El Poder Judicial condenó a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, suspendida bajo reglas de conducta, al presidente del partido Acción Popular (AP), Julio Chávez, por el delito de omisión de denuncia.
El Poder Judicial condenó a dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, suspendida bajo reglas de conducta, al presidente del partido Acción Popular (AP), Julio Chávez, por el delito de omisión de denuncia.
La sentencia se dictó contra Chávez Chiong, en su condición de exalcalde de la Municipalidad de San Martín de Porres, por no denunciar un presunto caso de tráfico de influencias.
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Según la investigación a cargo del fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz Olivares, el exalcalde tuvo conocimiento de que el servidor municipal Plácido Ayala exigió indebidamente al dueño de la empresa Flores Hermanos el pago de U$S70 mil a cambio de gestionar la reapertura del terminal terrestre.
El empresario le puso en conocimiento este ilegal ofrecimiento al actual presidente de AP y hasta le hizo escuchar un audio que grabó sobre la conducta ilícita.
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Sin embargo, Julio Chávez omitió deliberadamente denunciar el hecho delictivo, incumpliendo así, de forma consciente, su deber legal respecto al delito de tráfico de influencias de un funcionario bajo su cargo.
El representante del Ministerio Público probó que el exalcalde no realizó un acta ni elaboró informe alguno ni solicitó formalmente la evidencia.
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En suma, no activó los mecanismos institucionales obligatorios, pese a que su cargo y la normativa municipal (LOM, ROF y MOF) le imponían el deber funcional de denunciar y cautelar los intereses de la entidad edil.
Como parte de la sentencia condenatoria, Julio Chávez también fue inhabilitado para el cargo público por el plazo de dos años y deberá pagar S/2.000 al Estado por concepto de reparación civil.
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Por este caso, el despacho del fiscal Jorge Mauro García Juárez consiguió el año pasado que Plácido Ayala fuera condenado a tres años 10 meses de pena efectiva (convertidas a 200 jornadas de trabajo) por el delito de tráfico de influencias simulado.
El sentenciado también fue inhabilitado del ejercicio del cargo público por el plazo de ocho años y 20 días, y deberá pagar al Estado una reparación civil de S/ 4500 y el equivalente a 364 días multa.
