La penúltima vez que el Secretario de Estado de Estado Unidos (EE.UU) visitó nuestro país fue en el 2022. Aquella vez, Antony Blinken visitó Colombia, Chile y Perú, y se reunió con Pedro Castillo. La visita de Marco Rubio la semana pasada encontró al Perú bastante cambiado. Su visita, de hecho, hizo eco antes de que el funcionario pusiera un pie en el Callao.
En un artículo compartido con el Decano, Rubio aseguró que los proyectos chinos que se desarrollan en nuestro país pasan por alto los marcos legales y amenazan la transparencia y seguridad de los datos. El mensaje llegó claro, directo y sin escalas. La reacción del cuerpo diplomático chino no se hizo esperar; rechazaron las opiniones de Rubio y anunciaron una política de exención de visa para peruanos por 30 días.
Estaríamos equivocados si pensáramos que ambos países se pelean por nuestra pequeña economía; hemos sido epicentro del intercambio de manera circunstancial; es Latinoamérica entera la que está en juego en un contexto en el que las guerras han afectado la movilización comercial. Y, aunque pareciera que ya vivimos las consecuencias, el precio del petróleo probablemente continuará subiendo y solo esto desencadena una serie de cambios importantes. Volar será más caro, transportar carga –por mar y tierra– será más caro también, e inevitablemente, eso afectará el precio de los alimentos y otros productos.
El reto para el Perú no es elegir una bandera, sino preservar su capacidad de decisión. Que EE.UU y China compitan por acceder a nuestros mercados, recursos e infraestructura puede ser positivo, sí y sólo si nuestro país mantiene reglas previsibles y claras, una fiscalización tangible y una estrategia propia. La inversión, venga de donde venga, debe cumplir la ley, proteger los datos, respetar la competencia y traducirse en empleo, productividad e infraestructura útil.
Debemos actuar con pragmatismo: diversificar socios, crear y defender estándares, y convertir esta atención geopolítica y circunstancial en desarrollo
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