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En su demanda, Espinoza argumentó que durante el procedimiento parlamentario se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Además, sostuvo que nunca participó en la elaboración ni aprobación del reglamento fiscal que originó la denuncia constitucional.
La resolución judicial también recoge que la audiencia de descargos realizada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue declarada reservada y que posteriormente no se entregó copia de la grabación ni de la transcripción solicitada por la defensa.
Asimismo, el documento señala que la Comisión Permanente aprobó únicamente la acusación contra Delia Espinoza, mientras que los otros fiscales supremos involucrados en la denuncia fueron excluidos del proceso sancionador, situación que la defensa calificó como un trato discriminatorio y selectivo.
Otro de los cuestionamientos considerados en el proceso fue la participación del entonces presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien además era autor de la denuncia constitucional y dirigió parte de las votaciones en el Pleno.
Con esta decisión, el Poder Judicial deja sin efecto la sanción política impuesta por el Parlamento.
