Aseveró que el gabinete está dispuesto a defender de manera cerrada el Decreto de Urgencia (DU) que dispone la reorganización integral de la petrolera estatal porque “ceder en este tema sería ser cómplices de los anteriores gobiernos que evitaron tomar decisiones de fondo respecto a Petro-Perú”.
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Petroperú
Enfatizó que enfrentarán cualquier resistencia en favor “de una empresa que consume recursos del pueblo sin prestarle un resultado eficiente”, pero no por culpa de sus trabajadores, sino de los altos funcionarios que “tienen altos sueldos y que no realizan una labor significativa”.
– El Gobierno ha decidido no seguir otorgando más rescates a Petro-Perú, pero tampoco se propone liquidarla, sino ir por un camino intermedio que es la privatización. ¿Es así?
No tanto. Se trata de reestructurar. El tema es que [Petro-Perú] no se puede vender, ni se puede liquidar ni privatizar porque en este momento nadie compraría los activos. [Petro-Perú] ha acumulado un déficit significativo desde el 2022, pero, por otra parte, tampoco se puede seguir dando dinero de los peruanos a una empresa que está notoriamente en déficit y cuya gestión es negativa.
– ¿Piensan hacer algo diferente a los demás gobiernos?
Había que hacer algo. Tanto que se había dicho que este gobierno era solo de gestos y de actitudes. Ahora sí estamos actuando de manera directa para tratar de solucionar un problema grave.
– ¿Se trata, entonces, de una reestructuración?
Así es. Informalmente es una reestructuración que involucra un concepto de reorganizar las actividades de la empresa, si es necesario dando autonomía a algunas unidades como la refinería de Talara, y en esa autonomía sí cabría la posibilidad de que algunas secciones que hoy componen la empresa puedan tener el ingreso de capital privado, para hacerlas más eficientes y darles el capital que requieren.
– ¿No se vendería la refinería de Talara, sino que se abriría al capital privado?
Exactamente. El ingreso de ProInversión significa algo sustancial que es el ingreso de conceptos y prioridades propias del sector privado. No puede ser que una empresa opere mal y que sus funcionarios se enriquezcan y acumulen sueldos muy altos y pensiones de retiro mayores que las de cualquier otra empresa o institución del Estado, y esto sin obtener ningún resultado positivo, sino que, por el contrario, el pueblo tenga que estar rescatándolos y pagando sus ineficiencias. No es posible continuar de esta manera.
– Si bien es cierto que la decisión del gobierno es no seguir otorgando salvatajes a Petro-Perú, ¿reconsiderarían esto si ProInversión se demora en su encargo o la situación de la petrolera empeora?
No. En principio nosotros confiamos en ProInversión, que es una organización de élite y que está compuesta por funcionarios y técnicos de muy alto nivel y que están capacitados plenamente para analizar y corregir las deficiencias de Petro-Perú. Obviamente, estamos a la escucha de los diagnósticos y las soluciones parciales que nos pueden ir alcanzando, pero esto, posiblemente, ya corresponda al próximo gobierno.
– ¿Lo que haría este gobierno sería empezar con este cambio de timón en Petro-Perú?
Empezar con esta reestructuración total, donde ProInversión tiene que entrar a tallar. Tiene que determinar cuáles actividades son rentables y cuáles no debe hacer Petro-Perú en el futuro, y que otras, siendo posiblemente rentables, no lo han sido por una mala gestión. Y cuáles otras necesitan un refuerzo de capital privado. Entonces, cada una de las actividades de Petro-Perú puede requerir una solución diferente.
– ¿Las unidades productivas que no sean rentables se podrían vender, entonces?
Si la actividad es importante para el Estado, debemos controlar esa actividad y también cabe el ingreso de capital privado. El tema pasa por la mala gestión de Petro-Perú. No es posible que la mitad del gasto en personal no se destine a sueldos sino a decenas de beneficios y gollerías que gozan los altos funcionarios. Y esto se ha ido acumulando en varios gobiernos sin ningún criterio técnico ni responsabilidad financiera.
– El DU publicado en Año Nuevo incluye una inyección financiera para reducción de personal. ¿Tienen una idea de a cuántos empleados se podría despedir o en qué porcentaje se puede reducir el personal de la empresa?
Esta es una empresa que ha sido muy mal manejada durante muchos años. El tema principal es que los criterios técnicos los tiene que definir ProInversión, pero la decisión política del gobierno es no despedir obreros, sino reconocer los decretos laborales. Pero, donde sí se debe poner el ojo es en los altos funcionarios y aquellos empleados que han ido ingresando por exclusivo mérito político y que tienen altos sueldos y que no realizan una labor significativa, no solamente porque no están calificados, sino porque no tienen la intención de hacerla.
– ¿Los S/240 millones asignados para reducción de personal serán utilizados para liquidar a altos funcionarios?
En toda reestructuración necesariamente se va a tener que prescindir de altos funcionarios.
– ¿Pero va dirigido, más que todo, a los altos funcionarios?
Sí, básicamente a altos funcionarios que han tenido privilegios absolutamente antitéticos. Cualquier empresa privada que obtiene ganancias otorga privilegios correctos a sus directivos por su capacidad demostrada, pero Petro-Perú es una empresa que durante décadas ha otorgado privilegios antitécnicos a sus altos funcionarios y esto ya no puede continuar.
– ¿Esperan una fuerte oposición al Decreto de Urgencia?
Aparentemente han salido defensores de la empresa. Hasta el Defensor del Pueblo ha salido a convocar a los partidos políticos para asumir la defensa cerrada de Petro-Perú, y esto nos llama la atención porque defender al pueblo significa defender el destino y el buen uso de los impuestos de los trabajadores. Entonces, debería ser una necesidad política transversal a todos los partidos y tendencias políticas. La necesidad de restructurar a Petro-Perú no es una decisión ideológica. Oponerse a ella preocupa; delata a ese grupo privilegiado de políticos que han hecho uso y abuso de las empresas del Estado y que quieren continuar con las goyerías de Petro-Perú.
– ¿Les ha causado sorpresa el comunicado de la Defensoría del Pueblo?, sobre todo, porque no suele hacer pronunciamientos de este tipo.
Y menos defendiendo a una empresa que ha acumulado pérdidas y que requiere cada año que el Estado le regale plata, es decir, que tire el dinero del pueblo a un barril sin fondo.
– Es síntesis, ¿no es una opción liquidar Petro-Perú?
Exactamente, porque de por medio están los activos del Estado, que son del país. Y hay actividades que el Estado necesariamente debe controlar. Y, por otra parte, están los trabajadores de Petro-Perú que no tienen la culpa de la gestión ineficiente de la casta de funcionarios que han medrado en la empresa y, a través de ella, del pueblo peruano.
– El DU no habla de plazos para la división de Petro-Perú, pero se entiende que Proinversion tiene seis meses para definir eso y atraer algún postor.
Efectivamente. Nosotros, como dijo el presidente Jerí, vamos a trabajar hasta el último día en materia de seguridad ciudadana, Petro-Perú, ordenamiento del Estado y elecciones. Y lo que no se logre realizar lo va a tener que determinar el próximo gobierno, pero sobre las bases concretadas por esta gestión.
– ¿Qué es lo que esperan lograr respecto a la restructuración de Petro-Perú? ¿Confían en vender o licitar alguna unidad productiva?
Básicamente, lo que recomiende ProInversión. Y lo que aspiramos es llegar al 1 de junio con la posibilidad de haber deshojado lo innecesario de Petro-Perú y tener una actividad esencial de supervisión y control sobre los recursos naturales del Estado: la explotación (de crudo) y la distribución mayorista del petróleo, efectuada de una manera eficiente. Siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos, no de una casta burocrática.
– ¿Han explicado esto a las federaciones de Trabajadores de Petro-Perú?, porque el DU no contiene detalles.
Uno de los grandes problemas que ha habido en nuestro país es que, desde la esfera política, se han tomado decisiones técnicas. Y en este momento lo que queremos evitar es justamente eso: que el presidente y los ministros del Minem y el MEF tomen decisiones de carácter político con respecto a grandes problemas del Estado sin tener a su alcance los datos técnicos. Nosotros no queremos tomar ninguna decisión que no esté sólidamente sustentada en un informe minucioso de ProInversion, y allí en forma valiente y honesta se tomarán las decisiones políticas que sean necesarias.
– Hay por lo menos un partido político que busca censurar a la ministra Denisse Miralles por su responsabilidad en la elaboración del DU. ¿Van a defender la posición del MEF y el Minem?
Sí. Por supuesto. De una manera cerrada porque ceder en este tema sería ser cómplices de los anteriores gobiernos que evitaron tomar decisiones de fondo respecto a Petro-Perú. Nosotros desde el primer momento dijimos públicamente que Petro-Perú no podía seguir como estaba. Y esa es una decisión de todo el Gobierno. El gabinete está compuesto por profesionales exitosos y técnicos del Estado con muchos años de experiencia, y en realidad no tenemos nada que perder. Lo que sí, estamos dispuestos a enfrentar cualquier resistencia, tanto en favor del crimen organizado como a favor de una empresa que consume recursos del pueblo sin prestarle un resultado eficiente.
