En su conferencia de prensa del sábado, horas después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas, Donald Trump sorprendió al delinear lo que pretendía para Venezuela. Dijo que Machado era “una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.
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Ese día Trump se centró en los intereses petroleros de Estados Unidos en el país caribeño, y no se refirió a acciones concretas para recuperar la democracia, tampoco mencionó la posibilidad de la convocatoria a elecciones.
Trump señaló que Estados Unidos tomará el control de la administración de Venezuela de manera temporal hasta que se proceda a una transición política definitiva, descartando por el momento el ascenso inmediato de Machado al poder.
El mandatario estadounidense consideró que sería “muy difícil” para Machado presidir la nación, y la describió como una persona “amable” pero que, a su juicio, “no inspira respeto”.
Por el contrario, Trump ha avalado que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de Venezuela. Pero también le hizo una amenaza directa: “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Nicolás Maduro”.
Así, Trump condicionó la permanencia de Rodríguez en el poder a que colabore con las exigencias de Washington, que incluyen el control transitorio de la administración del país y el acceso a los recursos estratégicos como el petróleo.
El lunes, día en el que juró el cargo Rodríguez, Trump descartó la convocatoria a elecciones en Venezuela en el corto plazo.
El factor militar, clave tras la caída de Maduro
Para el analista venezolano Andrés Cañizález, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la decisión de Estados Unidos de trabajar con Delcy Rodríguez responde menos a una apuesta por la democracia y más a un cálculo de estabilidad y bajo costo político.
Cañizález sostiene a El Comercio que el factor militar sigue siendo determinante en Venezuela. “El verdadero poder del chavismo continúa en manos del alto mando castrense”, afirma, subrayando que ese estamento no se fracturó ni tras las elecciones del 2024 ni tras la captura de Maduro. Esa cohesión, añade, es clave para entender por qué una transición encabezada por María Corina Machado nunca fue viable sin una ruptura militar o una intervención directa de Estados Unidos.
“El alto mando militar no quiere a María Corina Machado”, señala el analista. En ese contexto, una transición liderada por la oposición solo habría sido posible —según Cañizález— si Washington optaba por una invasión o por forzar una ruptura interna de las Fuerzas Armadas, escenarios que la Casa Blanca decidió evitar.
Estados Unidos, explica, busca ejercer un tutelaje político sobre Venezuela, pero sin involucrarse en un conflicto armado que eleve los costos estratégicos. “Hay una resistencia muy fuerte dentro del estamento militar que hoy pesa más que la legitimidad política de la oposición”, remarca.
A ello se suma una oposición debilitada internamente. Gran parte del equipo político que acompañó a Machado y a Edmundo González Urrutia se encuentra fuera del país, forzado al exilio. Dentro de Venezuela, sostiene Cañizález, queda una oposición con menor capacidad de movilización, reconocimiento y condiciones reales para conducir una transición inmediata.
Aunque el liderazgo opositor sigue siendo legítimo a los ojos de la ciudadanía, no ha logrado —hasta ahora— quebrar la voluntad del aparato militar. “Estados Unidos evitó meterse en un escenario que podía derivar en enfrentamientos armados”, remarca.
Por su parte, la analista Carmen Beatriz Fernández, CEO de DataestrategIA y profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, sostiene que la preferencia de Estados Unidos por Rodríguez responde a un modelo de transición controlada desde dentro del propio régimen, y no a una ruptura total encabezada por la oposición.
Fernández explica que, en los procesos de cambio político, suelen existir dos esquemas. El primero es el de “borrón y cuenta nueva”, en el que un régimen colapsa por completo y es reemplazado por uno nuevo. El segundo —al que, según la analista, está apostando Washington— es un cambio gradual, en el que una figura del mismo sistema impulsa reformas internas para desmontarlo progresivamente.
Ese segundo modelo, afirma, tiene precedentes claros. “Es el caso de la transición española o, más recientemente, lo ocurrido en Bolivia, donde quien desmonta el sistema construido por Evo Morales no es un opositor, sino Luis Arce”, explica.
En el caso venezolano, Fernández considera que Trump y el Departamento de Estado han optado por este esquema de transición tutelada, en el que Rodríguez es vista como el “puente” hacia una eventual reconfiguración del poder. “¿Lo logrará o no? Eso está por verse, pero esa es la apuesta que hoy hacen los Estados Unidos”, señala.
La analista apunta además a un factor que Trump dejó entrever en su alocución del 3 de enero: la existencia de factores de poder que no ven con buenos ojos a María Corina Machado. No se trata —aclara Fernández— de un problema de respaldo popular. Por el contrario, la líder opositora mantiene niveles de popularidad excepcionalmente altos y un consenso poco habitual en la política venezolana, indica.
El obstáculo, explica, está en otros actores clave, particularmente el factor militar, que no reconoce en Machado la figura capaz de conducir el cambio de régimen. Esa resistencia habría pesado más que la legitimidad democrática de la oposición a la hora de definir la estrategia estadounidense.
“Trump y el Departamento de Estado están dándole la oportunidad a figuras del propio régimen para que sean ellas las que conduzcan el puente hacia la transición”, subraya.
Fernández aporta además un elemento judicial que, a su juicio, ayuda a entender el diseño de esta estrategia. En el expediente que se tramita en un tribunal de Nueva York —donde se juzga a Cilia Flores y a Nicolás Maduro— figuran seis nombres vinculados al núcleo duro del poder chavista y a estructuras criminales como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
Lo revelador, sostiene la analista, no es solo quiénes aparecen en ese expediente, sino quiénes no están. Entre los ausentes figuran Delcy y Jorge Rodríguez, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. “Son precisamente esas figuras las que el Departamento de Estado está invitando a convertirse en piezas clave de una transición tutelada”, concluye.
Rodríguez, recuperación de libertades en Venezuela y elecciones
Cañizález considera que Delcy Rodríguez aparece como una figura “potable” para un escenario de transición controlada, principalmente porque no figura —junto a su hermano Jorge Rodríguez— en los informes internacionales como responsable directa de violaciones a los derechos humanos.
A diferencia de otros líderes del chavismo —como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o el propio Maduro—, Rodríguez no está señalada por la Corte Penal Internacional, e investiga posibles delitos de lesa humanidad. “No es que sean figuras angelicales, pero ese dato pesa mucho en el contexto actual”, aclara.
Para el analista, Estados Unidos no prioriza hoy la democracia, sino la estabilidad y la contención de la crisis venezolana. En ese marco, Rodríguez garantiza continuidad institucional y gobernabilidad, además de ser una figura con experiencia dentro del Ejecutivo.
Uno de los factores clave que habría inclinado la balanza a su favor es su gestión en el sector energético. Como vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, logró una recuperación parcial de la producción petrolera, la mejor en la última década, lo que le habría ganado respaldo en Washington y entre empresas estadounidenses interesadas en volver a invertir en Venezuela.
Sin embargo, Cañizález es cauto respecto a una apertura democrática real. Reconoce que Rodríguez enfrenta desafíos inmediatos, como la situación de más de 1.000 presos políticos, la eventual liberación de detenidos y la posibilidad de que María Corina Machado regrese al país. “No está claro qué decisiones va a tomar en el plano político”, advierte.
Lo que sí ve con mayor claridad es que Rodríguez encabezará un gobierno que priorizará la estabilidad económica, la relación con el sector privado y la llegada de capital extranjero, especialmente estadounidense. Bajo la figura legal adoptada por el Tribunal Supremo —que no declaró la ausencia absoluta de Maduro—, su mandato se renovaría cada 90 días, sin un límite claro, lo que introduce una ambigüedad sobre la duración real de su poder.
En una lectura poco optimista, pero pragmática, Cañizález plantea un escenario posible: si Delcy Rodríguez logra un gobierno “medianamente decente”, concede algunas libertades, reduce la presión represiva y facilita la inversión petrolera, Estados Unidos podría optar por sostener esa estabilidad antes que impulsar elecciones libres inmediatas.
“Si se celebraran elecciones realmente libres y supervisadas, el chavismo no ganaría”, concluye. Pero la pregunta clave, según el analista, es si Washington estará dispuesto a asumir el costo político de forzar ese escenario o si preferirá una estabilidad funcional sin una transición democrática plena.
