El mercado de los combustibles enfrenta incertidumbre ante el reciente incremento del precio internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. Los precios de venta al público de los combustibles subieron, en parte también influenciados por la interrupción en el suministro de gas natural, y afectó a los consumidores. Cuando esto ocurre, el Ejecutivo y el Congreso suelen hacer uso de mecanismos de alto costo fiscal y cuestionado impacto.
Crisis
Desde el 28 de febrero, el conflicto entre EE.UU. e Irán desestabilizó el mercado internacional del petróleo. El cierre del tránsito en el Estrecho de Ormuz—por donde circula cerca del 20% del crudo global— elevó el precio del barril desde US$69 en febrero a más de US$100 al 13 de marzo. El conflicto recrudeció el último viernes, pudiendo revertir la moderación de precios observada durante la semana.
Este episodio resulta similar a la guerra entre Rusia y Ucrania que alteró la oferta global de petróleo en 2022. En ese momento, el precio internacional superó los US$130 y, tras experimentar fluctuaciones, solo retornó a su nivel previo de manera consistente 7 meses después. Todo ello generó presiones inflacionarias.
En esta ocasión, se sumó una mayor demanda de combustibles líquidos tras lo ocurrido en Megantoni y alertas sobre una supuesta oferta insuficiente. Así, los precios promedio de venta al público del diésel y las gasolinas durante marzo se incrementaron hasta 27% respecto al precio promedio de enero y febrero.
Respuestas de política
Ante episodios de alza de combustibles, la respuesta estatal se ha basado usualmente en el uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) o las devoluciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Sin embargo, la evidencia muestra que implican costos fiscales elevados. Además, el FEPC es regresivo, no traspasa plenamente sus beneficios al consumidor final ni recupera los aportes.
Entre 2004 y 2025, el FEPC acumuló una deuda por S/18 mil millones, concentrada en diésel y GLP, la cual se agravó en episodios de conflictos internacionales. Tan solo en 2022, el FEPC costó más de S/ 3.250 millones y la exoneración temporal del ISC por tres meses en dicho año redujo la recaudación tributaria en aproximadamente S/978 millones. En conjunto, ambas medidas costaron más de S/4.200 millones, a precios de 2026. Adicionalmente, las devoluciones del ISC al diésel para transportistas representaron un costo anual promedio de S/62 millones entre 2021 y 2025, 51% más que en el periodo 2011-2016.
Además del costo, los subsidios generalizados presentan limitaciones en su efectividad. En el caso del GLP envasado, su cadena de comercialización consta de varios operadores
por lo que el traspaso del subsidio cargado al FEPC en beneficio del consumidor solo fue de un 30% en el periodo 2013-2023, según un estudio publicado en el BCR. Asimismo, los beneficios suelen concentrarse en los hogares de mayores ingresos que son los que consumen más energía.
Focalización
Frente a esto, los programas del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), orientados a la masificación del gas natural, representan una alternativa. El programa Bonogas, que promueve la instalación del gas natural, permitió el acceso a más de 1,7 millones de hogares desde 2016, de los cuales 93% eran vulnerables. Sin embargo, la reducción de su presupuesto limita su alcance: entre 2024 y 2025, tras sufrir una reducción presupuestal de 36%, las nuevas conexiones cayeron de 241 mil a 94 mil.
Asimismo, el programa Ahorro GNV, que financió la conversión de la tercera parte del parque vehicular, redujo las conversiones de cerca de 30 mil en 2024 a 22 mil en 2025, ante un menor presupuesto (-17%). A estos desafíos se suman retrasos en la publicación de los planes anuales de promoción del FISE, que en 2025 ocurrió recién en agosto, lo que limita la asignación de recursos.
Desde el Ejecutivo han negado problemas en el abastecimiento de combustibles, el gasoducto comenzó a operar normalmente y el paro nacional de transportistas del último jueves no escaló. Así, parece ser que solo resta la incertidumbre vinculada al aumento del costo del barril de petróleo. En ese contexto, las autoridades deben recordar que el último manejo de una situación similar en 2022 tuvo un alto costo fiscal. Por consiguiente, urge priorizar mecanismos mejor focalizados en lugar de comprometer más las finanzas públicas.
