El Poder Judicial condenó a dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida a un conductor que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado contra el transporte informal en el distrito limeño de San Borja.
El Poder Judicial condenó a dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida a un conductor que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado contra el transporte informal en el distrito limeño de San Borja.
El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo en la vía expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura, cuando personal de la ATU intervino un vehículo que prestaba servicio de transporte colectivo de manera informal.
Según informó la entidad, el conductor reaccionó violentamente durante la fiscalización y agredió a uno de los inspectores que participaba en el operativo.
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La intervención de un agente de la Policía Nacional permitió reducir al conductor y trasladarlo a la comisaría de San Borja para las diligencias correspondientes. Posteriormente, el caso fue judicializado bajo la modalidad de flagrancia por el delito de violencia contra la autoridad.
Durante la audiencia realizada el 29 de mayo, el acusado se acogió a la terminación anticipada y admitió los cargos formulados por el Ministerio Público. Como resultado, el Poder Judicial le impuso una condena suspendida y ordenó el pago de una reparación civil tanto a favor de la ATU como del fiscalizador agredido.
La ATU destacó que la sentencia constituye un precedente frente a las agresiones que enfrentan los fiscalizadores durante las intervenciones contra el transporte informal y reiteró que continuará realizando operativos en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones.
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No es la primera vez que una agresión contra personal de fiscalización termina en una sanción judicial.
En los últimos años, la ATU ha impulsado denuncias penales contra conductores involucrados en ataques a inspectores durante operativos de control. En 2025, por ejemplo, el Poder Judicial condenó a más de seis años de prisión efectiva a un conductor que atropelló a un fiscalizador cuando intentaba evadir una intervención en San Juan de Lurigancho.
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