Una ciudadana identificada como Angela Pautrat Oyarzun presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, y el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, por la promulgación de la norma que realiza modificaciones a la Ley de Flora y Fauna Silvestre, más conocida como Ley Antiforestal, pese a que, de acuerdo con la acusación, había dos reconsideraciones en trámite.
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En el documento, que fue presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Pautrat Oyarzun acusa a Soto Reyes y Cerrón Rojas de infracción de los artículos 38°, 66°, 67° 68° y 69° de la Constitución y de ser presuntos autores de la comisión del delito ambiental — responsabilidad funcional e información falsa — responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos
“El proyecto de ley fue aprobado el 14 de diciembre del 2023, pero el 19 de diciembre 2023 las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque formularon reconsideraciones a la votación que aprobó las polémicas modificaciones a la normativa ambiental y de recursos naturales”, indicó Pautrat Oyarzun en el documento.
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“Pese a que las reconsideraciones planteadas estuvieron publicadas en el portal web del Congreso de la Republica y que debieron ser tramitadas y puestas a debate, conforme lo establece el reglamento del Congreso en el artículo 580, los congresistas Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, ahora denunciados en su condición de presidente y segundo vicepresidente del Parlamento, con fecha 10 de enero del 2024 suscribieron la autógrafa de ley, sin considerar los pedidos de reconsideración presentados por las dos congresistas bajo el supuesto amparo legal que ‘el oficial Mayor señalo que dichos pedidos fueron extemporáneos’”, se indica en otra parte de la denuncia constitucional.
En esa línea, la denunciante remarcó que los mencionados congresistas “han inobservado el debido proceso y faltando gravemente a sus obligaciones funcionales” al promulgar una ley aun observada por dos legisladores.
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Otro trámite
El Colegio de Sociólogos del Perú presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.