Los cuestionamientos se incrementaron aun más cuando Jáuregui reveló en un podcast que niñas de entre 10 y 13 años víctimas de violación son llevadas al albergue para seguir con la gestación y dar a luz. Estas declaraciones ocasionaron que varios colectivos califiquen este proceder como algo “peligroso” y soliciten la intervención del Ministerio Público a fin de que inicien una investigación.
Manifestaron que existe una utilización del dolor de las víctimas con fines mediáticos y políticos por parte de la congresista, quien busca reelegirse al senado con el número 2 por el partido Renovación Popular.
Cabe mencionar que este Centro de Acogida Residencial (CAR), de acuerdo con Jáuregui, es reconocido y fiscalizado por el mismo Estado.
Inicio de la polémica
En las imágenes difundidas el año pasado, en la página de Facebook del refugio, se observa a las niñas, todas víctimas de violación, vestidas con lo que sería un tipo de uniforme (pantalón beige y polo gris), formando una fila delante de un escenario junto a la congresista Milagros Jáuregui.
Algunas de las menores cubren sus rostros mientras las exponen ante el público con el presunto objetivo de respaldar un discurso vinculado a lo religioso y que iría en contra de los derechos de las niñas.
En tanto, otras menores sostienen en brazos a sus hijos nacidos tras negárseles el aborto terapéutico, Vale decir que, según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), este acto es equiparado con uno de “tortura”.
Los registros fotográficos también muestran que, en agosto del 2025, el referido albergue recibió la visita de la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza.
La polémica aumentó aun más y las críticas elevaron su calibre luego de que la parlamentaria afirmara que en estos casos “la única víctima es el bebe”, excluyendo así a las madres aun menores de edad que resultaron agraviadas por el delito de violación.
El rechazo de colectivos
A través de un comunicado, las organizaciones Amnistía Internacional, Flora Tristán, Demus, Manuela Ramos, PromSex y la CNDDHH, la afirmación de Jáuregui de que la “única víctima” en un caso de violación con embarazo es el feto, es una postura que niega la dignidad de la niña y desconoce su calidad de víctima.
Según señalaron, este discurso no solo es revictimizante, sino que agrava el sentimiento de culpa y desprotección en menores que ya han sufrido una violencia extrema, ignorando además los riesgos físicos y mentales que implica un embarazo infantil.
“La propuesta de Jáuregui desconoce a las verdaderas víctimas: las niñas, quienes han sufrido violencia sexual y son titulares plenas de derechos fundamentales. Al hacerlo, se las excluye de la protección del Estado y la sociedad, justificando la maternidad forzada”, resaltaron.
La denuncia de las organizaciones subraya que la legisladora, desde su posición como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso, pretende ignorar que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924.
Recordaron que el artículo 119 del Código Penal ampara este procedimiento cuando la salud física o mental de la gestante está en riesgo, una condición que la evidencia científica y médica asocia invariablemente a las violaciones de menores de edad.
Por su parte, la institución Flora Tristán condenó el proceder de la parlamentaria, calificándola de indolente, y expresó que exponer de esa manera a las niñas no es sino una “abominable violación de sus derechos”.
“Rechazamos la utilización del dolor de estas víctimas como parte de su campaña mediática, a fin de desconocer delitos como el de violación sexual a menores de edad, pretendiendo ubicarlo como designio de la vida. Demandamos la investigación y sanción a esta conducta cómplice de los victimarios de menores”, expresó en un comunicado publicado en X.
En tanto, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que se ha evidenciado “conductas de violencia física, psicológica, económica, espiritual y sexual a menores en un entorno de fe”, por lo que solicitará al MIMP una respuesta inmediata.
La defensa de la congresista
Jáuregui participó la semana pasada en un podcast transmitido por ILAD Media y relató que hace una década fundó dicha casa de refugio a la que llegan niñas de entre 10 y 13 años que sufrieron de abuso sexual.
Detalló que en el refugio las sobrevivientes pasan su dolor “con un grupo de personas que ama, aconseja y consuela” para “tener la oportunidad de volver a cantar, reír, jugar y soñar”. “Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer porque, lejos de ser el recuerdo del dolor, va a ser un sello de esperanza”, sostuvo la parlamentaria.
Añadió que no pueden ver al niño “como una maldición”, aun cuando ese embarazo sea consecuencia directa de una agresión sexual. De acuerdo con lo dicho por la propia parlamentaria, algunas menores llegan hasta este lugar derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como por juzgados de familia.
“El Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente, porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebe. El es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, señaló.
Luego de las críticas, la legisladora publicó un comunicado donde rechaza los cuestionamientos contra el albergue y asegura que se ha difundido información errónea acerca de su funcionamiento. Manifestó que el refugio atiende a adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebes, en extrema pobreza, y que su labor no reemplaza al Estado, sino que realiza un apoyo complementario.
Aseveró que el lugar cumple un rol social sin invadir competencias públicas. “Son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna”, señaló.
En tanto, Jáuregui sostuvo que más de una ministra de la Mujer acudió al CAR para “constatar la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios integrales que allí se brindan”. Agregó de que se trata de un albergue “modelo”. “Ha sido visitado en diversas oportunidades por ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes han podido constatar directamente la calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia de los servicios”, sostuvo.
MIMP se pronuncia
A través de una publicación en sus redes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre las contrataciones que lleva a cabo para tercerizar el apoyo de albergues y refugios para personas vulnerables. Indicó que “todos los procesos de contratación se realizan conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y normativa conexa“.
Agregó que las ordenes de servicio son prestaciones de carácter temporal y se tramitan siguiendo los procedimientos establecidos.
“La afiliación política no constituye un criterio de evaluación ni un impedimento legal para la prestación de servicios en el Estado. La gestión del MIMP es técnica, profesional y absolutamente ajena a cualquier forma de proselitismo político”, manifestó.
Por otro lado, el partido político Renovación Popular también se pronunció sobre lo sucedido. Subrayó que es un partido que defiende la vida, la familia y la dignidad inherente de todo ser humano, sobre todo de los más vulnerables. En ese sentido precisó que no comparte ni avala lo ocurrido en “un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue“.
Destacó que lo acontecido no representa los valores ni la línea del partido. “La protección de la niñez implica respeto, cuidado y responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública», señaló.
Asimismo, Renovación Popular sostuvo que lamenta profundamente el daño ocasionado y pidió las disculpas correspondientes pese a aclarar que el evento ni lo que allí sucedió fue promovido ni autorizado la agrupación.
