupuesto correspondiente, luego que el pasado miércoles el Parlamento lo aprobará por amplia mayoría.
“Hay casos de personas que fueron detenidas y se dispone su comparecencia restringida, culpándose al Poder Judicial y a la Fiscalía por su liberación cuando las leyes creadas lo disponen así”, argumentó.
