El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima ordenó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que entregue al partido político Fuerza Popular las listas de los electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2021.
Se trata de la Resolución número 18, referida al proceso de habeas data iniciado por la agrupación liderada por Keiko Fujimori. El documento dispone suprimir la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadanos.
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Al respecto, la ONPE informó en un comunicado que entregará la información de manera física y digital. Lo dispuesto implica que, antes de entregar las listas, deberá adoptar un nivel de protección de los datos personales sensibles mediante el procedimiento de anonimización (tacha o supresión) previsto por la Ley de Protección de Datos Personales.
Detalló que la lista de electores es el documento que, el día de la votación, se encuentra en la mesa de sufragio a cargo de los respectivos miembros de mesa y contiene información de los ciudadanos que deben votar en ella (nombres y apellidos completos, número de DNI), así como su fotografía.
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Cada votante, luego de emitir su voto, coloca su firma y su huella digital en esa lista de electores. Por tratarse de material electoral, la ONPE enfatizó que tiene la responsabilidad de almacenar y custodiar, durante y después de un proceso, las listas de electores.
“Como estas incluyen datos sensibles, se ha señalado que hacer público su conocimiento infringiría la Ley de Protección de Datos Personales. Por esta razón, la institución ha expresado, desde el inicio del proceso, tanto su disposición a entregar lo solicitado como la necesidad de proteger los datos sensibles involucrados”, acotó.
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Explicó que la solicitud de Fuerza Popular abarca listas electorales de mesas de sufragio donde emitieron su voto un total de 18 millones 856 mil 802 ciudadanos. No obstante, remarcó que la entrega en formato digital se realizará “en el más breve plazo”.
“En el caso de la información en físico, las listas ocuparían alrededor de dos millones y medio de páginas, y cada una de ellas tendría que ser certificada, de acuerdo a lo solicitado por la organización política”, subrayó.
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“La última resolución judicial reconoce el costo de la emisión de las copias certificadas (S/ 17 millones 532 mil 630) y señala que debe ser cubierto por la parte demandante”, sentenció.
