A través de un oficio, la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó su decisión de dejar de brindar el servicio de seguridad y protección que se le venía brindando a Delia Espinoza, tras ser suspendida del cargo de fiscal de la Nación por un período de seis meses.
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La decisión fue formalizada mediante el Oficio N°771-2025, suscrito por el comandante PNP Marco Romero Camarena. Allí, se precisa que la medida se adopta en virtud de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –que la suspende también en el cargo de fiscal suprema–, así como el marco legal que regula la asignación de seguridad para los funcionarios.
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“Se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección que este Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado venía brindándole”, se le señala en el documento cursado este sábado.
La JNJ impuso una medida cautelar contra Espinoza, como parte de un proceso disciplinario por no haber acatado su decisión de anular la destitución de la fiscal suprema Patricia Benavides. También se le imputa haber “instigado” al personal para evitar que esta última llegue al cargo.
Pedido
Un día antes, el viernes, Espinoza había cursado un oficio al Ministro del Interior, Carlos Malaver, donde le pide que mantenga su equipo de seguridad argumentando que en el desarrollo de sus funciones ha tenido a su cargo investigaciones “sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad”.
“A fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga al equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio”, señaló la suspendida fiscal.
En un comunicado emitido por la tarde de este sábado 20 de setiembre, la PNP confirmó que, al ser suspendida, Espinoza “ha dejado de contar con la seguridad que le era asignada”.
Y que el pedido cursado el viernes por la noche por Espinoza “viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley”. La PNP aseguró que cada decisión que adopta se fundamenta en criterios técnicos.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, sostuvo que la decisión tomada por la JNJ debe ser respetada.
“Respetamos, como siempre lo hemos dicho, las decisiones que los organismos constitucionalmente autónomos se pronuncien. La decisión de la Junta Nacional de Justicia es una decisión que la debemos respetar”, expresó en una actividad.
